La disputa territorial entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana por el Esequibo tiene el Acuerdo de Ginebra como mecanismo para la solución pacífica, política y negociada, preservando la convivencia pacífica entre dos naciones hermanas.
Sin embargo, este acuerdo que fue firmado el 17 de febrero de 1966 en Ginebra, Suiza, establece los mecanismos para iniciar un proceso de tratamiento del llamado diferendo histórico por el Esequibo entre la República Independiente de Venezuela y la República de Guyana que se derivaba de la concepción de la independencia de Guyana por parte del Reino Unido que para ese momento tenía un gobierno interino.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela propuso al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una solución práctica y satisfactoria de la controversia por el territorio del Esequibo, pues la querella entre ambas naciones se ha visto intensificada por las exploraciones de la empresa transnacional Exxon Mobil y el anuncio de descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros.
El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza señaló que las recientes acciones por parte del Gobierno de Guyana sobre el territorio en reclamación, buscan llevar el caso a un callejón sin salida.
Esto ante la solicitud que recientemente hiciera el Gobierno guyanés ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya de reafirmar la disputa sobre el territorio Esequibo del Acuerdo de París de 1899, donde se le privó del suelo soberano a Venezuela sin derecho a defenderse.
El ministro venezolano a través de su cuenta en la red social Twitter escribió que Guyana busca conducir la controversia sobre este conflicto a “un callejón sin salida, generando falsas expectativas unilaterales” y destacó que “la única vía es retomar los contactos del Acuerdo de Ginebra de 1966”.
En otro de sus mensajes incluyó un comunicado que le hiciera al canciller de Guyana, Carl Greenidge para “reactivar las conversaciones bilaterales de alto nivel”, ya que el unilateralismo es improcedente y dificulta una solución a la controversia territorial.
El Gobierno de Venezuela ha reiterado al gobierno guyanés que recurrir al arreglo judicial para dirimir la controversia, resulta inaceptable, estéril e inaplicable, dado que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y en este sentido, ha sido siempre consecuente con su posición histórica de hacer expresa reserva o no ser signataria de ningún instrumento jurídico internacional que contenga cláusulas compromisorias que otorguen jurisdicción obligatoria a la referida Corte.
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