Con una denuncia interpuesta en la Contraloría General de la República, la concejala de Santiago (PC) y candidata a alcaldesa, Hirasí Hasler, hizo pública la denuncia de un ex profesor del Internado Barros Arana (INBA), sobre una articulación de espionaje implantada en el centro educacional.
La organización de este seguimiento era coordinada a través de un grupo de WhatsApp llamado “INBA-CC”, creado por el funcionario de la Dirección de Educación Municipal (DEM) Roberto Sánchez, ordenado por el alcalde Andrés Alessandri.
El grupo, según reveló un reportaje del medio Interferencia, estaba integrado por carabineros de alto rango de la 22° Comisaría de Quinta Normal, docentes del internado -algunos agregados a la articulación sin su consentimiento-, el ex rector del establecimiento, Jaime Uribe, la rectora subrogante Ana María Gajardo, y otros tres trabajadores; teniendo como objetivo obtener las identidades y procesar la expulsión de estudiantes que formaban parte de los «corta calles» durante las manifestaciones en las inmediaciones del establecimiento.
Violación de derechos y otros grupos en establecimientos
En la denuncia se consigna que “la DEM recibía constantemente informes de Carabineros de Chile, los que contenían los nombres de estudiantes que fuesen detenidos.
Con dicha información la DEM ejercía presión sobre los directivos de los establecimientos educacionales para que estudiantes fuesen sancionados con la expulsión. De esta manera, el eje central de la política de convivencia escolar de la gestión educativa de la Municipalidad es la persecución y expulsión de estudiantes.”
Según consigna el reportaje, el profesor que denunció sobre esta articulación ilícita, explicó que se mantuvo bajo peligro durante su estadía en el establecimiento, y el hecho que lo agregaran a la articulación, lo mantuvo mucho más en alerta y en una inminente situación de riesgo, tanto por estudiantes como por las mismas autoridades que lo agregaron a este grupo.
La denuncia formal, señala que en este espacio se difundieron imágenes de menores de edad, material sensible como sus nombres, Rut y fotos de sus carnets de identidad, además de los registros de drones en las manifestaciones de 2019 (previo al estallido social) para identificar a los estudiantes que eran parte de estas y amedrentarlos con sanciones en el establecimiento.
Según la concejala denunciante, esta acción es “tremendamente grave y una vulneración directa a los derechos de los niños y adolescentes y su derecho a la privacidad. Son menores de edad de los que han compartido fotografías, han compartido sus controles de identidad, entre otros elementos y eso es tremendamente preocupante”.
Al consultarle a Hirasí Hasler respecto a las consecuencias del espionaje a los menores, la concejala señaló a El Ciudadano que “hubo una serie de expulsiones por parte de la administración del alcalde Alessandri, que hoy nos percatamos que van posiblemente vinculadas con esta articulación de este grupo de WhatsApp”.
Agregando que esta situación en el INBA era totalmente desconocida para ella, y que al recibir nuevos antecedentes durante la jornada, se ha abierto la posibilidad de que “pudiera haber otros grupos como este en otros establecimientos.”
Según la concejala y candidata a la alcaldía de Santiago, este accionar grave es “una consecuencia directa de la mano de Aula Segura” sin embargo, la militante del PC aclaró que en el establecimiento las consecuencias de esta articulación no fueron efectivas
“Al menos en el INBA, y con las expulsiones que han sucedido, varias han ido a juicio, pero ha perdido el municipio por no contar con antecedentes justamente para expulsar estudiantes.”
¿Qué normas rompe esta articulación?
En el documento presentado por la concejala a la Contraloría de la República, después de recibir la carta anónima del profesor del INBA, se acusa a los funcionarios Roberto Sánchez, Roberto Matos, Diego Piedra, Jaime Uribe y Ana María Gajardo, a los Carabineros implicados y presuntamente al alcalde Felipe Alessandri.
“Por graves afectaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes matriculados en el establecimiento educacional”, persecución y vulneración de derechos e “infracciones a la probidad administrativa”, según las normas de la Contraloría, relacionadas al amedrentamiento a los docentes que fueron agregados a la articulación sin su consentimiento.
A parte de la denuncia presentada al Contralor General de la República Jorge Bermúdez Soto, Hirasí Hasler comentó a nuestro medio que “interpelaremos al alcalde Alessandri en el consejo municipal de hoy también, y esperamos que los distintos organismos de la justicia y también de la política puedan hacerse parte con su rol y poder buscar justicia ante esta situación.”
Al cierre de la entrevista, la concejala fue enfática al condenar estos actos por parte de la DEM en conjunto con Carabineros y el municipio, exigiendo explicaciones a Alessandri y su responsabilidad tanto judicial como política en esta vejación a los derechos de los niños y adolescentes
“Esto no puede seguir pasando en nuestros establecimientos educacionales, por eso hay responsabilidades que tienen que asumirse, tanto del alcalde Alessandri a quien hemos exigido, primero que todo una explicación y responder sobre la información que éste opera también en otros establecimientos y luego la responsabilidad política.”
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