Presos políticos mapuche imputados en caso Luchsinger-Mackay inician huelga de hambre

Integrantes de diversas comunidades apoyando a los imputados durante el juicio. Fuente: Mapuexpress

Ocho imputados por el caso Luchsinger-Mackay anunciaron que iniciarán una huelga de hambre líquida de carácter indefinido a partir de este 29 de mayo exigiendo el fin a la ley antiterrorista, respeto al derecho de ser juzgados en un plazo razonable y el fin a la imposición arbitraria de prisión preventiva.

Hernán Catrilaf, Sabino Catrilaf, José Córdoba, Eliseo Catrilaf, Aurelio Catrilaf, José Tralcal, Luis Tralcal y Juan Tralcal se encuentran recluidos en la cárcel de Temuco desde el 31 de marzo de 2016 y escribieron una carta (adjunta al final de la nota) denunciando la vulneración de sus derechos, exigiendo un «juicio justo en un plazo razonable», la «libertad bajo el artículo 140» y la «no aplicación de la Ley Antiterrorista».

Todos ellos se declaran inocentes y acusan al fiscal Alberto Chiffelle de haber obligado a José Manuel Peralino, bajo tortura y humillaciones, a inculparlos del ataque incendiario ocurrido el 4 de enero de 2013 en la comuna de Vilcún, región de La Araucanía, que terminó con la vida del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Según Carlos Tenorio, abogado de los latifundistas, el requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional se hizo efectivo tras supuestamente sentir vulnerados sus derechos en la audiencia de preparación del juicio oral, ya que la jueza de Garantía en Temuco, Alejandra García Bocaz, rechazó las pruebas que presentaron como querellantes en la causa.

Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: las pruebas no tenían ninguna relación con los hechos en que se basa la acusación y ni los querellantes ni el Gobierno entregaron sus pericias a tiempo como defensa, no llevando siquiera a sus testigos a declarar a fiscalía.

A pesar de ello, la acción judicial busca que la Corte de Apelaciones de Temuco permita apelar respecto del auto de apertura dictado tras la audiencia de preparación del juicio oral, lo que podría dictar una suspensión de oficio que afectaría directamente a las 11 personas acusadas del incendio, prolongando la prisión preventiva sin contar con pruebas fehacientes que los inculpen del hecho.

Puedes acceder a la carta de los presos políticos mapuche pinchando aquí.