Investigan a 20 empresas agroproductoras por explotación laboral masiva de inmigrantes venezolanos y haitianos

El Ministerio Público adelanta una investigación contra al menos 20 empresas del área de producción de arándanos y mandarinas, relacionadas a una misma contratista, por la explotación laboral masiva contra un grupo de inmigrantes venezolanos y haitianos, quienes bajo engaño -en primera instancia- y amenazas fueron víctimas de presunto trabajo forzado y hasta posible trata de personas.

El caso, a cargo de la fiscal Marcela Rocha Mella, abarca condiciones abusivas debido a salarios inferiores a lo acordado, jornadas extensas sin remuneración de horas extras, incumplimiento del descanso dominical, habitaciones insalubres sin las normas sanitarias mínimas y la no autorización para abandonar los predios.

Por estos hechos, que datan de 2016 a 2019, la Inspección del Trabajo sancionó a algunas de las empresas involucradas y falló a favor de algunos trabajadores que denunciaron salarios impagos. Entre las faltas se encuentran no proveer condiciones mínimas de campamento, no contar con cuartos de baño dispuestos [equipados] de excusado, lavatorio y ducha con agua fría y caliente, separado para hombres y mujeres y no proveer dormitorios, container para pernoctar, separados por sexo.

Además, las autoridades constataron que los lugares de habitación no cumplían con el espacio necesario, la ubicación, las condiciones de aislamiento y temperatura; que existía una falta de manejo y disposición adecuados de desechos industriales líquidos y sólidos, y que faltaban medios para extinguir incendios.

Un reportaje realizado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) menciona que entre las empresas que estarían involucradas en los delitos se encuentran Soluciones Agrícolas SpA (que funciona como la contratista), Agrícola El Recodo Spa, Servicios De Cosecha Geraldine Alejandra Nilo Cáceres E.I.R.L., Agrícola Paola Molinet Troncoso E.I.R.L., Servicios Auxiliares para el Agro Erika Segovia E.I.R.L., Valles del Sur SpA., Agrícola San Clemente Limitada, Agrícola Cerrillos de Tamaya S.A., Agrícola Los Robles Limitada, Inversiones La Estaquilla S.A., Servicios Agrícolas El Maule SPA, Agrícola Nilo SPA, Servicios San Cristóbal SPA y Servicios de Cosechas Nilo SPA.

Explotación de inmigrantes

Paola González narró que la oferta laboral que recibió junto a una centena de personas les dio mucha seguridad e ilusión de estabilidad, ya que supuestamente se trataba de cosechar arándanos en diferentes regiones, ganarían $600 mil en promedio y hasta $1 millón, los alojarían en cabañas, les darían alimentación y al año se convertirían en una cooperativa, lo que permitiría contratar a más inmigrantes en el mediano plazo.

“Pensamos que en poco tiempo cumpliríamos parte de nuestras metas, sueños que pronto se desvanecieron y se convirtieron en dolores de cabeza cuando en el primer pago vimos que no era lo que nos habían ofrecido (…) Con el paso del tiempo todo empeoró, porque nos dijeron que si queríamos podíamos irnos, pero que no iban a responder por nuestro salario adeudado ni por las prestaciones sociales”, cuenta Claudia Rodríguez al recordar que “las limitaciones económicas derrumbaron las esperanzas de traer a mi hijo y mi madre que estaban en Venezuela”.

Oscar Díaz, asegura que los pagos que recibieron fueron tan poco “que solo alcanzaba para comer a medias y enviar algo de dinero a la familia” cuando tenían suerte. Recuerda que una vez presenciaron un accidente en el que una mujer de nacionalidad haitiana se cayó y lesionó las piernas, pero fueron amenazados con despido si no continuaban trabajando.

Por su parte, Jean Baptiste explica que los baldes que recolectaban con la fruta no se pesaban aunque eran obligados a llenarlos lo máximo posible. Además, señala que el problema “es que nosotros no sabíamos nada de las leyes”, los días en que no se trabajaba, porque llovía o porque las faenas aún no comenzaban, no se pagaban.

Enrique Martínez se refirió a los campamentos, donde la comida (café o té y un trozo de pan para el desayuno; pasta y arroz de almuerzo y cena) era preparada en cocinas insalubres improvisadas junto a los baños y con poca agua, pero cuando pedían los alimentos para cocinarse ellos mismos, les entregaban cantidades insuficientes: “¿Cómo crees tú que con una cebolla y dos papas vamos a hacer una comida para la semana?”.

Otro testimonio recabado por Ciper es de Fabiola Altidor, quien sufrió al menos dos amenazas de despido debido a condiciones de salud. Una de ellas cuando con fuertes dolores de estómago, abandonó el predio sin notificar al supervisor para dirigirse al hospital, pero al regresar, la reprendió frente a los demás trabajadores y dijo que no se les permitía salir del lugar, ni siquiera por razones de salud, y la amenazó con despedirla y desalojarla.

Para todos los trabajadores entrevistados, irse no era una opción, ya que siempre les decían que “si cambiábamos de trabajo nadie iba a tener su residencia permanente”, cuenta Bernard Sanon, uno de los haitianos. “Si renunciábamos -agrega el venezolano, Miguel Ángel Pérez– nuestros documentos quedaban en el aire”.

Las manipulaciones y amenazas no quedaron allí, incluso llegaron a la violencia física, como fue el caso de Herold Guillaume de origen haitiano, quien un día recibió un llamado de emergencia de su esposa embarazada y decidió acudir a donde ella se encontraba, pero el supervisor lo encontró en el paradero esperando el bus y lo golpeó por haber abandonado el fundo.

Condiciones de hacinamiento

Los afectados trabajaron en regiones del Norte y Sur de Chile, Coquimbo y Los Lagos, lugares en donde se hospedarían y en los que fueron sometidos a condiciones de hacinamiento. En cuanto a las habitaciones, por ejemplo, las víctimas se quedaban en 20 contenedores instalados cerca del predio y en donde “al principio no había nada, ni cocina ni baños”. Los primeros días debían bañarse con baldes de agua, incluso a la intemperie. Luego instalaron seis duchas unisex con cortinas transparentes para un total de 94 trabajadores. No había comedor, y se cocinaba junto a los baños químicos, los que se limpiaban una vez a la semana. El resultado era un espacio denigrante y nauseabundo.

No obstante, las funciones que desempeñarían no fueron las mismas por las que fueron contratados, ya que en realidad tenían que “limpiar” los arbustos, es decir, decir revisar las plantas una por una y sacar los pocos frutos rezagados. A final de mes, en lugar de los $600 mil prometidos solo consiguieron montos mensuales totales de $90 mil, $50 mil o incluso $30 mil.

De acuerdo a lo publicado por Ciper, los temporeros trabajaban desde las 8:30 hasta las 20:30 y solo tenían 30 minutos para almorzar. Además, tenían prohibido poner la hora de entrada y de salida en el libro de asistencia, nada más estaban autorizados a firmar. Los domingos y festivos también se trabajaba.

Las largas jornadas se sucedían cosechando sin guantes, sin gorros y sin protección solar. Al final del mes no se informaba respecto de la cantidad de kilos recogidos y los trabajadores recibían montos aparentemente aleatorios y bajos, sin que se les detallara cómo se habían calculado, más la promesa de que lo adeudado se pagaría “después”. Respecto de las leyes sociales, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno constató que no eran pagadas correctamente y en algunos casos, nunca fueron canceladas. Así también lo precisa la sentencia del juzgado.