Durante 24 horas, la nación suramericana tuvo dos presidentes, luego de que el Congreso de la República juramentara a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como Jefa de Estado, aunque luego ella se viera obligada a renunciar ante el apoyo que las Fuerzas Armadas brindaron a Vizcarra y entonces prefirió llamar a un adelanto de elecciones generales
Perú se encuentra sumido en una crisis política, en la que durante 24 horas dos personas proclamaban ser, cada uno por su lado, el Presidente de la República, y en la que hay poca claridad sobre cuáles serán los siguientes pasos.
Este lunes, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra, luego de que éste decidiera su disolución y procedió a juramentar en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, en medio de un enfrentamiento entre ambos poderes por un proyecto para modificar la manera de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional.
Minutos antes, Vizcarra había decretado la disolución del Congreso y convocado elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020.
El Mandatario se basó en el artículo 134 de la Constitución de Perú, se contempla la facultad del Presidente para disolver el Congreso «si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de ministros».
El último suceso similar ocurrió en 1992, cuando el expresidente Alberto Fujimori alegó obstrucción del Parlamento en temas de seguridad y economía, aunque sus críticos afirmaron que fue para ocultar varias investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.
Horas después del anuncio, el Congreso aprobó suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por «incapacidad temporal» y juramentó a la Aráoz como «presidenta en funciones» del país. Sin embargo, el pleno del legislativo no contaba con que solo 24 horas después Aráoz renunciaría a todos sus cargos en el Ejecutivo.
“Pleno aprueba la Moción de Orden del Día 10651, que declara la incapacidad temporal del Presidente de la República por propiciar la ruptura del orden constitucional”, comunicó el Congreso en su cuenta en la red social Twitter.
La publicación estuvo acompañada de una fotografía del panel de votación con 84 legisladores opositores a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, pese a que el pleno está compuesto por 130 congresistas y que el número para aprobarse la destitución debe ser mayor según la Constitución.
Historia de un conflicto
Para comprender la crisis política peruana es preciso recordar que Vizcarra asumió su cargo en marzo de 2018, luego de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski renunciara tras ser acusado por corrupción.
La imagen de Kuczynski, que había ganado las elecciones en 2016, se vio manchada por la trama de la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar a funcionarios locales para ganar licitaciones. En la investigación también fueron acusados los últimos cuatro presidentes peruanos.
Vizcarra, que era vicepresidente de Kuczynski, asumió con la promesa de poner a fin a la corrupción y desde el inicio de su mandato ha tenido una tensa relación con el Congreso, integrado en su mayoría por el bloque de Fuerza Popular, alineado al fujimorismo.
La tensión tuvo un pico máximo en julio pasado, cuando el Presidente envió un proyecto que contemplaba el adelanto de las elecciones presidenciales y legislativas para el 2020.
El Mandatario quiere ir a las unas para obtener legitimidad y además terminar con la mayoría legislativa del fujimorismo, al que acusa de bloquear las medidas del Ejecutivo.
Por su lado, los legisladores de Fuerza Popular y sus aliados de derecha rechazaron de plano la propuesta, porque además de poner en juego su mayoría, muchos de ellos no podrían ser reelectos, de acuerdo con una de las últimas medidas que tomó el Ejecutivo.
La intención de Vizcarra generó mucho malestar no solo en la oposición, sino también en figuras políticas de su propio partido, como la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
¿Quién es Mercedes Aráoz?
El nombre de Mercedes Aráoz empezó a sonar la política durante el gobierno aprista de Alan García, en el que lideró el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, luego el de Producción y finalmente el de Economía y Finanzas.
Antes había sido representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México y asesora del Ministerio de Comercio de Perú, donde ayudó a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Una vez finalizada la era García, fue una de las piezas claves junto con el propio Martín Vizcarra en la candidatura de Kuzcynski, en la que participó en la fórmula como aspirante a la segunda vicepresidenta.
Con Kuzcynski en el poder, Aráoz fue elegida miembro del Congreso, representando al partido político de derecha Peruanos Por el Kambio (PPK).
Un año más tarde fue nombrada presidenta del Consejo de Ministros y, después de la renuncia de Kuzcynski en 2018, se convirtió en la vicepresidenta única, debido a que Martín Vizcarra, el otro vicepresidente, asumió la presidencia.
En agosto pasado anunció que abandonaba las filas del oficialismo y este lunes, con apoyo del fujimorismo, juró como presidenta interina.
“La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra. Estoy asumiendo temporalmente la Presidencia de la República«, declaró. No obstante, se retractaría de su decisión solo un día después.
Aráoz tachó de «ilegal» la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso y alegó que asume la presidencia debido a que el Mandatario «ha fallado al no cumplir con tres artículos constitucionales».
