Observatorio de la Ibero reprueba permanencia del ministro Zaldívar

Por Esther Sánchez

El Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, de la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA), consideró que la aprobación, en la Cámara de Diputados, para extender por dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en el Consejo de la Judicatura Federal, quebranta el Estado democrático de Derecho; además, esta acción desconoce la Constitución.

El Observatorio de Participación Social, y Calidad Democrática, reprobó esta decisión, y exhortó al Poder Legislativo a apegarse a los límites del pacto fundamental que representa la Constitución; consideró que se traspasaron los límites, situación que se traduce en una traición a la democracia constitucional.

La Corte emitirá un fallo

Respecto a la situación es de esperar que legisladores y legisladoras que votaron en contra de dicho artículo transitorio, interpongan acciones de inconstitucionalidad; sin embargo, será la misma Corte la que finalmente examine la constitucionalidad y dé un veredicto.

Se hace referencia también a que diversos juristas, especialistas, organismos internacionales, y colegios de abogados; se han pronunciado en torno al tema y a la evidente inconstitucionalidad del precepto; con lo que se asegura y se evidencia un comportamiento legislativo engañoso y desafiante.

Juicio de la Corte interamericana

La Corte interamericana de derechos humanos ha explicado que las autoridades públicas deben abstenerse de realizar injerencias indebidas en el poder judicial, en sus integrantes.

Morena “arrasó” en los votos

Cabe recordar que la votación mayoritaria fue encabezada por el partido Morena, en ambas Cámaras federales, a favor de esta disposición. La cual fue introducida de última hora por un senador del Partido Verde; durante el debate legislativo que tuvo lugar en el Senado de la República el pasado 15 de abril.

Aunado a esto, en torno a este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que las autoridades públicas deben abstenerse de realizar injerencias indebidas en el poder judicial y en sus integrantes; por ello se considera que no sólo se empaña la reforma de gran calado que busca desterrar del Poder Judicial las prácticas de corrupción y nepotismo; sino que se rebasa abiertamente todos límites constitucionales.