Familiares de detenidos desaparecidos rechazaron las razones que se esgrimían para realizar la suspendida huelga de hambre que hoy, martes 14 de septiembre, intentaron realizar nueve ex oficiales del Ejército presos en el penal de Punta Peuco por causas de Derechos Humanos.
Los ex uniformados exigían que se les aplicara una pena máxima de diez años para todas las sentencias iguales o mayores a dicho período de tiempo, tal como había sucedido con los 282 presos políticos cuyas sentencias fueron conmutadas durante los gobiernos de Aylwin y Lagos.
En el marco de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, que cumple ya 65 días, un grupo de nueve ex oficiales del Ejército encabezado por el general (r) Raúl Iturriaga Neumann y que incluye a tres brigadieres, un coronel, un teniente coronel, un mayor y dos tenientes, había anunciado para hoy el inicio de una huelga de hambre que finalmente se suspendió cerca de las 10 de la mañana. Entre sus demandas estaba que se liberara a todos los suboficiales y empleados civiles presos, modificándose sus penas por “cualquiera de las alternativas fijadas en el artículo 2º de la ley Nº 18.050 -puede consistir en la remisión, conmutación o reducción de la pena, pero el indultado continúa con el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y demás que determinen las leyes-”, así como la unificación de sus penas entre otras cosas.
Estas exigencias fueron rechazadas por Roberto Dorival, del “Colectivo 119 Familiares y Compañeros” que agrupa a familiares de las víctimas de la “Operación Colombo”, quien afirmó que ellos tienen “mucha cercanía con los genocidas de Punta Peuco, que están encabezados por Iturriaga Neumann, uno de los responsables de la operación en que murieron nuestros familiares”, y afirmó que lo sucedido había confirmado “la cobardía de estos personajes, que son incapaces de mantenerse defendiendo sus demandas”.
Además, Dorival destacó que “las condiciones carcelarias de los condenados por delitos contra los Derechos Humanos son mucho mejores que las de un preso común, incluso de aquellos que están presos por delitos mucho menos graves que el asesinato y la tortura” por lo que no tendrían nada que reclamar.
De igual forma Ricardo Balladares, del Polo Izquierdo de la Memoria, dijo que los antiguos militares se estaban aprovechando de la situación de los presos políticos mapuche “intentando homologar a víctimas del terrorismo de Estado con violadores a los Derechos Humanos”. Además, afirmó que se intentaba “desprestigiar la huelga de hambre como un recurso válido de quienes no son escuchados por los canales oficiales”, como los mapuche.
Finalmente, recalcó que “estos presos tuvieron derecho a un juicio justo, están acogidos al código penal tradicional, no hubo testigos sin rostro y tampoco pasaron por prisión preventiva, sino que recién cuando la Corte Suprema los condenó entraron a prisión”, recordando además que a diferencia de ellos, ningún mapuche ha sido responsable de la muerte de una persona.
Esta huelga de hambre se anunció luego de que el viernes pasado, 10 de septiembre, el ex mayor de Carabineros Luis Romo Morales recibiera de parte de Gendarmería el beneficio de salida dominical, siendo el primer condenado por una causa de Derechos Humanos en ser beneficiado.
SOLIDARIDAD CON LA CAUSA MAPUCHE
En contraste con lo anterior, tanto Balladares como Dorival expresaron su solidaridad y apoyo a los comuneros mapuche que se encuentran actualmente en huelga de hambre. El primero afirmó que el ayuno iniciado hoy por una serie de dirigentes sindicales, estudiantiles y personalidades ligadas a los Derechos Humanos y la cultura “es una muy buena señal de solidaridad de parte de la sociedad chilena, aunque un poco atrasada”, y que es aún más decidor que se realizara “en un espacio tan emblemático como la iglesia San Francisco”. Dorival, por su parte, dijo que “le entregamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los presos mapuche y a los solidarios que hoy iniciaron el ayuno”.
Por Felipe Ramírez Sánchez
El Ciudadano
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