Definitivamente, la situación de los deudores del Crédito con Aval del Estado es por lejos una de las realidades más angustiantes dentro del estudiantado. De ahí que desde el Frente Amplio se haya conseguido establecer una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, con el objetivo de reunir antecedentes y buscar soluciones frente a la crisis de este mecanismo implementado por el ex presidente Ricardo Lagos, y que significó el ingreso de la banca a la educación superior.
En este contexto, la Fundación Sol ha dado a conocer los resultados de su estudio más reciente, que lleva como título Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE.
Uno de los datos más relevantes de la investigación es que el 40,3% de las y los deudores del Crédito con Aval del Estado se encuentran en morosidad, lo que equivale a 151.683 personas.
Junto con ello se establece que entre 2006 y 2017 las instituciones de educación superior chilenas recibieron $4,7 billones (millones de millones) a través del CAE y el 67,8% de estos recursos se concentró en sólo 4 grupos educacionales (Laureate, Santo Tomás, INACAP y Pontificia Universidad Católica) y un conjunto de universidades investigadas por lucro, todas ellas privadas.
El estudio de Fundación Sol también muestra que para hacer el negocio del CAE más atractivo para la banca, el Estado se comprometió originalmente a subsidiar a los bancos participantes comprando cada año el 25% de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6%. Sin embargo, entre 2006 y 2017 el Fisco ha recomprado un 52,2% de los créditos con un sobreprecio de 26,1% (4,3 veces más que lo que se requería originalmente), lo que equivale a casi $640 mil millones.