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La escena se va repitiendo con preocupante frecuencia en buena parte del paisaje de áreas verdes en distintas ciudades del país. Árboles, muchos de ellos escasos y claramente deficitarios en urbes asediadas por la contaminación, se han ido convirtiendo en verdaderos diarios murales, pizarras urbanas, lugares cuyos troncos y ramas se encargan ahora de soportar un creciente número de avisos de todo tipo que, de manera irresponsable, dañan a uno de los pulmones claves de las ciudades de Chile.
Clavados, corcheteados o amarrados, este vorágine de avisos infractores de la ley pareciera que están bajo un manto de impunidad, pese a que buena parte de ellos tiene la información necesaria para identificar y multar a los autores de estos maltratos.
“Hay que entender el papel clave que juegan los árboles como fuentes de equilibrio y aporte medioambiental en las ciudades, especialmente cuando son afectadas por la contaminación, como sucede en muchas ciudades de Chile. Los árboles no solo aportan desde lo estético, sino que principalmente como elementos que aportan oxígeno. Son los verdaderos pulmones de las ciudades y los estamos dañando gravemente. Y no solo se trata de los árboles de las calles, sino también de los desconocidos bosques nativos que aún tenemos en la ciudad, especialmente en las zonas de la precordillera, donde vecinos de diferentes partes de la capital buscan su protección”, señala Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace.
La paradoja parece evidente: mientras que el maltrato de animales ha encontrado respuesta firme y decidida a través de la llamada Ley Cholito -que considera penas que van de los 61 días a los tres años de presidio, además de multas que pueden llegar a cerca de $1.4000.000-, en el caso del daño a los árboles el asunto pareciera ser mucho menos severo, tanto en el monto de las multas como en el rigor de la persecución a los infractores.
El problema es que no existe una normativa nacional que se encargue de cuidar y proteger los árboles de las ciudades -como sí ocurre por ejemplo con la Ley de Bosque Nativo-, por lo que son las municipalidades las que asumen de manera independiente la tarea de generar ordenanzas que regulen su protección y sanciones.
Lo confirma el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entidad que fue consultada por Greenpeace vía Ley de Transparencia: Le informamos que la protección de árboles urbanos está supeditada a las ordenanzas municipales, en ellas se detallan formas de protección y posibles sanciones. No existe una Ley o reglamento.
Así las cosas, en la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, el corte de árboles, como la poda de sus ramas y raíces, está prohibida y llevarlas a cabo es considerada una infracción “gravísima” que establece una sanción máxima de hasta 8 UTM ($380.000), además de la obligación de tener que pagar por la reposición de la especie arrancada.
Pero la Ordenanza 78 de la comuna de Santiago -aprobada en 1998 y modificada en 2002- también hace referencia a la prohibición de “utilizar de soporte o sujeción las especies vegetales, sus protecciones y el mobiliario urbano”. En su versión anterior, el reglamento era mucho más específico, prohibiendo “amarrar animales, bicicletas, carretones, contenedores de basuras o cualquier otra especie al tronco, tutor o protección de árboles o arbustos; como asimismo, colgar o clavar letreros o propaganda, atar carpas o telones, colocar alambres o clavar en su tronco cualquier elemento”.
Hoy, las multas asociadas al incumplimiento de la normativa municipal son consideradas “menos graves” y suponen multas que van de 0.5 a 1 UTM ($23.000 hasta $47.000). Cabe consignar que cuando fue promulgada la ordenanza, en 1998, esta infracción era calificada como “grave” y establecía una sanción que iba de 1 a 4 UTM ($47.000 a $190.000).
La comuna de Providencia también posee una ordenanza que “prohíbe amarrar animales, bicicletas o carretones de mano al tronco de cualquier árbol o arbusto, como asimismo colgar carteles, colocar alambres o clavar en su tronco cualquier elemento, propaganda, amarrar telones o carpas, echar escombros en su contorno o pintarlos”. Acá las multas fluctúan entre 1 y 5 UTM (poco más de $47.000 a casi $238.000).
“El problema es que la protección de árboles urbanos y las sanciones depende de las ordenanzas municipales. Hoy día las autoridades locales tiene en sus manos herramientas que les permiten poder proteger estos árboles, por lo que solo se requiere voluntad. Así como nació una Ley Cholito, quizás podría pensarse en iniciativas coordinadas que protejan a los árboles de quienes están maltratando estos verdaderos pulmones de la ciudad”, señalan desde Greenpeace.
En la respuesta del Minvu a Greenpeace también se hace referencia a tres textos relacionados con el tema de la realidad de los árboles en Chile: Los árboles del Parque Metropolitano, Manual de Construcción y Requisitos Mínimos para Parques, Plazas, Áreas Verdes y Áreas Deportivas y, por último, Árboles Urbanos de Chile, Programa de Arborización un chileno un árbol.
Este último documento hace referencia a una idea del Programa Legado Bicentenario del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera donde se proyectaba que antes del 2018 se iban a plantar 17 millones de árboles. La idea original era un árbol por cada chileno.
“Sería bueno aclarar en qué quedó esa iniciativa y si es que se alcanzó la meta”, plantea Estefanía González.
Más allá de lo que sucede en municipios del país, las cifras de árboles, por lo menos en la zona de la Región Metropolitana, no son alentadoras. En este sentido, un estudio realizado por académicos de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile estableció que en Santiago existen casi 6.700.000 árboles, de los cuales el 86% corresponde a especies exóticas.
El número, lejos de mostrar una mejoría en la cantidad de especies plantadas en el último tiempo, lo que ha relevado es un estancamiento que lleva ya más de una década.
Pero no solo hay estancamiento, sino una evidente inequidad en las distribución de los árboles, ya que mientras en sectores más acomodados existen unos 26 más por hectárea que en los barrios más pobres. También hay un arbolado más diverso en las comunas ricas, con 9 a 19 especies más que en los sectores de menos ingresos
Otro censo arbóreo realizado el 2016 –hecho por especialistas de la Universidad Católica en conjunto con el Proyecto Nueva Alameda Providencia- estableció que en el eje entre Pajaritos y Tobalaba existen 7.349 árboles, de los cuales el 36% posee algún tipo de daño. La idea de un proyecto de reforestación en este importante eje vial capitalino es que se aumente a 10.000 árboles el año 2021.
El ambiente de indefensión en que parecen estar los árboles urbanos del país ha llevado a que desde el Congreso se estén impulsado iniciativas para su cuidado y protección. Así se entiende que en junio de 2017 se aprobara en la Cámara de Diputados una resolución parlamentaria que solicita al Ministerio de Agricultura un proyecto de ley que promueva y proteja el arbolado urbano.
La iniciativa, impulsada por los diputados Vlado Mirosevic y René Saffirio, argumenta que el desarrollo de la arborización urbana “es fundamental para la reducción de la contaminación del aire, para el embellecimiento de las ciudades”, así como para “mitigar y adaptarse al cambio climático”.
Entre los fundamentos de la iniciativa también se señala que hoy nuestro país “carece de una legislación que promueva el fomento y la protección del arbolado en zonas urbanas y periurbanas”, destacando además que “no existe un sistema de sanciones eficientes para quien dañe, deteriore o destroce este tipo de árboles”.
Mientras tanto, los troncos de buena parte de los árboles del país siguen soportando su nueva vida de haberse transformado en verdaderos diarios murales.
Fuente: Comunicaciones Greenpeace