Ya van 365 días desde que la comunidad de Chiloé inició una inédita movilización que tenía como origen la contaminación de la ribera del archipiélago con la marea roja causada por los desechos de la industria salmonera. Una manifestación que se extendió a las demandas históricas de la comunidad, y luego de la cual los chilotes siguen esperando las soluciones ofrecidas por el Gobierno.
Así, durante 18 días, se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas en todas las comunas del archipiélago, extendiéndose también a la zona costera del resto de la región de Los Lagos, y cortes de caminos que daban el control total del territorio a los habitantes de Chiloé.
Tanto así, que las Fuerzas Especiales de Carabineros enviadas a la zona a “restablecer el orden” no podían ingresar a los lugares de «conflicto» y el Gobierno -desde Santiago o a través del Intendente Regional, Leonardo de la Prida- era incapaz de responder a las demandas.
La Moneda, a través del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, tras varios días de negociación con los dirigentes de la pesca artesanal, logró desactivar la movilización con la entrega de bonos de 150 mil pesos a cada pescador afectado, revisión de las causas de la contaminación y planes de reinserción laboral. Del resto de las demandas, el Gobierno hizo caso omiso y no fueron consideradas dentro de este acuerdo.
A un año de la movilización chilota, no son pocos los que denuncian que el Ejecutivo no ha concretado sus compromisos, que solo aplica medidas reactivas y que, peor aún, mantiene el firme respaldo a la industria salmonera, uno de los grandes males de los que se quejan los habitantes del archipiélago.
Foto de archivo. Facebook Movimiento Defendamos Chiloé
Las salmoneras: Causa y efecto de la crisis
La génesis del conflicto fue la contaminación por marea roja de las costas de Chiloé y del área continental de la región de Los Lagos, la que afectaba directamente a la pesca artesanal, una de las principales fuentes económicas de dicha zona del país.
Álvaro Montaña, geógrafo y uno de los voceros del Movimiento Defendamos Chiloé, señala en conversación con El Ciudadano que «Chiloé logró decirle a Chile que la contaminación salmonera de 30 años es la causante de una crisis sanitaria, ambiental y social que explotó en mayo pasado». Además, sostiene que esta industria es «altamente contaminante, irresponsable en los derechos laborales y muy peligrosa en cuanto a la soberanía alimentaria».
Por su parte, el concejal de Ancud, Rodolfo Norambuena, reconoce a este medio que los ofrecimientos del Ejecutivo solo apuntaban a desmovilizar a la comunidad chilota y que a la fecha no se registra la concreción de ninguno de los compromisos adquiridos.
«Es legítimo el reclamo de los pescadores artesanales, porque hace un año atrás el Gobierno hizo todo para desmovilizar a los chilotes y tapar las demandas con unos bonos miserables», sostiene Norambuena, quien agrega que «el reclamo de hoy tiene que ver con que las condiciones no han cambiado respecto de lo que pasaba hace un año. Los procesos de reconversión laboral no han sido exitosos y eso tiene sumido a los trabajadores del mar en el mismo escenario del año pasado».
Sin embargo, a la industria salmonera no se le ve mella de esta movilización. De hecho, según un informe que publica este miércoles La Tercera, las empresas aumentaron casi un 400% sus utilidades.
Una situación que ratifica Montaña cuando expresa que «aquí el gran ganador fue la industria salmonera, porque sus acciones aumentaron su valor en todo el período de la movilización” y, al mismo tiempo, recalca que “fuera de aumentar los precios, tenían los salmones asegurados, por lo que no perdieron nada».
Junto con lo anterior, el vocero de Defendamos Chiloé destaca el trato diferenciado de las autoridades frente a las demandas de la industria respecto de la comunidad, al declarar que “cuando vino la crisis del virus ISA en 2009 el Estado avala a la industria con más de US$400 millones, mientras que los bonos ofrecidos a los pescadores no alcanzan los US$ 10 millones».
Norambuena, en tanto, es tajante al calificar la condescendiente actitud de La Moneda cuando expresa que «el Gobierno entregó un espaldarazo a la industria salmonera, quitándole responsabilidades de la contaminación que nos afecta; contrató a consultoras que no daban confianza y que solo avalan este modelo extractivista que ha contaminado los mares durante 30 años». Además, pone un punto importante respecto de la respuesta que ofreció el Ejecutivo: «Lo que queda pendiente es la forma en la que se entregaron los bonos. Estamos esperando el catastro de personas afectadas que debe entregar la SEREMI del Trabajo, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Echamos de menos a los diputados del distrito haciendo su trabajo de fiscalización».
Aprendizajes y proyecciones
Con el tiempo recorrido tras la movilización, y la falta de respuesta de las autoridades, queda saber cómo los habitantes del archipiélago han digerido este proceso y cómo proyectan los futuros escenarios de movilización.
Álvaro Montaña sostiene que “hay mucha pena, rabia e impotencia en la región de Los Lagos en general, a un año de estas movilizaciones, porque se siente que no se ganó nada, aunque tuviera cosas lindas como la unión de todo el territorio, pero no se vieron resultados concretos». De igual forma agrega que «uno de los principales aprendizajes de esta movilización es que a través de la unión se es capaz de visibilizar las demandas, como el trato del Estado a los ciudadanos”.
En esta línea, el concejal Norambuena establece que «ambiente de movilización no se ve, lo del año pasado fue desgastante y los resultados no fueron lo que nos esperábamos”. Sin embargo, pone el foco en el proceso de reflexión de la comunidad en este período, donde destaca que se ha generado la autocrítica en el movimiento social respecto a que “no se pudo profundizar en el resto de las problemáticas que nos afectan y hoy seguimos padeciendo».
A partir de lo anterior, según Norambuena, se proyectan las acciones de la comunidad chilota, las que se enmarcan en el desafío de «desarrollar una instancia de propuesta y exigencia de políticas públicas para propiciar un nuevo modelo de desarrollo a la escala de Chiloé y que beneficie a los chilotes».
Al respecto, el vocero de Defendamos Chiloé recalca que se hace necesario seguir adelante con la articulación del movimiento social chilote, pues «las consecuencias de esta crisis ambiental son profundas y están totalmente vigentes, la industria salmonera sigue contaminando y no hay medidas de reparación ambiental, tampoco hay planes de diversificación productiva ni de repoblamiento de especies». «No se ve ninguna reacción del Estado frente a esta crisis», concluye.
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