Asimismo, dijo estar tomando «una de las decisiones más difíciles» en su vida, ya que «lo más fácil hubiera sido renunciar», pero aseguró que ella es «una mujer de principios» que no huye de sus responsabilidades.
«No impongamos nuestras ideas al otro. Con la violencia y la falta de respeto a nuestras instituciones no vamos a crear una patria duradera», advirtió.
En su discurso, anunció que convocaría a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para pedirle que ayude a Perú «a tener un espacio de reconciliación y diálogo profundo, donde participen todas las fuerzas políticas y sociales».
Pugna por la elección de los magistrados
Tras la polémica generada por el intento de adelantar las elecciones, Vizcarra volvió a chocar con los integrantes del poder legislativo por un proyecto para modificar el método de selección de integrantes del Tribunal Constitucional que presentó mediante una moción de confianza.
El Congreso tenía que elegir a seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, lo que podría alterar el equilibrio de fuerzas en el seno del órgano judicial
La comisión creada para este fin propuso la semana pasada una lista elaborada de manera exprés con 11 candidatos para las seis plazas habilitadas.
Vizcarra consideró que este proceso no era transparente y no garantizaba la división de poderes en la nación, por lo que introdujo una moción de confianza, un procedimiento habilitado constitucionalmente para armonizar la relación entre poderes.
Sin embargo, entre protestas de algunos legisladores de izquierda y liberales, la plenaria del Congreso votó el lunes para elegir al primer nuevo miembro del Tribunal, el jurista Gonzalo Ortíz de Zevallos, quien es primo-hermano del presidente del órgano legislativo, Pedro Olaechea.
La urgencia de las bancadas de Fuerza Popular y del Partido Aprista de asegurarse la mayoría de votos en el Constitucional se debe a que sus principales líderes son investigados por dos grandes casos de corrupción. El primero, vinculado a pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, por fondos de campaña y sobornos. Y el segundo, relacionado con una trama ilegal que operaba en el sistema llamada Cuellos Blancos del Puerto
Vizcarra acusó a la oposición de intentar utilizar el Congreso y los tribunales para protegerse de las investigaciones criminales en curso.
«La mayoría parlamentaria recurre a innumerables argumentos y trucos, destinados a dañar no solo al gobierno sino a la sociedad en general», dijo en un discurso televisado, reseñó BBC Mundo.
¿Libertad para los Fujimori?
La elección de miembros del Tribunal Constitucional es de suma importancia y puede terminar resolviendo la disputa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, y también decidir fallos importantes como otorgar la libertad o no a los políticos envueltos en corrupción.
El Tribunal tiene que resolver el recurso presentado por la defensa de Keiko Fujimori para anular la prisión preventiva que cumple desde octubre de 2018, mientras es investigada por supuesto lavado de activos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El pasado 12 de septiembre, la Corte Suprema redujo la orden inicial de 36 meses de prisión preventiva a 18, que se cumplirán el próximo abril.
Entre los nombres sugeridos en la lista del comité del Congreso para renovar el Tribunal está el de Wilber Medina, quien se manifestó recientemente en redes sociales a favor de la anulación de prisión preventiva contra Fujimori.
El máximo tribunal también tiene que resolver un recurso presentado el pasado 20 de septiembre para lograr la libertad del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y padre de Keiko.
El recurso fue presentado por un ciudadano sin aparentes vínculos con el exgobernante, quien pidió la anulación de las resoluciones judiciales que revirtieron el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Kuczynski.
Este indulto fue anulado por la justicia al considerar que el proceso para indultar a Fujimori fue irregular por no cumplir los plazos ni requisitos y darse aparentemente como parte de una negociación para liberar al expresidente, a cambio de que el fujimorismo no destituyera a Kuczynski en el Congreso.
Voces a favor y en contra
La situación política de Perú está totalmente polarizada entre quienes respaldan a Vizcarra y los que apoyan la decisión del Congreso.
Para la diputada del Partido Fuerza Popular, Luz Salgado, Vizcarra dio un golpe de Estado, pues al “no querer aceptar que tiene una oposición con la que debe lidiar políticamente en el Congreso, optó por lo más sencillo, por disolver (el Congreso)”.
“El Congreso por mandato constitucional ha seguido la línea de sucesión, y así como Vizcarra realizó la suspensión, asume la segunda vicepresidenta, para eso elegimos dos vicepresidentes, para que en caso de que no pueda uno, asuma el otro. En este caso le toca a la congresista y ahora Presidenta encargada Mercedes Aráoz”.
A juicio de la congresista Tania Pariona, del Partido Nuevo Perú, indicó que el mandatario cumplió con todos los requisitos constitucionales para la disolución del Congreso.
