Si alguien nos ha dicho algo relevante sobre el poder del Estado en 2013 fue Edward Snowden, que reveló cómo la capacidad de vigilancia de algunos gobiernos democráticos occidentales son de tal magnitud que pueden acceder prácticamente a todo lo que sus ciudadanos hacen on line o con un teléfono móvil o fijo, en ausencia de controles democráticos o judiciales significativos.
Estos poderes están especialmente avanzados en la alianza Five Eyes [Cinco ojos], liderada por EEUU-Reino Unido (y que también incluye a Australia, Canadá y Nueva Zelanda), pero se sabe o se sospecha que muchos otros países europeos y de la OTAN disponen de estructuras de vigilancia avanzadas y han cooperado estrechamente con la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) de EEUU y la Sede de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido (GCHQ, por sus siglas en inglés). Con una industria global de vigilancia en expansión dispuesta a ayudarles, es simplemente inconcebible que gobiernos mucho menos democráticos no estén implicados en las mismas prácticas.
No es noticia que los espías espían, o que los poderosos utilizan la vigilancia y la subversión para mantener su poder y su ventaja comparativa. En este sentido, que EEUU-Reino Unido “pincharan” las llamadas telefónicas de destacados políticos es una especie de atracción secundaria conveniente (la historia real es la facilidad con la que lo hicieron); lo que es nuevo e importante del estado del poder es la simplicidad con la que determinados individuos y poblaciones enteras pueden ser puestas bajo vigilancia, el papel crucial que desempeñan las empresas privadas para facilitar esa vigilancia y la ausencia de poder y autonomía que como sujetos tenemos para decidir cómo nos gobernamos y qué ocurre con la información sobre nosotros.
En respuesta a las revelaciones, los directores de prensa y los que destaparon el asunto de los gobiernos se han unido a más de 300 ONG y 500 destacados autores de todo el mundo para pedir un punto final a la vigilancia masiva e indiscriminada; también está circulando una declaración de Académicos contra la Vigilancia Masiva. Campañas nacionales ya con historia contra la vigilancia han rejuvenecido con las revelaciones de Snowden y un grupo de Parlamentos y organizaciones intergubernamentales están concediendo atención al asunto por primera vez. Pero de ninguna manera estas campañas en alza son garantía de una reforma significativa. Este artículo examina algunos de los principales debates en torno a la reforma sobre la vigilancia y las batallas que nos aguardan.
Ben Hayes*
Transnational Institute
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Traducción: Nuria del Viso – Fuhem Ecosocial
* Ben Hayes es investigador del TNI que lleva trabajando para Statewatch, una organización dedicada a las libertades civiles, desde 1996, especializándose en leyes nacionales e internacionales de seguridad y políticas policiales. Ben también trabaja como investigador independiente y asesor para organizaciones como el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Cordaid, la Fundación Heinrich Böll, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
Este artículo se publica en el marco del informe ‘Estado del poder 2014‘ (publicado en español con la colaboración de Fuhem-Ecosocial)