Flamenco se levanta: Denuncian a minera por destrucción del ecosistema en caleta de Atacama

Una docena de vecinos de la caleta de Flamenco, ubicada al sur de Chañaral, en la Región de Atacama, viajaron este miércoles a Valparaíso para denunciar ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados la inminente destrucción de su hábitat, producto de las faena mineras del proyecto Mantos Verdes, de la empresa Mantos Copper.

Sandra Jofré, Nilsa Guzmán, Patricio Segovia e Inti Salamanca son algunos de los habitantes que relataron ante los parlamentarios los graves hechos que incluyen la destrucción del ecosistema marino (y única fuente de subsistencia del balneario), además de serios daños arqueológicos a los vestigios del Camino del Inca -o Quapac Ñam-, como también de los conchales y cementerios indígenas presentes en el sector.

Junto con ello, los vecinos denuncian el peligro de un derrame de relaves producto de la construcción de un tranque de grandes dimensiones en la zona. Con ello -advierten- la pesca artesanal, la acuicultura y la recolección de algas desaparecerían como fuente de sustento para los casi 500 habitantes de la localidad, sin contar con la extinción de las distintas especies de tortugas, delfines y chungungos que se avistan comúnmente en la zona.

Inoperante institucionalidad ambiental

A 30 kilómetros de la playa se encuentra la Quebrada de Guamanga, reserva de agua con importantes napas subterráneas. Actualmente, la minera está drenando aguas de estas tierras, lo que sumado al proceso de explotación de minerales (a través de las pilas de lixiviación y otros procesos de carácter hidrometalúrgico), no sólo puede contaminar las reservas acuíferas sino que además podría acabar con los glaciares ubicados algunos kilómetros más arriba.

El nuevo proyecto de Mantos Copper espera multiplicar por 3 el funcionamiento de la planta desaladora que ya existe, haciendo caso omiso de la triste distinción otorgada en 1983 a Chañaral como el caso de contaminación marina más seria del área Pacífico. Además, no existe claridad en torno a los derechos de aprovechamiento de aguas, las resoluciones de calificación ambiental que patrocinan el proyecto ni los contratos de arriendo por las 185 hectáreas de terrenos utilizados por la transnacional en desmedro de los habitantes y veraneantes del único balneario de la región.

En palabras de los dirigentes, el consejo regional tampoco ha querido tomar sus responsabilidades, ya que en 2013 -aseguran- se acordó el otorgamiento de 500 millones de pesos para sanear los títulos de dominio de los pobladores, dinero que aún no se ha visto, no se sabe si por la falta de asignación o alguna otra razón.

Finalmente, los vecinos argumentaron que acudirán a todas las instancias posibles, a fin de denunciar la inoperancia gubernamental, acusando a su vez al Estado de no salvaguardar sus derechos constitucionales, radicados en el artículo Nº 19 de la Carta Fundamental, referidos en sus artículos 1, 2 y 8.