¡¿Con qué moral podemos hablar de democracia en otros países?!

En los último días hemos visto un derroche de integridad valórica para calificar a los demás países, esto bajo el aprovechamiento de un nuevo espacio mediático para mostrarse.

Estamos llenos de opinólogos internacionales pregonando sobre si ese o tal país es dictadura o democracia; hablando con tal soltura que parecieran personajes originarios de otro planeta, apuntando con el dedo, como quien mira la paja en el ojo ajeno.

¿De verdad creemos los chilenos que tenemos moral institucional para hablar de lo que es una democracia y para clasificar en qué país la hay o no? ¿Estamos seguros que vivimos una democracia real, representativa y participativa por todos los ciudadanos?

Muchas veces pareciera que se nos olvidan ciertos aspectos que nos quitan toda esa moralidad para poder apuntar con el dedo a los demás ¿O nos parece lógico y democrático que nuestra constitución, que viene de una dictadura, aún no se haya cambiado?

En general antes de referirnos a los otros, primero deberíamos apuntar hacia dentro y las cosas que naturalizamos.

Ya está casi normalizado que nuestros gobiernos terminen su mandato y comiencen con el desfile en tribunales; que los ministros realicen acciones políticas con las mismas corporaciones en las que trabajaron y trabajarán terminando su periodo; que los alcaldes comiencen sus obras pocos meses antes de las elecciones y traten a las organizaciones sociales de manera asistencialista a cambio de favores, para así mantener la dependencia;  que algunos en el Congreso legislan en base a un mail que algún financista les envía; que quienes están para resguardar a la ciudadanía, se han transformado en los enemigos de nuestros pueblos originarios;  que un dictador haya terminado de senador de la República, y eso que estos hechos son una pincelada del popurrí de escándalos y conductas normalizadas en nuestra “tan honorable” nación.

No podemos hablar de democracia plena solo por llamar a la gente cada cuatro años para que entregue un voto, si teniendo autoridades elegidas por elección popular menosprecian las manifestaciones y las demandas ciudadanas. Tenemos un Tribunal Constitucional que solamente protege los intereses económicos y valóricos de un grupo muy menor, imponiéndose por sobre los avances y acuerdos sociales.

Es innegable el poder que genera el dinero en la política y se manifiesta tangiblemente en una campaña electoral; esto es totalmente relevante y alarmante. Los candidatos que despliegan más propaganda y tienen más contactos (obtenidos por su familia–amigos- ex compañeros de estudios), son sin duda los que se hacen reconocidos más rápido, los medios los toman como un referente popular y los invitan a sus programas. Así es como el sujeto en cuestión comienza a dominar los espacios políticos, debate con otro que puede tener un color distinto, pero del mismo origen, y vamos coartando la opción del ciudadano para elegir.

No digamos tampoco que los medios de comunicación ayudan a entregar información pluralista o  mostrar todas las voces y posturas existentes. Por el contrario, han sido el blindaje perfecto para este sistema, manteniendo por muchos años una lógica política binominal, claramente con intereses de sus grupos económicos, dueños de espacios vitales de discusión para una sociedad ¿A caso podemos llamar a una sociedad totalmente libre, cuando los medios son propiedad de un par de familias, administrando la información con fines de lucro?

¿Seguro que queremos llamar democracia a esto? Sobre todo si lo nombrado es solo una pizca. Sin mencionar los problemas de corrupción o los acuerdos entre el duopolio político para seguir sosteniendo un sistema, a espalda de la gente.

En el mejor de los contextos, podemos nombrarnos como un intento de democracia, buscando la representación de pocos espacios y que esto les traiga beneficios a algunos.

Podemos impulsar ese “intento democrático” para acercarnos a una democracia real, pero esa labor no es solo de quienes participan de la política partidista; también depende mucho del involucramiento social y cultural de la ciudadanía.

Por Cristóbal Mardones

Secretario del Partido Humanista Regional Metropolitano