Ni monedas, ni billetes: oro. A cambio de ese metal precioso, los mineros ilegales del norte de Brasil, conocidos como los ‘garimpeiros’ están comprando su acceso a la vacuna contra el covid-19, a pesar de que esas dosis están destinadas a la inmunización de la población indígena Yanomami.
La denuncia fue hecha esta semana por la asociación Hutukara –la principal organización Yanomami del estado de Roraima–, mediante una carta dirigida al Ministerio de Salud, que fue reproducida por medios locales. En la misiva, el líder indígena Dario Kopenawa alertó que apenas dos de los 37 centros de salud habilitados en la zona han cumplido con la meta de inmunizar al total de la población adyacente.
La razón detrás de ese rezago, según la asociación, es que los mineros ilegales que depredan la selva de Brasil pueden pagar con oro a los médicos que distribuyen la vacuna. Tras la denuncia, el Ministerio Público General en Roraima (MPF-RR) prometió abrir una investigación para determinar la presunta responsabilidad de las personas señaladas en el informe de Hutukara.
«El Ministerio Público Federal informa que luego de las investigaciones, tomará las medidas oportunas para la rendición de cuentas de las personas involucradas», indicó la institución. Desde el Ministerio de Salud también han prometido adelantar pesquisas y, de confirmarse, despedir a los empleados y presentar una denuncia formal ante la Fiscalía.
¿Qué hay detrás de las denuncias?
Según los datos más recientes del Ministerio de Salud de Brasil, se han distribuido hasta la fecha 15.396 dosis de las vacunas a la población Yanomami y de esa cifra, 3.655 han sido efectivamente aplicadas, es decir, apenas 22,02 %. Los fármacos que se distribuyen a esas poblaciones son los del Instituto Butantan, que importa y desarrolla CoronaVac del laboratorio chino Sinovac, y Fiocruz, que produce también a nivel local con insumos importados de la vacuna de AstraZeneca-Universidad de Oxford.
La asociación Yanomami Hutukara detalló que en enero el DSEI-Y había recibido 26.222 dosis de la vacuna, suficientes para vacunar al 100 % de la población Yanomami mayor de 18 años, sin embargo, aún hay comunidades enteras donde no hay ni un solo inmunizado.
Pero hay otro dato importante en la ecuación. Si bien el Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y) contempla la atención a más de 28.000 habitantes de esa etnia, que habitan entre los estados Amazonas y Roraima, en el norte del Brasil, limítrofe con Venezuela, el Ministerio Público Federal estima que en la zona hay más de 20.000 mineros ilegales, un número casi similar a la totalidad de la población originaria.
La penetración de estos ‘garimpeiros’ no es nueva. El asunto es que ahora no solo implica la depredación de la selva para la extracción de oro y la colonización en territorios indígenas, sino que estaría poniendo en jaque la salud de las poblaciones originarias y su posible acceso a la vacuna contra el covid-19, en un país que a la fecha acumula más de 13,6 millones de contagios y más de 360.000 muertes.
El mecanismo de «trueque» de las vacunas a cambio de oro se habría observado por primera vez en enero, en la región Homoxi, cuando un empleado del DSEI-Y proporcionó el fármaco a los mineros. El patrón se habría repetido después en la comunidad de Uxiu, donde un técnico de enfermería habría trasladado varias dosis a los campamentos de ‘garimpeiros’, denunció Hutukara.
«Esta información es verdadera, dada por los líderes de estos lugares. En estas regiones es bastante común intercambiar materiales por oro, como medicinas, y lamentablemente, en ocasiones estos profesionales terminan dejándose llevar», alertó el vicepresidente de la asociación Yanomami, Dario Kopenawa.
El panorama se agrava en la medida en que los mineros ilegales empiezan a difundir noticias falsas de la vacunación, como el supuesto deseo del Gobierno de ‘matar’ a los indígenas con esas dosis, lo que ha provocado que muchos miembros de la comunidad Yanomami no quieran inmunizarse.
