En medio de una alta expectación por la presunta presentación de “testigos sin rostro” a través de videoconferencias, empezó el enjuiciamiento contra 17 comuneros mapuche acusados de perpretar un atentado con escopetas en contra del Fiscal Mario Elgueta en Tirúa, en octubre de 2008. Mientras tanto, el Ministerio Público denuncia la filtración de la lista de testigos protegidos.
El 16 de octubre de 2008, el Fiscal Especial de Asuntos Indígenas, Mario Elgueta, junto a tres efectivos de la Policía de Investigaciones fueron atacados por un grupo de encapuchados, hecho en el cual salieron lesionados. Elgueta sufrió una herida de menor gravedad en su mano izquierda, mientras que uno de los uniformados terminó con una fractura y otro con una herida de perdigón en el brazo.
Inmediatamente se inculpó como organizador y autor intelectual de los hechos a quien es considerado el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, Héctor Llaitul, para quien el fiscal Andrés Cruz, solicita 103 años de cárcel. Llaitul es hijo de una familia campesina mapuche analfabeta, campesinos sin tierra, extremadamente pobres, según sus mismas palabras. “Soy el resultado de la lucha de los oprimidos en la calle”, señaló el año 2008, después de haber sido absuelto en un juicio en el que se le acusaba del incendio a varias maquinarias forestales, ocurrido en Chol Chol ocurrido en 2006.
Junto a él, otros 16 comuneros fueron acusados de perpretar el atentado. Los imputados, que se encontraban en la cárcel El Manzano de Concepción, fueron trasladados la tarde del sábado a la cárcel del Lebu, para el juicio oral en su contra, que comenzó ayer, en el cual el Ministerio Público presentará a 36 testigos sin rostro, los cuales pretenden den su testimonio a través de una videoconferencia, para prevenir “posibles represalias” de parte de los acusados o de sus familiares.
La presentación de estos testigos sin rostro ha provocado indignación de parte de la defensa legal de los comuneros. Al respecto, la abogada de Jonathan Huillical, Victoria Fariñas, señaló que esto permite tener declaraciones viciosas, debido a que es mucho más difícil para todos darse cuenta de situaciones en que los testigos no estén diciendo la verdad, ya que el tono de voz se distorsiona y las expresiones faciales son invisibles.
Además, la abogada considera que esta es una doble transgresión a las garantías constitucionales y del debido proceso, esto porque estarían limitadas las condiciones para contrapreguntar. Fariñas se refiere al hecho de que el abogado defensor no puede hacer ninguna pregunta que pueda inducir a revelar o descubrir la identidad del testigo. Esto, afirman, restringe seriamente la capacidad de defensa.
Por su parte, el ex juez Juan Guzmán, quien participa en los alegatos de apertura como apoderado de Héctor Llaitul, señaló que esta medida le parece propia de un sistema “arcaico” y considera que atenta contra los derechos humanos de las personas que están tratando de demostrar su inocencia. “Se trata muchas veces de testigos que registran antecendentes anteriores, utilizados precisamente para inculparlos”.
Por otro lado, el Ministerio Público acusó a la Defensa de los comuneros mapuche de filtrar los nombres de los testigos “sin rostro”, los cuales incluso habrían sido “amenazados de muerte”. Sin embargo, Giorgo Shubert, abogado de la Defensoría Regional de Bío-Bío, aclaró que ellos no son los responsables de esta filtración y que fue la Fiscalía la que no protegió la lista de los testigos.
Por Katherine Torres T.
El Ciudadano