Tanto Piñera como Bachelet promovieron decreto que financia a grandes forestales

Ayer la Sala de la Cámara de Diputados aprobó con 76 votos a favor una solicitud formulada por 52 parlamentarios para crear una Comisión Especial Investigadora encargada de indagar las condiciones generadas por el Estado a través de la política forestal expresada en el Decreto Ley 701 (DL 701), como factores que favorecieron un escenario de colusión.

Esto, en el contexto de la generación del llamado «Cartel del Confort» conformado por la principal empresa papelera de Chile, la CMPC, perteneciente al grupo Matte, y SCA, controlada al momento de la colusión por el ex ministro del Deportes de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz Tagle.

Según informa la web de la Cámara, el grupo deberá investigar la incidencia del subsidio forestal en el enriquecimiento de los grupos económicos y la forma en que los organismos públicos fiscalizan a las empresas de ese rubro.

LA HISTORIA DEL DL 701

Para entender este subsidio estatal hay que remontarse a su origen en octubre de 1974, cuando entró en vigencia el DL 701 sobre Fomento Forestal, dictado por Augusto Pinochet e implementado por su yerno, el ingeniero forestal Julio Ponce Lerou. Ello significó que durante veinte años, hasta 1994, se plantaron en Chile aproximadamente 1.700.000 hectáreas, mayoritariamente con Pinus radiata y especies del género Eucayptus, de las cuales  unas 800.000 fueron bonificadas por forestación.

Julio Ponce Lerou

En 1998 es publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 19.561 que modificó el DL 701 de 1974. En teoría, la idea de esta modificación era integrar progresivamente a los pequeños propietarios a los beneficios provenientes del desarrollo forestal, fomentar la protección y recuperación de suelos erosionados y modernizar los procedimientos de administración de la bonificación, entre otros. Para ello se estableció un período de 15 años, durante el cual el Estado asignó un total de US$ 504 millones por concepto de bonificaciones forestales.

Cuando faltaba menos de un año para que se cumpliera el plazo estipulado en la Ley Nº 19.561, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera envió al parlamento un proyecto de ley con el objetivo de prorrogar por dos años los incentivos del DL 701, el que fue aprobado y publicado en el Diario Oficial el 3 de enero de 2011. En septiembre de 2012, Piñera decide enviar otro proyecto al Congreso, esta vez con la finalidad de extender los incentivos a la forestación en un orden de 590 mil hectáreas en 20 años. Dicha iniciativa no terminó de aprobarse durante el mandato del empresario.

Sin embargo, la Presidenta Michelle Bachelet se encargó de continuar con el beneficio a las empresas forestales, cuando el 15 de mayo de 2015 envió al Congreso otro proyecto de ley que buscaba extender la mencionada bonificación establecida en el Decreto Ley n° 701 de 1974.

En un párrafo -que curiosamente ya estaba escrito exactamente igual en el proyecto de ley de 2012 de Piñera- la mandataria expone lo siguiente: “En términos políticos e institucionales, nuestro país ha contado con una sólida política de Estado para el sector forestal haciendo uso de una gran diversidad de instrumentos de fomento que han incidido en el desarrollo del sector y en el desarrollo del país”. Con el fin de «prorrogar dichos incentivos», agrega Bachelet, es que la iniciativa busca extenderlos por un plazo de tres años, es decir hasta 2018. 

El 2 de julio de este año la Presidenta le pone urgencia al proyecto y el 15 de ese mes la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprueba extender hasta diciembre de 2018 la aplicación del DL 701 en los mismos términos definidos en la reforma de Piñera de 2011. El proyecto pasó a la Comisión de Hacienda y luego de que la mandataria le diera el carácter de «urgente» el 4 de agosto, esta es retirada 14 días después, por lo que aún está en tramitación.

LOS NOCIVOS EFECTOS DEL DL 701

Junto con potenciar al sector forestal, el DL 701 ha tenido supuestamente la finalidad de integrar a los pequeños propietarios a los beneficios del desarrollo forestal, así como fomentar la protección y recuperación de suelos erosionados, entre otros objetivos. Sin embargo, para quienes han estudiado los efectos del mencionado subsidio estatal, la realidad se aleja demasiado de eso, porque lo que ha hecho es generar una concentración de la propiedad del ramo, potenciando a los grandes empresarios del rubro, y provocado un grave daño medioambiental.

En una columna titulada ¿El milagro forestal chileno?, el profesor emérito de la Universidad Austral de Chile y Presidente Honorario de Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), Claudio Donoso Zegers, junto al ingeniero forestal, Doctorado de la Universidad de British Columbia y Director de AIFBN, René Reyes, desmiente categóricamente estos supuestos beneficios, exponiendo por el contrario todos los efectos que este Decreto Ley establecido en dictadura y mantenido durante la democracia ha tenido.

CMPC, integrante del «Cartel del Confort», es una de las principales beneficiadas con el DL 701

«El monopolio que se ha creado en el sector forestal es similar al monopolio de las farmacias, la pesca o los supermercados. Arauco, CMPC y MASISA controlan el sector, definiendo los precios de la tierra, de las materias primas, de la contratación de mano de obra, etc., lo cual está teniendo un efecto económico negativo en el resto de los actores», escriben los académicos.

Con esto Donoso y Reyes consideran una «falacia» el argumento de que con esta ley se beneficie principalmente a los pequeños propietarios, asegurando que «en realidad son las grandes empresas las que han recibido la mayor parte de los subsidios», explicando que «entre el período 1974 – 1998 y 1998 – 2010 las grandes empresas fueron beneficiadas en un 94% y 62%, respectivamente».

Los docentes desmienten igualmente que los subsidios estén orientados a la protección de “suelos frágiles o en proceso de erosión”, pues sostienen que «la forma en que se establecen, manejan y cosechan las plantaciones está produciendo un impacto enorme en el medio ambiente, y en las comunidades locales», agregando que «los subsidios al sector forestal están distorsionando la configuración productiva de las regiones del centro-sur del país, debido a que tierras que hasta hace poco se utilizaban para criar animales o producir alimentos, hoy están plantadas con eucaliptus».

«Si el sector forestal produce tanta riqueza, ¿por qué tanta pobreza?», se plantean en el artículo, asegurando que este sector ha sido incapaz de traspasar los beneficios del crecimiento a la gente que vive y trabaja en los territorios. «¿Para qué seguir subsidiando entonces una actividad que no mejora el nivel de vida de los chilenos?», se preguntan.

Ese es uno de los cuestionamientos que en teoría debieran surgir en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que indagará en cómo el Decreto Ley 701 favoreció el escenario de colusión que dio vida al llamado «Cartel del Confort». Sin embargo, eso podría quedar solo en el papel si se considera que la promoción de la continuidad de este beneficio que han realizado tanto Sebastián Piñera como Michelle Bachelet fue precisamente aprobada por el propio parlamento.

Por Daniel Labbé Yáñez