De hecho, en denuncias anteriores, Hutukara advirtió que en algunas comunidades no se había vacunado a ningún indígena porque muchos de los habitantes se negaron a recibir las dosis. ¿La razón? El miedo por una noticia falsa.
«Estamos muy preocupados, porque si el familiar no se vacuna, se contagiará e infectará a la comunidad», dijo Kopenawa. Hasta marzo, el covid-19 había provocado al menos 23 muertes en ese territorio indígena.
Fallas estructurales
Sin embargo, el problema de la atención a los Yanomami trasciende a este coyuntura. En el comunicado que emitió Hutukara a inicios de este mes, la asociación se quejaba de las «fallas estructurales» que arrastraba el sistema de salud y atención social en esas comunidades, y que ahora se evidencia con mayor fuerza en medio de la pandemia.
Una investigación publicada esta semana por Repórter Brasil reveló las múltiples irregularidades que hay en la gestión de los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas, donde abundan la designación de personal sin experiencia en salud general o indígena, los constantes cambios de funcionarios y las sospechas de sobrefacturación en contratos de suministro de insumos hospitalarios, lo que agrava aún más la situación de esas comunidades. Además, según los datos hasta 2020, el presupuesto asignado para la atención de los pueblos originarios es el menor en ocho años.
En el caso específico de los Yanomami, la investigación apunta al mayor del Ejército Francisco Dias Nascimento Filho, designado para coordinar DSEI-Y en julio de 2019, quien fue señalado por los miembros de la comunidad indígena de haber acudido a la zona armado e intimidando a la población.
El factor común es que a esas debilidades heredadas se suma el avance del control de los garimpeiros que, según denuncian las organizaciones indígenas, también han tomado el control de sus territorios impidiendo el funcionamiento de los centros de salud donde se aplican las vacunas.
Además, los líderes Yanomami denuncian las «presiones» que hay ante instancias locales para «desviar» hacia las poblaciones urbanas las dosis reservadas a los indígenas que aún no han sido aplicadas. El argumento que han dado las autoridades para hacer esta propuesta es la supuesta dificultad «logística» para suministrar los fármacos, una cuestión que ha sido desmentida por la asociación Hutukara y que pone en riesgo a esa comunidad de quedar definitivamente fuera de la inmunización.
A mediados del año pasado, el Ministerio Público Federal determinó la reactivación de las Bases de Protección Etnoambiental en los territorios Yanomami en medio de la pandemia, reconociendo que estaban en mayor riesgo por el avance desmedido de la minería ilegal. En esa oportunidad, el Fiscal General Alisson Marugal dejó asentada la «violación sistemática e histórica» de los derechos de esa comunidad, «víctimas de la falta de contención del Estado a los mineros, desde la década de 1970».
«La Tierra Indígena Yanomami es aún más vulnerable a la pandemia del covid-19, dejando a las personas que viven allí constantemente riesgo de una aceleración repentina e incontrolada de la infección, sin la protección epidemiológica necesaria, especialmente los pueblos aislados, que están expuestos a un riesgo concreto de genocidio», argumentó. Sin embargo, esas advertencias no parecen haber frenado la presencia de los mineros ilegales.
De acuerdo al monitoreo realizado por la asociación Hutukara y Wanasseduume Ye’kwana, en coordinación con el Instituto Socioambiental (ISA), solo en 2020 los garimpeiros depredaron 30 % más de los territorios Yanomami, destruyendo el equivalente a 500 campos de fútbol. Así, mientras la minería ilegal sigue ocupando el territorio ancestral, dejando cicatrices imborrables en la selva, los derechos de sus habitantes originarios ven amenazada su existencia por partida doble: con una nueva pandemia y con la vieja e insaciable fiebre del oro.
Cortesía de Nazareth Balbás RT
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