Milani ante los tribunales

Vi lo que es el poder: una mirada de tigre que te hace bajar los ojos y te hace sentir miedo y vergüenza.” La frase es dicha por un personaje fantástico del escritor Carlos Fuentes en La voluntad y la fortuna y resulta adecuada para corroborar cómo la democracia, con sus imperfecciones, avances y retrocesos, puede mostrar la cara del poder. El general César Milani fue imputado por el fiscal Carlos Brito por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica de documentos públicos en el secuestro y desaparición del militante Alberto Ledo cuando prestaba servicio militar en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja. Milani logró ascender a coronel, general de brigada y general de división en su meteórica carrera militar sin que en su legajo apareciera el acta de deserción que él había firmado en junio de 1976.

Esa acta pretendía fraguar el verdadero destino de Ledo y finalmente apareció a mediados de 2013 en el juzgado federal número 1 de Tucumán a cargo del juez Daniel Bejas. Pese a haber tomado estado público un documento que comprometía a Milani con la desaparición de un soldado que reportaba en la unidad militar donde él estaba, el Poder Ejecutivo decidió avanzar con el pliego del ya nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército para promover su ascenso al cargo más alto en el escalafón de esa institución: teniente general. El papel con la firma de Milani no sólo estaba en la causa penal por la desaparición de Ledo, también estaba en las oficinas del Ministerio de Defensa.

Hilos secretos de poder y complicidades que difícilmente salgan a luz permitieron que el hombre formado en el área de Inteligencia pasara sin inconveniente los controles. Este hombre nacido en Cosquín logró hacer muy buenos vínculos con figuras claves del Gobierno y se declara peronista aunque su lenguaje, entre sus allegados, está claramente marcado por los años de la llamada doctrina de la seguridad nacional. Al estar en la cúspide del área de Inteligencia, logró que muchos de quienes ambicionaban llegar al más alto cargo del Ejército quedaran en el camino gracias a que las tareas de espionaje tuvieran como blanco a sus posibles adversarios.

Eso sucede en un país que no tiene guerras ni conflictos militares cercanos, pero que tiene definiciones estrictas respecto de que espiar, grabar conversaciones o intervenir teléfonos de ciudadanos residentes al interior de la Argentina sólo pueden hacerlo las agencias de seguridad e inteligencia que no sean de ninguna de las tres fuerzas armadas. Éstas lo tienen terminantemente prohibido. Mucho se dice acerca de que Milani realizaba tareas de espionaje.

El único allanamiento ordenado por un juez en la sede del Edificio Libertador no dio ningún resultado. En efecto, por denuncias realizadas por periodistas y políticos opositores, hace un año, el juez Julián Ercolini ordenó procedimientos para confirmar si allí se realizaba espionaje interno. Desde ya, cualquiera que tenga una pálida noción o vea películas del género parte de la base de que el allanamiento no daría frutos. Sin embargo, muchos son los vínculos entre el general de Inteligencia y algunos de los agentes de la Secretaría de Inteligencia. Uno de ellos es Fernando Pocino, que tras el despido de Francisco Larcher y Antonio Stiles ganó posiciones en el organismo que ahora conducen Oscar Parrilli y Juan Martín Mena. Este último, desde el Ministerio de Justicia tuvo a su cargo el seguimiento de la causa por la voladura de la AMIA, donde los espías locales se destacaron por desviar las pistas de investigación en vez de contribuir al esclarecimiento. Tan oscuro resulta el vínculo entre espías, fiscales y jueces, que en los tribunales es un secreto a voces que Larcher y Stiles jugaron fuerte contra la investigación de la fiscalía especial del caso AMIA, a cargo de Alberto Nisman, que terminó con la acusación a funcionarios iraníes por el atentado. Los espías locales siempre lograron desactivar las pistas de la llamada conexión local. Uno de los precios más caros de estos años en materia de investigación criminal es no haber avanzado en la causa AMIA. La realidad es que Larcher, Stiles, Pocino y muchos otros agentes a quienes la sociedad no conoce, eran piezas claves del poder secreto en la Argentina previo a la llegada del kirchnerismo al poder. Y lo siguieron siendo durante estos años.

Este es el contexto en el que cobran sentido las versiones –múltiples y de fuentes muy diversas– respecto de que Milani ganó espacio por la falta de confianza del Ejecutivo en algunos de esos espías. Bastó que una cámara de TN registrara “de casualidad” (siempre en el espionaje se crean las situaciones que parecen meras coincidencias) a Fernando Pocino en un edificio de viviendas populares de Madres de Plaza de Mayo para que se tejieran rumores sobre la presencia de los servicios de Inteligencia en ese organismo. La determinación de Hebe de Bonafini de acercarse a Milani sirvió para que esas hipótesis se fortalecieran. La entrevista de la propia Hebe a Milani cuando el general estaba acusado por la desaparición de Ledo fue quizás un punto de ruptura, ya que Marcela Brizuela de Ledo fue durante años la referente de Madres en La Rioja. También puede parecer una casualidad que la madre del soldado desaparecido cuyo parte de deserción firmó Milani haya sentido la estocada de ver en Canal 7 a Hebe entrevistando a Milani.

