Tras ser absuelto en 2019 de todos los cargos que se le imputaban y haber permanecido casi dos años en prisión, el expresidente del Fútbol Club Barcelona ha decidido demandar a la jueza instructora del caso e interponer una demanda al Estado español valorada en más de 10 millones de euros por el daño causado a su imagen.
Sandro Rosell fue detenido en 2017 junto a cuatro de sus socios tras ser acusado de blanqueo de capitales y organización criminal dentro del marco de la Operación Rimet. La investigación a Rosell se inició en 2015 cuando se destapó una trama de comisiones ilegales y sobornos en el seno de la FIFA.
En febrero de 2019, Rosell fue puesto en libertad y un año más tarde ha decidido preparar una querella contra la jueza del Tribunal Supremo que llevó su caso, Carmen Lamela, por prevaricación y ocultación de pruebas que le eran favorables. Asimismo, tiene previsto demandar al Estado por más de 10 millones de euros en una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Estado y por el daño causado a su imagen.
Tanto él como su socio Joan Besolí estuvieron 21 meses encarcelados. Solicitaron la libertad en numerosas ocasiones ante la jueza instructora del caso y ante la Sala de lo Penal, pero sus peticiones no fueron escuchadas hasta el día del juicio. La Fiscalía de la Audiencia Nacional llegó a pedir 11 años de prisión y una multa de 59 millones contra él por los presuntos delitos, pero durante el pleito se rebajó a 6 por un «error en la valoración de la prueba».
«La operación guarda relación con los años en los que Rosell estableció acuerdos empresariales con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), antes de llegar a la presidencia del FC Barcelona. A través de su compañía —Ailanto Marketing— explotó durante años los derechos deportivos de la selección brasileña, a través de cuyos partidos amistosos Rosell habría cobrado comisiones que la Audiencia considera irregulares. Para esquivar su detección, el dinero habría sido desviado a fondos opacos», según informó el diario español El Confidencial.
La Audiencia no pudo encontrar pruebas para demostrar una ilegalidad en la comisión que Rosell cobró por mediar en esos acuerdos, según afirman diarios españoles. Tampoco pudieron demostrar que hubiera lavado el dinero de dicha operación con la simulación de la venta de su empresa de publicidad, Bonus Sports Marketing, como consideró el ministerio público y por lo que mantuvo su acusación.
Cortesía de Sputnik
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