Melipilla: Comunidades exigen ser consideradas en obras de expansión del Sistema Interconectado Central

Vecinos organizados intentan abogar por el desarrollo sustentable frente a las obras del Plan de Expansión del Sistema Interconectado Central, que, de mal llevarse a cabo, provocarán serios problemas medioambientales y en las comunidades de Melipilla y sus alrededores.

Melipilla: Comunidades exigen ser consideradas en obras de expansión del Sistema Interconectado Central

Autor: Gabriel Muñoz

Desazón es la palabra que resume el ánimo tras una reunión con el Ministro de Energía a la que asistieron miembros de las comunidades de Melipilla, Los Jazmines, Alto del Parque, Las Flores, San Pedro ,Culiprán, Lomas de Manzo, Pomaire y Mallarauco el pasado jueves 25 de mayo para tratar las obras del Plan de Expansión del Sistema Interconectado Central (SIC).

La instancia, a la que también asistieron el diputado Leonardo Soto (PS) y el abogado Luis Mariano Rendón, es parte de una serie de encuentros que se han llevado a cabo entre ELETRANS II S.A., las comunidades y el Ministro Andrés Rebolledo. Sin embargo, y a pesar de las continuas solicitudes de los representantes ciudadanos, es probable que se otorgue una tercera ampliación de plazo a la empresa, para así cumplir con los requisitos que se le exigían en la licitación y, de paso, obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) positiva aún cuando el proyecto presentado invade sectores donde existe mucha naturaleza , afectando la parte turística y cultural de los pueblos y además , la salud de las personas.

Luchando no contra el proyecto sino contra el trazado

ELETRANS II S.A es una sociedad que nace del Consorcio Saesa-Chilquinta, conformado por Chilquinta Energía S.A. y Sociedad Austral de Electricidad S.A., que mediante Decreto Exento N° 82/2012 del Ministerio de Energía, accedió a la licitación que fortalece el Sistema de Transmisión Troncal del SIC entre la Subestación Rapel (VIII región) y la Subestación Lo Aguirre (RM).

Al parecer, y a pesar de que la fecha estimada de inicio de ejecución ya fue aplazada (desde el 1/9/2016), los U$ 77.000.000 de inversión pesan más que las 343 nuevas torres que componen las líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje que se emplazarán sobre el territorio de cinco comunas por 40 años. Mientras el proyecto se encuentra suspendido- hasta levantar las observaciones que se le hicieran a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)– los vecinos de todos estos sectores expresan su malestar por lo que consideran una invasión a su derechos.

Fernando Catalán Osorio, del ‘Movimiento Melipilla Sin Contaminación’, representa a los habitantes de Culiprán y es claro en admitir que los dos años de lucha no son contra el proyecto sino contra el trazado. “No estamos en contra de las torres de alta tensión o el desarrollo del país. Queremos que la construcción se haga de forma racional, en conjunción y armonía con las comunidades. No queremos que nos vengan a invadir e instalar una empresa que pretende no mirar los efectos que sus proyectos tienen con las comunidades y el medioambiente alrededor de estas líneas”, señala.

Según el texto presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), “el principio orientador del diseño fue minimizar la ocurrencia de conflictos con las comunidades aledañas al emplazamiento. Construir el proyecto en un territorio con vocación rural, donde destaca una densidad poblacional mayor a otros sectores rurales del país, hizo necesario balancear la decisión de localización, emplazando el trazado en sectores donde idealmente estuviera excluido el uso habitacional”. Sin embargo, poco ahonda en los efectos sobre el medioambiente o sus medidas mitigadoras son insuficientes.

Desde la institucionalidad, la respuesta es que la legalidad no permite solucionar los problemas. Pero la realidad demuestra que ésta siempre ha estado a favor de las empresas y en contra de las comunidades y la ciudadanía. “Me parece que si una empresa en 4 años no ha sido capaz de sacar una RCA porque ha sido terca, se opone a conversar y aunar criterios con las comunidades, menos va a ser capaz de hacer una línea de transmisión eléctrica en plazos acotados, respetando las normas medioambientales y de cuidado a la comunidad”, afirma Catalán, antes vocero de la organización ‘Salvemos al valle de Culiprán’.

Mano negra

Desde ELETRANS II S.A siempre se ha declarado que necesitan 18 meses para construir la línea pero tienen plazo hasta fines de noviembre del 2018. Si tuvieran la RCA hoy, gracias a las matemáticas se puede inferir que no son capaces de entregar las líneas en el plazo establecido. Por lo tanto, tendrían que pagar multas, si es que el Ministerio no amplía los plazos. Pero esto ya ha sucedido un par de veces, sin justificación de las mismas ni cobrándole ninguna multa, establecidas por contrato. Por ello, a la comunidad  les parece bastante extraño este proceso. “No es lógico y lo encuentro reñido con la legalidad vigente. Vamos a persistir y judicializar porque creemos tenemos los argumentos legales como la razón ciudadana. No vamos a permitir que se haga tal como está planteado”, explica Catalán Osorio.

“En las comunas afectadas, la empresa ha sido persistente en asediar dirigentes. Algunos ya no pueden dar la cara porque están temerosos de perder su fuente laboral. La empresa ha ido a husmear dentro de los trabajos de las personas y tienen un contingente que trata de convencer a la gente que el proyecto está aprobado, siendo que no. El miércoles pasado hubo 32 personas conversando con distintas comunidades, repartiendo información y verbalmente diciendo el proyecto estaba aprobado. No tienen nada más que hacer que recibir las compensaciones, les decían a la gente”, denuncia el vocero de Culiprán.

Melipilla sin contaminación

El antiguo alcalde apoyaba pero la actual administración, no. Los vecinos organizados han intentado explicar que no son una organización política sino ciudadanos que quieren lo mejor para su ciudad pero no existe acogida desde el edil. Hoy agrupan 5 comunidades que se convencieron de estar unidos y dejar las diferencias personales de lado. Creen que tienen que dar la batalla en una lucha por un derecho consagrado en la constitución: vivir en un lugar libre de contaminación.

Desde las comunidades admiten que no buscan compensaciones. Les importa vivir en un ambiente sano y no ser el patio trasero de Santiago o de las empresas. “Queremos un proyecto racional que involucre a las comunidades afectadas y se perjudique lo menos posible al entorno. Pomaire tiene un capital turístico internacional y la línea pasará justo en su entrada. A nadie le importó. El 70% de las líneas pasan por reservas nacionales o sitios protegidos. Se está afectando el medio ambiente, sin una mitigación adecuada. Lo que se eligió fue el presupuesto más barato en sus costos de inicio pero eso tiene un efecto a largo plazo sobre las comunidades que no se ha evaluado”, remata uno de los delegados que asistió a Santiago a reunirse con un Ejecutivo que, al parecer, está a favor de que se haga un crecimiento contra viento y marea, no importando afecte a las personas.


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