Ley Hinzpeter suma rechazos en sociedad civil

Tomas de colegios y un frente de organizaciones ecologistas, de derechos humanos, sindicales y estudiantiles marcan la vuelta de la discusión en el Parlamento del proyecto de ley que criminaliza la protesta social, conocida como Ley Hinzpeter. De aprobarse la legislación, activistas de Greenpeace que intervengan un edificio público, estudiantes que se toman un colegio o pasajeros del Transantiago que ocupan la calle porque no pasa un bus arriesgan penas de hasta 3 años de prisión.

En medio de la polémica por el nombramiento del ex fiscal Alejandro Peña para encabezar la militarización del territorio mapuche, este miércoles se reinicio la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Seguridad Pública, conocida como “Ley Hinzpeter”.

Al rechazo de organizaciones sociales que abarcan desde movimientos ecologistas, de derechos humanos y estudiantiles, se suma la opinión desfavorable de algunos ministros de la Corte Suprema y recomendaciones del fiscal nacional, Sabas Chahuán.

Amnistía Internacional, Greenpeace y la Asociación Chilena de ONGs Acción pidieron al Congreso no aprobar la Ley Hinzpeter, haciendo notar que criminaliza a los movimientos sociales que se manifiestan en las calles. Las organizaciones mantienen una campaña de firmas online en rechazo a este proyecto.

También los estudiantes agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, y organizaciones sindicales se suman al rechazo del proyecto de ley.

Este martes los estudiantes del colegio Confederación Suiza se tomaron el establecimiento en rechazo al proyecto de ley. Pese a que fueron desalojados en horas de la noche, este miércoles de madrugada volvieron a tomarse el recinto.

Ronald Román, vocero del Colegio Confederación Suiza y presidente del Centro de Estudiantes, contó que “nos tomamos el colegio en rechazo al proyecto de ley que criminaliza la protesta pública, que hoy es la única forma que tenemos para manifestar nuestro descontento”.

La toma del liceo es también para “volver a recuperar el movimiento social con un objetivo de fondo más allá de la educación gratuita y estatal. Se trata de atacar a la política convencional y el sistema económico, causas del problema social”.

“El futuro es incierto – sostiene Román – Consideramos que la mayor parte de la ciudadanía volvió a tener el miedo que habíamos vencido el año pasado”.

El día martes hubo otros liceos tomados: Los liceos Industrial San Miguel de La Pintana e Industrial de San Fernando fueron tomados el día de ayer por demandas internas; y el Liceo Cervantes se sumó a la demanda del Confederación Suiza.

En jornadas previas, dirigentes del Sindicato Interempresas Nacional de Contratistas y Subcontratistas (Sintrac), de la Coordinadora Nacional por la defensa del patrimonio pesquero, del Movimiento pueblo en Lucha (MPL), de la Federación Nacional de Pobladores, de ANDHA Chile Democrático y de la Federación nacional de Pobladores llamaron a rechazar la legislación.

EL POLÉMICO PROYECTO

La Ley Hinzpeter modifica el artículo 269 del Código Penal en lo relativo al delito de desórdenes públicos. Al no contemplar una definición clara de “desórdenes públicos”, sus detractores advierten que podría implicar que la misma pena de tres años se aplique a conductas como bloquear una calle pacíficamente o tomarse un colegio. “Quien se para en medio de la calle con un cartel bloqueando el tránsito podría tener la misma pena de quien emplea un artefacto explosivo que puede causar daños a las personas”- advierte Amnistía.

Además el proyecto hace responsables de los destrozos a la propiedad pública y privada que puedan ocurrir en una movilización social a “autores e incitadores” de la protesta, o sea, a los voceros o dirigentes que las convoquen.

Matías Asún, director ejecutivo de Greenpeace Chile, comenta que “la ley es poco clara en identificar cuáles son los delitos que violentan el orden público y el límite entre esa actualización de delitos y la libertad de las personas”.

Bajo el título Modificación del tipo penal de desórdenes públicos, la Ley Hinzpeter dice que “se propone establecer claramente una responsabilidad penal para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de determinados hechos graves”.

Entre los hecho graves descritos están interrumpir algún servicio público, donde se incluye el de transporte. O sea, los usuarios del Transantiago que se toman la calle luego de esperar más de una hora algún bus para llegar a sus trabajos, como ocurre habitualmente, serían sancionados con una pena de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años de prisión.

