Alertan campaña mediática para deslegitimar demandas de pueblos indígenas en Argentina

Tras nuevo asesinato de un joven comunero por la Policía chilena en el marco de demandas territoriales del pueblo mapuche en el sur de ese país, se agudizó la tensión y la situación se extendió también a los medios de comunicación de Argentina que buscan generar un clima similar hacia las demandas de las comunidades de este lado de la cordillera.

En diálogo con La Flecha, el werken (vocero) de la Confederación Mapuche Neuquina, Fidel Colipán, señaló que hay una campaña desde algunos medios para avivar “fantasmas” en la sociedad y quebrar el apoyo a sus reclamos. Alertó sobre un escenario más represivo.

La muerte de Jaime Mendoza Collío (24) en la región de Angol se dio en el contexto de la movilización de la Alianza Territorial Mapuche, un conglomerado de comunidades que reclaman tierras ocupadas por empresas forestales trasnacionales y latifundios de la región. Mientras los medios de la derecha chilena quieren vincular las demandas mapuche con las FARC de Colombia y la ETA del País Vasco, en Argentina la prensa más conservadora ‘advierte’ que los reclamos indígenas se estarían radicalizando.

Fidel Colipán apuntó como responsables de esta operación a los “sectores privados que han rifado y que han comprado por dos pesos el territorio mapuche en este caso”. Señaló en particular al gobierno de Neuquén. Y agregó que, mientras la provincia no avanzó en el relevamiento territorial previsto en la ley 26.160, desde la aprobación de esta norma en el 2006 han sido procesados 120 comuneros y se abrieron 20 causas por desalojo.

Sobre la falta de independencia del poder judicial ejemplificó: “Si un juez tiene que levantarse un domingo a las 3 de la mañana para hacer un dictamen para desalojo, lo hace. Si los plazos para apelar son 10 días, para el pueblo mapuche son 2”.

Fidel, ¿cuál es su opinión sobre las últimas coberturas del tema indígena en algunos medios de prensa de la Argentina?

Muy buenas tardes, mari mari a los peñi, seguramente que más de uno está escuchando, alguna autoridad mapuche, a lonko, werken, kom pu che. Es muy preocupante todo lo que empezaron a armar desde el poder en contra de la legitimidad que tiene aquí en Argentina el derecho de los pueblos indígenas y en este caso el pueblo mapuche.

El poder antes se basaba en que no había avance de reconocimiento en lo jurídico, en lo político, sin embargo hoy creo que estamos en una inmejorable condición en este aspecto, aunque en los hechos prácticamente no pasó nada por decir, esto debido a tantos intereses. El poder político hoy está más que evidente subordinado al poder económico y por lo tanto no nos sorprende para nada. El diario La Nación históricamente ha sido la voz de la derecha aquí en Argentina.

Tampoco nos extrañamos de que El Mercurio en Chile coordine toda la intencionalidad de generar este fantasma en la sociedad, donde intentan deslegitimar la lucha del pueblo mapuche, tan legítima, tanto allí en Chile como aquí en Argentina, en esta división que ha hecho la imposición.

Hoy tenemos que estar viviendo en un Estado que, por lo menos acá en Argentina, reconoce la preexistencia de pueblos indígenas desde el 94’ cuando se reformó la Constitución Nacional. Eso es nada más y nada menos que reconocer que los pueblos indígenas estamos antes que la creación del Estado. Entonces nadie se debería asustar cuando hablamos de un derecho distinto, de un derecho diferente, de un territorio, de un idioma y de una organización propia.

Hay una intencionalidad de llevar las demandas mapuche al plano de lo judicial, al plano de lo policial, donde los luchadores mapuches pasan a ser como simples delincuentes.

Sin querer contradecirte, creo que no es simplemente como delincuente, me parece que acá hay una intención mucho más preocupante que tiene que ver con que el poder empieza a crear este fanstama para crear miedo a la sociedad. Sobre todo son los sectores privados, que son los que han rifado y que han comprados por dos pesos el territorio del pueblo mapuche en este caso.

Por ejemplo, hace dos décadas cuando empezó la lucha en Pulmarí, también se hablaba de una supuesta articulación con el grupo zapatista [Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de Chiapas, México], ahora no sé qué grupo será. Pero tiene que ver con esta manipulación que intentan en el mismo poder. El gobernador Sapag trata de generar argumentos para poder judicializar todos los reclamos y todas las movilizaciones sociales pero en este caso el pueblo mapuche.

