Los nietos de Francisco Franco han presentado una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la inhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos para ser posteriormente inhumado en el cementerio de Mingorrubio, en la localidad madrileña de El Pardo, donde se encontraban ya los restos de su esposa.
La demanda presentada por la familia Martínez-Bordiu Franco argumenta que tanto los acuerdos del Consejo de Ministros de España, tomados en febrero y marzo de 2019, que aprobaban la exhumación y la inhumación posterior, como las resoluciones de los tribunales Supremo y Constitucional, que los avalaba, vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Así, los nietos del dictador alegan que se ha vulnerado el derecho a la vida privada y familiar, la prohibición de discriminación y el derecho a un proceso equitativo.
Ley singular y voluntad de la familia
Los demandantes sostienen que la exhumación se fundamentó en una ley que no cumple los requisitos de generalidad y claridad exigidos por el convenio europeo, porque bajo la apariencia de una legislación general e imparcial, solo se encontraba el objetivo de proceder exclusivamente a la exhumación de los restos mortales de Franco.
Por ese motivo, la demanda afirma que se trata de una ley singular que, además, altera y disminuye las garantías del derecho a disponer de los restos mortales de los familiares fallecidos.
Asimismo, también se denuncia que se ignorara la voluntad de la familia sobre el lugar de reinhumación y se fijara arbitrariamente un lugar de titularidad estatal contra la voluntad expresa de la familia.
Más de cuatro décadas de polémica
El mausoleo del Valle de los Caídos fue levantado por orden del dictador por mano de obra de presos políticos, muchos de los cuales se encuentran entre los 33.000 cadáveres que acoge la Basílica del enclave monumental. Más de un tercio de ellos permanecen aún sin identificar, y una gran parte reposa allí después de que sus cuerpos fueran trasladados sin consentimiento o con el desconocimiento de sus familiares.
El conjunto monumental, que acoge a combatientes de ambos bandos durante la guerra civil, es considerado como la mayor fosa común del país. Por ello, ha sido objeto de innumerables críticas por ser el único monumento a un dirigente fascista europeo que queda en pie.
La ubicación de los restos de quien encabezó una dictadura de casi cuatro décadas, frente al altar de una Basílica, en un lugar preeminente, en un monumento de esas características, suponía una circunstancia única en el continente.
Franco fue enterrado en esa ubicación el 23 de noviembre de 1975. Desde entonces, este lugar se había convertido en punto de peregrinación para franquistas y turistas. La exhumación de sus restos fue una de las medidas estrella prometidas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
El proceso de exhumación tuvo que superar numerosos obstáculos jurídicos, sobre todo por la oposición frontal de los familiares del dictador, que intentaron detener la exhumación por medio de diversos recursos judiciales, y proponiendo como alternativa su entierro en la catedral de la Almudena, en pleno corazón de Madrid.
Cortesía de RT
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