El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo Contreras, dictó autos de procesamiento en la investigación que instruye por fraude al fisco con recursos de la ley reservada del cobre, caso conocido mediáticamente como «Milicogate». La decisión judicial se tomó respecto de los pagos realizados a los proveedores «Tecnometal» y «Frasim» por supuestos servicios prestados al Ejército de Chile.
En las resoluciones, el ministro Astudillo sometió a proceso a Juan Carlos Cruz Valverde y Liliana Francisca Villagrán Vásquez (en la investigación relativa a los proveedores Tecnometal y Frasim), y Clovis Alejandro Montero Barra (en la investigación relativa al proveedor Frasim), como autores de delitos reiterados de fraude al Fisco y falsedad documental, ordenando además la prisión preventiva de Villagrán Vásquez.
De acuerdo a los antecedentes, se estableció que en relación a las facturas falsas emitidas por Tecnometal, el mudus operandi se falsearon firmas de jefaturas del Ejército «generándose de esa manera una apariencia de realidad y verdad», lo que significó que , con cargo a dineros de la denominada Ley Reservada del Cobre, «el Ejército de Chile pagara un total de $1.389.608.049 por servicios o adquisiciones inexistentes, carentes de realidad y respaldo».
Respecto de Frasim, el magistrado Astudillo logró acreditar que en pago de facturas falsas, igualmente con cargo a dineros de la Ley Reservada del Cobre, «el Ejército pagara un total de $981.955.590 por servicios o adquisiciones inexistentes, carentes de toda realidad y respaldo».