La Presidenta Michelle Bachelet afirmó que Chile necesita una “nueva agenda de Género” basada en los derechos, igualdad y autonomía de las mujeres impulsada desde una institucionalidad “renovada y de mayor rango”. En su programa de gobierno se comprometió a tener una agenda de género transversal que sería considerada en la Reforma Educacional; del sistema electoral; políticas laborales; y la nueva Constitución Política.
En el marco del discurso del 21 de mayo, la Mandataria anunció el combate a la violencia contra las mujeres en todas sus formas y sostuvo que se preocuparía en forma especial del femicidio; la violencia intrafamiliar; y el riesgo que sufren las mujeres por la práctica de los abortos clandestinos.
Sobre este punto en particular, agregó que Chile debe hacerse cargo de esta realidad y comprometió el envío de un proyecto de ley, durante el primer semestre de 2014, para reponer la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto.
Si se observan las cifras a nivel de América Latina, relacionada con la composición en los Parlamentos, las mujeres tienen una representación por sobre el 20 por ciento. En Chile, el acceso de las mujeres al Parlamento alcanza un 15,8 por ciento en la Cámara y un 18,0 por ciento en el Senado.
La vocera de la Coordinadora Feminista en Lucha, e integrante de la Marcha Mundial de Mujeres, Angie Mendoza, expresó que hasta ahora, la Presidenta Michelle Bachelet, no ha dado respuesta a sus promesas y la única iniciativa “estrella” ha sido la creación del ministerio de la Mujer, sin embargo las principales líneas de acción y su construcción, aún son un misterio para la ciudadanía.
“Y eso efectivamente sigue siendo una política que nos sabemos cuándo va a salir, ni cuál es la construcción que se hizo para ese ministerio. A nosotras como organización no nos han llamado para hacer parte de ningún tipo de comisión para abordar las temáticas que va a tener este nuevo ministerio”.
Angie Mendoza precisó que la gran deuda del gobierno de Michelle Bachelet, en torno al debate de políticas públicas en materia de Género, es haber dejado fuera a organizaciones feministas, que a su juicio, no han sido cooptadas por la Nueva Mayoría.
La militante de Alzada Acción Feminista Libertaria, Gemma Ortega destacó que los anuncios del Ejecutivo apuntan a las demandas históricas del mundo feminista y más que entrar en una lógica de la nueva institucionalidad, el Gobierno debería respetar sus propias promesas.
“Más que generar una nueva institucionalidad, nos gustaría que se respetaran las acciones y políticas públicas que se han anunciado. Por ejemplo, vemos que el sistema nacional de cuidado que se anunció en la campaña no se ha puesto en práctica y está más bien orientado al sistema de cuidado hacia los niños, y no así, a un cuidado en sentido integral. Otra cosa que nosotras vemos que no se ha cumplido es el aumento de las casas de acogida o de una política que defienda efectivamente a las mujeres”, detalló Gema Ortega.
A las militantes de Alzada, también les preocupa las medidas anunciadas en el contexto de la Reforma Educacional, vinculadas con los lineamientos educativos y una educación no sexista, las que hasta ahora, no tendría ningún tipo de definiciones.
La presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Carrera, recordó que el ministerio de la Mujer es una demanda del movimiento feminista desde el inicio de los gobiernos pos dictatoriales.
Carolina Herrera señaló que Chile tiene los mayores índices de desigualdad de Género, comparados con el resto de la región.
En relación a los femicidios llamados “íntimos”, éstos alcanzan a la fecha, una cifra cercana a las 55 mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas, sin tener datos precisos de los que se dan en el marco de la violencia de Género.
“No todo empieza y termina en una institucionalidad, hay otros problemas que se resuelven por otras vías, que hoy día no están ocurriendo. Seguimos con altas tasas de femicidio, no tenemos una ley en contra de la violencia de Género, seguimos con la Ley de violencia intrafamiliar. No tenemos mediciones que nos permitan mirar y conocer el problema de la violencia que están sufriendo nuestras mujeres, conocemos solo el final de ellas que es el femicidio. Seguimos con una legislación altamente punitiva en materia de aborto”, señaló la dirigenta.
De acuerdo a las cifras que ha entregado la Defensoría Penal Pública, más de 300 mujeres han sido imputadas por el delito de aborto. A partir del análisis de estas cifras, las organizaciones feministas plantearon que las campañas para fechas conmemorativas no sirven y lo que corresponde es realizar una campaña informada y permanente.
Según la reflexión de la Cepal, las reformas institucionales y jurídicas con un enfoque de Género, deben convivir con políticas económicas neutras, donde las mujeres en general, tienen empleos precarios, mal remunerados y solo obtienen beneficios a través de bonos, transferencias o programas de promoción a la pequeña empresa.
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