Reforma electoral: entre declaraciones y estrategias de propaganda

Por Juan Omar Fierro

La reforma electoral que ha perfilado el presidente Andrés Manuel López Obrador es inviable; hay más un afán propagandístico de desacreditar a las actuales autoridades electorales que condiciones reales para fusionar al Instituto Nacional Electoral (INE) con el Poder Judicial de la Federación (PJF) o que se descentralice parte de sus funciones, advierten tres exconsejeros electorales.

Para el exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente también del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, las declaraciones del presidente sobre la posibilidad de que el PJF absorba al INE obedecieron a “una estrategia política” para descalificar a las actuales autoridades electorales de cara a los comicios del 6 de junio.

Sánchez Gutiérrez agregó que, más allá de las propuestas, es necesario que cualquier reforma en materia electoral sea aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas, como ha sucedido en el pasado, y destacó que no fueron propuestas del partido en el gobierno, sino de fuerzas opositoras que exigían mayor equidad en los procesos electorales.

Para la exconsejera Pamela San Martín Ríos y Valles, no es viable que todas las funciones administrativas y organizativas del INE sean transferidas al PJF, puesto que organizar una jornada electoral requiere de atribuciones administrativas que no tienen y no existen en su interior.

Sin embargo, San Martín advierte que antes de comenzar a hablar de una reforma electoral de grandes magnitudes, es necesario que todos los grupos parlamentarios, incluyendo Morena, presenten una iniciativa de ley en la materia, ya que en la actual Legislatura, iniciada en diciembre de 2018, no se han presentado propuestas concretas de ningún grupo parlamentario para modificar las leyes electorales rumbo a 2024.

A su vez, el expresidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, señala que el modelo electoral de México ha sido fuente de inspiración en otros países de América Latina y El Caribe, por lo que incluso en República Dominicana recientemente se aprobó una reforma electoral para crear una Junta Central Electoral, similar al INE, mientras que las impugnaciones tendrán que ser resueltas por una Sala Especial de la Corte, presidida por un magistrado que está a punto de pasar al retiro.

El exconsejero y actual catedrático universitario considera que abatir los costos de operación del INE tampoco es un argumento para aprobar una reforma electoral hecha al vapor, puesto que las funciones administrativas que le corresponden al instituto tendrían que ser transferidas a otras dependencias o instituciones de gobierno, las cuales estarían obligadas a realizar nuevas contrataciones y a exigir mayor presupuesto para cumplir sus nuevas funciones.

“El PJ, sin atribuciones administrativas”

Para Pamela San Martín, las declaraciones de López Obrador sobre la necesidad de aprobar una reforma electoral “son absolutamente válidas”, pero advierte que cualquier cambio a las leyes electorales debe dirigirse a una mayor protección de los derechos de las personas y “no al revés”.

En entrevista, San Martín Ríos y Valles agrega que aun cuando no se puede descalificar una propuesta de reforma que no se ha presentado de manera formal, “el Poder Judicial es un órgano jurisdiccional, es decir, de revisión de la constitucionalidad y la legalidad de los actos de autoridad. En cambio, la organización de las elecciones es una acción administrativa, es decir, se ejecutan los procedimientos para poder organizar una elección, procedimientos que eventualmente están sujetos a un control judicial”.

Agrega que actualmente ese control judicial de los procedimientos y actos de autoridad que emite el INE se hacen a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que una posible modificación sería la creación de una sala de la Suprema Corte para la revisión de temas electorales.

Sin embargo, esta posible modificación sólo serviría en lo que se refiere a la revisión de las actuaciones de una autoridad en materia electoral. La ejecución de acciones administrativas para organizar una elección, “por su propia naturaleza, no las podría ejercer un órgano jurisdiccional”.

“Las funciones administrativas del INE no las podría ejercer el Poder Judicial. Puede que ciertas competencias que tiene el INE se puedan trasladar a otras autoridades y se tendría que analizar en su momento que no sea una sola autoridad la que tenga un conjunto de atribuciones, como son el arbitraje de la elección, la fiscalización de la misma o el modelo de comunicación política, pero no podemos especular en abstracto sobre qué pasaría… hay alternativas infinitas”.

Pamela San Martín, exconsejera electoral

Sin embargo, la exconsejera electoral aclara que desde 2019, cuando el gobierno de López Obrador y su partido, Morena, comenzaron a hablar de una posible reforma electoral, sólo se han presentado iniciativas de reforma a título personal, por lo que es mejor esperar a que se formalice una propuesta para evaluar sus alcances.

El Ciudadano / Agencia APRO