Con esta idea de crecer el cuco, el miedo, intentan habilitarse para la represión. Tan es así que para el día de mañana [viernes 21/08/2009] muy temprano está previsto un desalojo en la comunidad Paichil Antriao producto de la intervención política y no dejar terminar un proceso judicial. Esto es lo más grave que puede haber y estamos denunciando.

(Ver nota sobre desalojo de la Comunidad Mapuce Currumil del Dpto. Aluminé, el pasado martes 25)

Aquí los sectores que cortan rutas y toman tierras en función del despojo que ha hecho el sistema se califican como delincuentes. Nadie habla del gobierno pero el gobierno ha obstaculizado un proceso judicial y eso es muy grave, ante la ansiedad de ir a defender los intereses de sus amigos, eso es lo que queda claro.

Con respecto a la comunidad Paichil Antriao, hay una amenaza de desalojo , están nuevamente en una situación inestable. A pesar de que en el 2007 el INAI había reconocido esta comunidad y le había otorgado personería jurídica.

Claro, es el producto de toda la desprolijidad que ha hecho la Dirección de Tierras de la Provincia, también en complicidad en estos últimos tiempos en el INAI. Porque en realidad el año pasado y en plena vigencia de la ley 26.160, que la Provincia tenía que haber adoptado para empezar a armar equipos técnicos que determinan la posesión tradicional de las comunidades, todo lo contrario empezó. Mirá: hay 20 causas por desalojo desde que se lanzó la ley y hay alrededor de 120 mapuches, autoridades entre ellas, procesados.

Esa es la respuesta que hace el gobierno de Sapag a un marco tan importante como la ley 26.160, que tiende a, primero, evitar los desalojos y, segundo, crear un equipo, un programa, que tiene que ver cómo se hace el relevamiento territorial para poder determinar el uso ancestral.

Parece ser la tendencia judicializar estos procesos, pasa en Neuquén mayoritariamente en los lugares donde están la mayor concentración de capitales económicos, turísticos, ganaderos; los poderosos que en definitiva están dentro de los gobiernos.

Pero por supuesto, fijate el año pasado el conflicto que tuvo la comunidad Maliqueo [de Villa Pehuenia], tuvimos un par de reuniones con el ministro [Jorge] Tobares y otros ministros más en la Mesa de Diálogo; todavía estamos esperando un listado de un relevamiento que iba a hacer la provincia en función de los casos de Villa Pehuenia.

Por otro lado se quiere hacer creer a la sociedad, a todo el mundo, que hay una Justicia independiente. Acá nosotros como experiencia tenemos: por ejemplo, si un domingo tiene que levantarse un juez a las 2 o 3 de la mañana para hacer un dictamen para desalojo, lo hacen. Si los plazos para apelar son 10 días, para el pueblo mapuche son 2.

Es una situación muy preocupante todo el manejo que está haciendo el poder económico con los distintos institucionalidades del Estado, como el ejecutivo, el legislativo y también la justicia. Entonces me parece que cada vez se van ajustando más a la necesidad de la represión, a la necesidad de parar a los pobres, a los que tienen necesidades, creo que cada vez se va tirando más la cuerda en ese sentido.

Sobre todo cuando Sapag sale a apuntar a todos los representantes de las instituciones del Estado para pedirles colaboración en función de instalar un marco de represión y de sostenimiento ante la arremetida que van a hacer los grupos sociales, sin vivienda, los mapuche, los trabajadores, los desocupados. Me parece tremendo lo que Sapag está haciendo acá en la provincia de Neuquén, cuando la política debiera ser otra, así como él anunció en su campaña. Hoy su política cambia por palos, por tiros y por toda una policía asesina en Neuquén que ya no debieran salir a la calle.

Un punto que no hay que olvidar es que Argentina legisló hace poco la ley antiterrorista, una ley que aplica el gobierno de Michelle Bachelet hacia el movimiento social mapuche y no sería nada raro que se empezara a aplicar acá, ¿no?

Claro, los amigos del poder más vale que van a presionar a su amigote, que está de gobernador, para que empiece a activar todas estas medidas que tienden a garantizar su curro, su negocio, todo lo que tiene que ver con la corrupción de la gestión que ha hecho la Dirección de Tierras en la provincia de Neuquén.

La Flecha