“Fue una demanda expresada por muchísimo tiempo por parte de la ciudadanía ante una representación política totalmente desacreditada, con vínculos nefastos con personajes involucrados en corrupción. Perú ha vivido un contexto bastante tenso a partir de las revelaciones de Odebrecht y Lava Jato y todo esto ha generado que en el Parlamento algunas fuerzas políticas usen justamente su investidura para blindar, proteger y hacer cambios en la legislación nacional y flexibilizar algunas sanciones o procedimientos para determinadas investigaciones”, dijo citada por el portal La Tercera.
Señaló que la juramentación de Aráoz no tiene ningún valor jurídico, “porque una vez dada la disolución a través del mensaje del presidente Vizcarra ya no hay Congreso”.
“Sin embargo, en el Parlamento los partidos del fujimorismo, el Apra y otras bancadas procedieron como si nada ocurriera y lo que generaron fue una autodisolución por la denegatoria de esta cuestión de confianza”, subrayó.
Apoyo del Ejército y la Policía
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional manifestaron su respaldo a Martín Vizcarra.
”El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente, Martín Vizcarra, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”, comunicó la Presidencia en su cuenta en Twitter.
Por su parte, la Policía Nacional también aseguró que mantendrán el orden interno y garantizarán el cumplimiento de las leyes.
¿Qué dice la OEA?
La Secretaría General de la OEA emitió un comunicado en el que afirmó que es el pueblo peruano el que debe decidir en las urnas la grave poralización política que atraviesa el país.
El secretario general del organismo, Luis Almagro, señalo que es positivo que las elecciones al nuevo Parlamento, convocadas por el presidente Vizcarra, hayan sido llamadas «conforme a los plazos constitucionales».
En un comunicado señaló que «compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteamientos que realicen los actores políticos».
Del mismo modo, refirió que es deseable «que las partes realicen gestos que propicien la calma ante la crisis. Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses a través de distintos puntos de posible escalada de conflictos sectoriales que, si bien son ajenos a la crisis de referencia, podrían complicar la coyuntura».
Nueva crisis política
Mientras en Perú continúa una batalla de opiniones acerca del nuevo escenario político, el titular del Congreso, Pedro Olaechea, aseguró que estará al frente de la Comisión Permanente que hará las veces del legislativo, hasta que asuma el nuevo parlamento.
“Yo por el momento soy presidente de la Comisión Permanente, afirmó en conferencia de prensa con medios internacionales.
Señaló que la disolución del Congreso fue una medida “ilegal”, puesto que -sostuvo- fue realizada después de que Vizcarra fuera suspendido por el Legislativo.
“Nosotros lo hemos suspendido antes de que haya podido disolver el Congreso de manera extraña, ilegal. (…) Primero fue la suspensión del presidente por un año”, refirió citado por RPP.
Denunció que que a algunos trabajadores se les ha impedido el ingreso al Legislativo, por parte de la Policía.
Martín Vizcarra nombró como nuevo presidente del Consejo de Ministros a Vicente Zeballos, quien es congresista del partido de Gobierno, era el Ministro de Justicia y uno de sus más importantes consejeros políticos,. Se espera que pronto anuncie a los nuevos integrantes de su Gabinete.
La renuncia de la Vicepresidenta convertida en Presidenta
En un giro inesperado, Mercedes Aráoz renunció la noche del martes «irrevocablemente» a su cargo como vicepresidenta de Perú y, con él, al puesto de «presidenta en funciones» del país.
«La razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional en el Perú», expuso en su carta de renuncia dirigida a Pedro Olaechea.
«Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país», agregó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Indicó que tras el pronunciamiento de la OEA, que señaló que el Tribunal Constitucional (TC) debe pronunciarse sobre la situación política, “no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República”.
Por su parte, el titular del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, descartó asumir el Poder Ejecutivo tras la renuncia de Aráoz, ya que no cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, alertó que se está generando «una posibilidad de que el país entre en un esquema de ruptura constitucional que todos queremos evitar».
Mientras tanto, la sociedad peruana se encuentra a la espera de cuál será el desenlace de esta trama y afronta una nueva crisis política.
Cientos de ciudadanos han salido a las calles de Lima a manifestar su apoyo a Vizcarra y protestar contra la corrupción en el Congreso.
Cabe destacar que los últimos mandatarios peruanos han estado involucrados de una manera u otra en casos de corrupción. Alan García (1985-1990 y 2006-2011), se suicidó en abril pasado cuando la policía iba a buscarlo a su casa para detenerlo. Ollanta Humala (2011-2015) está preso en Perú, Alejandro Toledo (2001-2006) detenido en Estados Unidos, y Pedro Pablo Kuczynski (2015-2018) bajo arresto domiciliario. A ellos se suma Alberto Fujimori (1990-2000), condenado también por violaciones masivas de los derechos humanos, además de delitos de corrupción.
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