La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de nulidad presentado por las empresas contratistas Alimentos Marinos S.A, Inversiones Lomar Limitada, Sociedad Pesquera Fabila y Compañía Limitada, Sociedad Pesquera Comercializadora LOAR Limitada e Industrias Isla Quihua S.A., ratificando el fallo del Tribunal Oral del Trabajo de la comuna, que determinó que los trabajadores del Sindicato Interempresas Tripulantes Pesqueros y otros a fines (SININTRIPES), que habían sido contratados por las citadas compañías, debían modificar los contratos individuales, “reemplazándose el nombre del empleador por el de Alimar S.A, manteniéndose inalteradas las demás cláusulas del contrato y su fecha”.
El dictamen de la Corte señala que “se constituyó una empresa o sociedad para cada embarcación y la obligación de cada una se reduce a contratar personal para realizar los viajes de pesca y las labores de vigilancia cuando la nave está en puerto, en tanto que la determinación de cuándo se harán los viajes, los tiempos que durarán, el recurso que se capturará, la cantidad de los mismos y el puerto de recalada son de la empresa mandante, dueña de las naves, o sea Alimar S.A”.
“Las empresas que contratan el personal no tienen otros trabajadores que aquellos que se desempeñan en la respectiva faena (…) todas las operaciones que realizan los operadores de las naves, por contrato, son a nombre de Alimar y la pesca es de propiedad de esta última”, se lee en el documento.
La Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes) reaccionó al fallo de la Corte de Apelaciones. Su presidente, Juan Montenegro, llamó al gobierno a fiscalizar las malas prácticas laborales de la gran industria, puesto que a su juicio, han permitido la simulación de contratos a través de empresas ficticias.
“Tanto el Subsecretario Súnico, como la Ministra del Trabajo han hecho vista gorda a estas malas prácticas que realizan la gran industria pesquera y que hemos denunciado en más de una ocasión. Lamentablemente, como ha sido el tenor en el tema pesquero y quizás por qué intereses, el Gobierno no hace nada y hay que esperar que los tribunales tomen cartas en el asunto”, comentó el dirigente.
En la misma línea, Montenegro agregó que “la generación de palos blancos es un grave delito de las 7 familias y que gracias a la Ley Longueira no tiene sanción alguna”, en alusión a que la empresa Alimar es propiedad del grupo Izquierdo Menéndez, uno de los que concentra casi el 10 por ciento de las cuotas de jurel, sardina común y merluza de cola, de acuerdo a una investigación de Ciper.