La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 6 funcionarios en retiro de Carabineros por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple cometidos en contra de 15 personas de la localidad de Isla de Maipo, hecho ocurrido en octubre de 1973 y cuyos restos fueron encontrados en 1978 en los trístemente célebres hornos de Lonquén.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia de la ministra Marianela Cifuentes que condenó a David Coliqueo Fuentealba, Justo Romo Peralta, Félix Sagredo Aravena, Jacinto Torres González y Juan José Villegas Navarro a la pena de 15 años y un día de presidio como autores de secuestro calificado. Asimismo, Pablo Ñancupil Raguileo fue condenado a 11 penas de 60 días de presidio como autor de secuestro simple.
La investigación de la ministra Cifuentes estableció que durante la jornada del 7 de octubre de 1973, en distintas circunstancias, se detuvo a 15 personas, quienes fueron trasladados a la Tenencia de Isla de Maipo.
Se trata de Miguel Ángel Brant Bustamante, José Manuel Herrera Villegas, Manuel Navarro Salinas, Iván Ordóñez Lama, Sergio Maureira Lillo, Carlos Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, Oscar Hernández Flores, Ignacio Vergara Guajardo, Rodolfo Maureira Muñoz, Sergio Maureira Muñoz, José Manuel Maureira Muñoz, Segundo Maureira Muñoz, Enrique Astudillo Álvarez y a sus hijos Omar Astudillo Rojas y Ramón Astudillo Rojas.
Una vez en la unidad policial de Isla de Maipo, añade el fallo, «los detenidos fueron mantenidos encerrados, interrogados y sometidos a apremios físicos». Luego, en horas de la madrugada, los detenidos «fueron atados de manos, sacados de la unidad policial en un camión y llevados hasta la localidad de Lonquén, a unos metros de unos hornos de cal, lugar en que un piquete de funcionarios de Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, al mando del teniente Lautaro Castro Mendoza, les disparó, causándoles la muerte, para luego arrojar sus cuerpos al interior de los hornos con el fin de ocultarlos».
En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar indemnización total de $2.050.000.000 a los familiares de las víctima.
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