  El 19 de diciembre de 2013, siendo jefe de Estado Mayor del Ejército y conservando la Jefatura de Inteligencia, Milani ascendía a teniente general. Así, un año después, el 23 de diciembre de 2014, el poder de la democracia puso en marcha el estrecho camino para saber si el entonces subteniente que actuaba bajo las órdenes del capitán Esteban Sanguinetti es inocente o culpable.  Al respecto, cabe acotar que el juez Bejas citó a declarar a Sanguinetti en agosto de 2013 y tras la indagatoria le dictó la prisión preventiva y desde entonces está detenido. La causa penal por la desaparición de Ledo se había abierto en 2007 y contaba con el respaldo de la minuciosa investigación titulada El escuadrón perdido, del capitán José Luis D’Andrea Mohr, que detallaba la maniobra urdida para hacer desaparecer al soldado riojano en un vivac del monte tucumano en junio de 1976. Con las evidencias a la vista, el pedido a indagatoria a Sanguinetti era de 2008, pero los hilos secretos del poder permitieron que Sanguinetti fuera llamado a declarar cinco años después. Una vez que lo detuvieron, era evidente que más tarde o más temprano debía producirse el reciente pedido de indagatoria realizado por el fiscal Brito.

El juez Bejas tiene una larga historia de lidiar con las causas por los crímenes cometidos en Tucumán. No le tembló el pulso para ordenar la detención de los genocidas Luciano Menéndez y Domingo Bussi, cuyas historias de crímenes, retomando a Carlos Fuentes, hicieron bajar los ojos y metieron miedo a decenas o cientos de miles de personas. Ante los reiterados pedidos de Justicia, Bejas dijo en varias oportunidades a Marcela Brizuela de Ledo y a Graciela Ledo, madre y hermana del soldado secuestrado, que no podía avanzar en la causa si no había acusación fiscal. Ahora la hay. Y Bejas puede citar a Milani. Además, durante enero, la feria judicial, está de turno, con lo cual podrá tomar la indagatoria y decidir si lo exime o no de la acusación. Incluso el juez puede cambiar la figura de los delitos si tras tomarle declaración considera que Milani es penalmente responsable. Cabe preguntarse por qué el fiscal Brito acusó ahora a Milani y no lo hizo antes. Algunos buscan la respuesta en las diferencias que este fiscal tiene con Pablo Camuña, un joven que actuó como fiscal subrogante en las causas de Operativo Independencia y Arsenales II y Jefatura II, y que trabajó estrechamente ligado a Jorge Auat, fiscal general para Delitos de Lesa Humanidad, un hombre clave en estos años de lucha contra la impunidad. Brito es opositor al Gobierno, Camuña es cercano al Gobierno. Brito fue receptivo a los familiares de Ledo, Camuña no. Camuña acaba de recibir el acuerdo del Senado para ser fiscal federal. Para la prensa opositora es “un soldado de la procuradora general Alejandra Gils Carbó”. La realidad tiene sus matices: Camuña tuvo la valentía y la capacidad de llevar la acusación en las causas de lesa humanidad más importantes de Tucumán al tiempo que la propia Graciela Ledo afirma que este fiscal no actuó bien en la investigación sobre el secuestro de su hermano.

Pequeñas miserias que existen en los espacios de poder que no alcanzan a empañar la política de los tres poderes del Estado en los juicios de lesa humanidad. Ahora, Brito, aunque sea opositor, dio el paso decisivo para que el juez Bejas pueda decidir si llama a Milani a declarar como imputado, al tiempo que Camuña no tendrá nada que ver con esta causa.
Por lejos, lo más importante para saber qué pasó con la causa de Ledo es que su hermana y su madre –con tres abogadas penalistas que las asisten sin cobrar honorarios–, más el apoyo de los ex presos políticos de La Rioja, hicieron todo lo necesario para que la fiscalía sintiera presencia y contara con personas dispuestas a dar testimonio sobre el rol de Milani en la desaparición de Ledo. Marcela y Graciela Ledo no contaron con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ni de los organismos. Sin embargo, el momento llegó. Volviendo a Carlos Fuentes, la madre y la hermana de Ledo sintieron el miedo y la vergüenza de un poder que hizo desaparecer a Alberto cuando hacía el servicio militar. Ahora, esas dos mujeres tienen la vista del tigre –riojano en este caso– que hace bajar los ojos al poderoso, que le hace sentir miedo y seguramente también vergüenza. Se abre un nuevo capítulo en la Argentina: el juez Bejas decidirá cuándo llama a declarar a Milani. Por coincidencia, en la feria judicial de enero, al juez le tocó estar en su despacho, así que es de esperar que sea más temprano que tarde. Aunque un magistrado no debe escuchar otras voces más que la de su conciencia, resonarán en sus oídos las palabras del flamante secretario general de la Presidencia, el también abogado (y contador) Aníbal Fernández, quien dijo en una entrevista radial que si Milani fuera procesado, Cristina seguramente lo daría de baja en el Ejército.

Eduardo Anguita

Miradas al Sur