Ana Piquer, directora de Amnistía en Chile, sostiene que “la aprobación de la Ley Hinzpeter significaría una protección desproporcionada de la noción de orden público.  De acuerdo al texto propuesto por el gobierno, quien cause “desórdenes” que impidan o alteren la libre circulación de vehículos o personas, podría ser castigado con hasta 3 años de cárcel. El proyecto de ley en ningún momento define el concepto de ‘desórdenes’”.

La letra C del proyecto incluye como “desórdenes públicos penalmente relevantes”, a quienes ocupen una vivienda, un colegio o universidad, industrias, o si alteran “la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes”.

A juicio de Asún, “en una sociedad democrática no puede estar impedido el disenso. La desobediencia civil, las prácticas de resistencia son fundamentales en el orden democrático y en ningún punto pueden homologarse con acciones que efectivamente afectan a terceros”.

Piquer agrega que “transformar el ejercicio de derechos humanos en delito es posiblemente una de las maneras más graves y directas de bloquear su ejercicio, lo cual iría en vulneración directa de los tratados de derechos humanos que el propio Estado de Chile ha ratificado, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

El director de Greenpeace añade que la ley “es poco eficiente al identificar los delitos que se quieren regular. Si bien, se requiere una actualización, es un proyecto mediocre que convierte en delitos expresiones propias de la sociedad civil”.

Por su parte, Alicia Sánchez, secretaria ejecutiva de Acción, advirtió que la iniciativa del Ejecutivo vulnera gravemente la libertad de expresión y de reunión, entre otras garantías universales: “El material periodístico debe ser requisado para que actúe como prueba contra quienes supuestamente estarían ejerciendo violencia en las calles. También en el tema de las tomas a los liceos o si los vecinos de cierto barrio cortan el tránsito para protestar contra el Transantiago o una inmobiliaria, todo eso, estaría atentando contra la libertad que tienen los ciudadanos de manifestarse y expresarse públicamente”.

RECOMENDACIONES DEL FISCAL NACIONAL Y POCO CONSENSO EN LA CORTE SUPREMA

Por su parte, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, pidió al proyecto de ley una precisión al concepto de orden público. “Precisar el concepto de desórdenes públicos, no es malo. En la medida que se cautele, le reitero, el derecho a manifestarse. Hay que precisar el concepto”- dijo el fiscal hoy en La Moneda.

Chahuán además dijo que debe armonizarse el derecho a manifestarse, algo que a su juicio es “inalienable en una democracia” y que se debe reflexionar sobre  el tipo de delito definidos en la polémica legislación. La máxima autoridad del Ministerio Público agregó que se contemple una reforma al Código Penal, el que define como “obsoleto”. “Hay delitos que tienen mucha pena, como robar una gallina, y hay delitos que tienen poca pena, como la corrupción en gran escala”- sostuvo.

En la discusión sobre el proyecto, el Pleno de la Corte Suprema del 25 de julio pasado mostró el disenso que provoca entre los magistrados. Si por un lado, los ministros Patricio Valdés, Gabriela Pérez, Rosa Egnem y Alfredo Pfeiffer informaron como favorable la iniciativa, otros integrantes del máximo tribunal manifiestan serios reparos.

Los ministros de la Corte Milton Juica, Juan Araya, Carlos Künsemüller y el suplente Juan Escobar advirtieron que “las reformas que se proponen al Código Procesal Penal constituyen una seria afección a los principios de igualdad y de inocencia”m según informa El Mostrador.

Además los magistrados Hugo Dolmestch, Haroldo Brito y Carlos Cerda (suplente) sostienen que como “afecta los basamentos del ordenamiento jurídico chileno, es deber del máximo tribunal manifestar su parecer” y recomendaron informar desfavorablemente la iniciativa del Ejecutivo.

Asún advierte que de aprobarse la legislación, “los jueces van a ser lo que tendrán que sentar precedentes a partir de una mala política y una ley mediocre”.

LA RAÍZ DEL PROBLEMA

Para Asún la legislación “termina siendo la expresión de un sentir que prefiere tenerle miedo al otro que construir cosas en conjunto. En momentos en que justamente la clase política está cuestionada por la ciudadanía, se apuesta por tapar la base de representación de la democracia, que es la participación ciudadana”- sostiene el ecologista.

En tanto, con ley o sin ella los estudiantes secundarios apuestan por reiniciar las movilizaciones del 2011. Román sostiene que “la rabia ya está organizada, no sólo como movimiento estudiantil. Se trata ahora de sumar las demandas sociales para atacar la raíz del problema, que es la clase política. No esperamos pedirle soluciones a ellos, sino que éstas vendrán de nosotros”.

 Mauricio Becerra R.

@kalidoscop

El Ciudadano

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