Miembros de la CONFECH repudian actuar de Carabineros por detención de estudiantes

Integrantes de la CONFECH, alumnos de la UMCE y una abogada de la Defensoría Popular se reunieron en la sede de la Fech para expresar sus posturas y declaraciones ante el hecho ocurrido el 10 de diciembre en el ex pedagógico, a partir de la infiltración de un carabinero que luego derivó en la detención y formalización de 9 estudiantes. Todo esto enmarcado en antecendentes que demuestran la normalidad con la que la policía entra a las universidades y actúa inmumente en contra de los estudiantes, quienes hoy por hoy han sido estigmatizados por sus luchas y protestas.

Cabe señalar que durante esa jornada se realizaba una manifestación en el campus Macul de la UMCE, allí los estudiantes se percataron de que había un carabinero infiltrado -identificado como Camilo Ramírez Eyzaguirre- tomando fotografías con su celular. Ante la bataola que esto generó, Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron al recinto universitario y tras una situación que los estudiantes calificaron de violenta, 9 de ellos terminaron detenidos en la 33 Comisaria de Ñuñoa sin conocer los cargos que se les imputaban, y que luego derivó en la formalización de los alumnos bajo la figura de “robo con violencia, maltrato a carabinero en servicio y secuestro”, razón por la cual los estudiantes –cinco hombres y cuatro mujeres- deberán firmar semanalmente.

Ante esta situación, Valentina Saavedra, presidenta de la Fech manifestó su apoyo a los estudiantes de la UMCE y se refirió a los hechos situándolos en un contexto donde los estudiantes manifiestan demandas justas y a la vez son tratados como enemigos internos. Ante la situación generada por el actuar de funcionarios del Estado, en este caso carabineros, Saavedra señaló que “el gobierno lleva a cabo medidas a espaldas del movimiento estudiantil y además responde de manera violenta”. Además señaló que este hecho «no se trata solo de carabineros, sino de cómo se trata al movimiento social” y por lo tanto el gobierno «debe tomar cartas en el asunto». Recalcó que hay una «conducta de cómo se esta tratando a los actores sociales».

En tanto, Daniel Aránguiz, presidente del Centro de Alumnos de la Universidad de Ciencias de la Educación UMCE, se refirió a los antecedentes y los datos de cómo sucedió el hecho que desencadenó la detención y formalización de sus compañeros. Sobre ello, informó que los detenidos fueron siete estudiantes de la UMCE, uno de la UTEM y un trabajador de la cuarta región. Repasó los hechos que se iniciaron con el el carabinero infiltrado que derivó en la llegada de Fuerzas Especiales, quienes realizaron «detenciones arbitrarias dentro y fuera del campus».Además indicó que durante la detención en la comisaría de Ñuñoa, los detenidos «sufrieron de golpes y acosos» y donde no se informaron de sus derechos ni cargos. Situación que también fue detallada por la abogada de la Defensoría Popular María Rivera quien señaló que una de las mujeres “sufrió abuso sexual por parte de carabineros, quienes tocaron sus pechos, piernas, glúteos y otras partes de su cuerpo”. Además Aránguiz denunció que al movimiento de estudiantes «no sólo se le acusa de lanzar bombas molotov, sino también de este montaje que incluye secuestro». Por ello, repudian todo la historia que se ha levantado a partir de los acontecimientos anteriormente relatados y de los cargos que se imputan pues podrían enfrentar hasta «una pena de presidio perpetuo».

Por su parte, María Magdalena Rivera, representante de la Defensoría Popular, manifestó su preocupación por la insistencia del Estado “que persigue a los estudiantes”. Además informó que ellos como defensa, se reunieron ayer con el Fiscal Nacional Subrogante Alberto Ayala y representantes de la Rectoría de la UMCE. Situación durante la cual, el fiscal (s) indicó que el Ministerio Público es un organismo autónomo que declara “velar por la seguridad de la ciudadanía”. Sin embargo, la Defensoría Popular recalca la irreprochable conducta anterior de los estudiantes que aún bajo ese antecedente fueron sometidos a la medida cautelar que los obliga a firmar en la 33 Comisaría. Además insisten en que aun no se conocen las pruebas, pues sólo se basaron en las declaraciones de los mismos carabineros que estaban dentro de la Universidad realizando trabajo de inteligencia o sea se encontraban “infiltrados”. Finalmente, señaló que “el único camino que le queda al Ministerio Público es absolver a los estudiantes” y que entregaran una denuncia por escrito a la Fiscalía Oriente.

En tanto, Marta Matamala, Presidenta de la FEUSACH manifestó su solidaridad con los estudiantes formalizados y señaló que «no es la primera vez que algo así ocurre”. Además hizo un llamado a los rectores de las universidades “a tomar posición” respecto de estas situaciones que generan “una imagen pública que afecta a los estudiantes”. Además señaló que esta estigmatización los ha convertido en los “enemigos internos” tan sólo por protestar y exigir sus derechos. Matamala se refirió a lo común que es el ingreso de Carabineros a las unversidades, dentro y fuera de los campus “como Pedro por su casa”.

Luego, la vocera de la ACES, señaló que «todas las manifestaciones son reprimidas” y ante la responsabilidad de las autoridades ante actos como estos, señaló que “no nos va invadir el miedo como quiere el gobierno”. Finalmente los dirigentes convocados se refirieron a la declaración pública a nombre de la Confech, documento que destaca, el repudio a la “intervención e infiltración de agentes policiales en nuestros centros de estudios (…) además de ser mecanismos aplicados en periodos represivos dictatoriales, actualmente vulneran el derecho libre a la organización y protesta”.La declaración también se refiere a los 9 de los 11 detenidos que son culpados de secuestro robo con violencia y maltrato de obra a carabineros, quienes “arriesgan cadena perpetua por un nuevo montaje del Estado”.Además recuerda los casos de Camilo Díaz y Bryan Seguel. Finalmente la Confech hace un llamado al movimiento estudiantil a “rechazar estas prácticas policiales y colaboración con ellas” pues señalan que son muestras de represión, hostigamiento y montajes que “deslegitiman la lucha por sus demands y convicciones”.

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