«Chile exige invertir más en escuelas que en cárceles»: Críticas a Piñera por aumento de penas para menores

A raíz de los últimos anuncios del gobierno de Sebastián Piñera, en lo que respecta a la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para elevar las penas a jóvenes infractores menores de edad, las Juventudes Comunistas (JJCC) han salido a cuestionar la iniciativa señalando que la solución ante la delincuencia pasa por hacer frente a la segregación y la desigualdad que viven los chilenos, y no por aumentar la represión. 

Las JJCC tildan de «populista e irresponsable» la insistencia de la derecha en una «fracasada política de seguridad pública centrada en el aumento de penas, la cual ha sido refutada tanto por los hechos como por estudios sobre la materia». En ese sentido, postulan que «elevar las condenas de infractores de ley no inhibe el delito, ya que este se sostiene fundamentalmente por la altísima segregación que vive el pueblo chileno, expresado esto en el desigual acceso al trabajo, educación, salud y vivienda, entre otros aspectos».

Las Juventudes Comunistas señalan que el Gobierno «no cree en la prevención ni en la reinserción social, sino que solo en la condena».  

Junto con ello denuncian un «escandaloso hacinamiento» en las cárceles chilenas, algunas de las cuales -advierten- se ubican por sobre el 88% de sobrepoblación.

Por otra parte, mencionan que estudios establecen que «la mitad de la población penal adulta pasó su infancia o adolescencia por algún centro de menores vinculado al SENAME». Antecedentes que -dicen- «revelan que el fenómeno de la delincuencia debe ser prevenido principalmente en la niñez y adolescencia, donde el foco debe estar puesto en la educación, a la vez que se requiere priorizar esfuerzos en la reinserción social para evitar la reincidencia en la adultez y combatir la sobrepoblación penal». «Chile exige invertir más en nuestros barrios y escuelas que en las cárceles», postulan las JJCC.

La colectividad política acusa de «incoherencia» a Piñera, señalando que, por una parte, «indica que ‘los niños están primero’ y llama a un acuerdo nacional por la infancia, y por la otra busca vulnerar tratados internacionales igualando el trato hacia niñas y niños infractores con la población adulta». Además, advierten que «guarda silencio ante el abuso policial contra estudiantes chilenos y desconoce los debates avanzados en el parlamento en materia de derechos para la infancia».