Sin participación ciudadana incidente ni consulta indígena, gobierno saliente aprobó segundo Plan de Acción Nacional de DDHH y Empresas a días del cambio de mando

De acuerdo a la información disponible, este segundo PAN, cuya elaboración ha sido coordinada por la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, sería dado a conocer previo el término de la administración del Presidente Sebastián Piñera.

“Como Plataforma consideramos este hecho de la mayor gravedad. Sin entrar en el análisis del contenido, del que solo conocemos sus lineamientos generales, la elaboración de esta segunda versión del PAN ha sido realizada sin seguir las recomendaciones que la propia Facultad de Derecho de la PUC, contratada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, propuso para estos efectos. Dichas orientaciones consideraban fundamental para la elaboración de este segundo PAN la participación activa no solo de pueblos indígenas, sino también de los que definía como “grupos vulnerables”, entre los que se consideraban población en condiciones de pobreza, mujeres, adultos mayores, y comunidades directamente afectadas por empresas”, señalaron en un comunicado.

Agregan: “En contraste con ello, la participación de la ciudadanía se restringió a mecanismos que no tuvieron real incidencia en la elaboración del PAN, fue apresurada, no se publicó previamente la metodología que se iba a aplicar, y no incluyó la consulta de medidas concretas propuestas para el PAN. La insuficiencia de la metodología de este mecanismo para recabar la perspectiva de la ciudadanía en una materia de tanta importancia, así como el incumplimiento con los estándares internacionales en la materia, fue una de las razones por las cuales en su momento la Plataforma decidió no participar de este proceso”.

Por otro lado, los encuentros en línea que, de acuerdo a lo señalado por la Subsecretaría de DDHHs del Ministerio de Justicia, habrían sido convocadas en noviembre pasado con pueblos indígenas y afrodescendientes, no solo no siguieron las directrices propuestas para estos efectos por la consultoría referida, sino que tampoco cumplían con los requerimientos del derecho internacional sobre participación, en particular, con la consulta que, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, corresponde realizar con los pueblos indígenas y tribales, como es el caso del pueblo tribal afrodescendiente.

Cabe señalar que esta segunda versión del PAN, que se dio a conocer al Comité 360 por el actual gobierno a pocos días de su término, tampoco fue sometida a la consideración del Comité 360, entidad con representación de gremios empresariales, sociedad civil, academia, sindicatos y de organizaciones indígenas.

Al Comité le fue encomendado dar seguimiento al primer PAN elaborado el 2017 durante la administración de la Presidenta Bachelet y de asesorar a la Subsecretaria de DDHH a cargo de su implementación y proyección de esta materia, pero no fue citado desde agosto 2021 y las recomendaciones elaboradas por varios de sus integrantes para el mecanismo de partipación no fueron incorporadas.

“Lo anterior es particularmente preocupante si se toma en consideración el descontento social expresado durante el estallido de octubre del 2019 y del cual debemos hacernos cargo como país. Por lo mismo, esta Plataforma considera que, más allá del abordaje institucional de la relación entre las empresas y los derechos humanos que está siendo debatido en la Convención Constitucional, resulta indispensable un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas elaborado en forma participativa, que incorpore la visión de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y en general de aquellos sectores y comunidades afectadas directamente en sus derechos por la actividad de empresas”, señala la Plataforma de Sociedad Civil Chilena sobre Derechos Humanos y Empresas.

Agregan: “Por lo anteriormente señalado es que llamamos al gobierno del Presidente electo Gabriel Boric a tener presente los problemas de legitimidad de este segundo PAN, elaborado y aprobado en forma apresurada por el gobierno saliente y a convocar a la elaboración participativa, con involucramiento de todos los sectores sociales, de un nuevo PAN que aborde de manera profunda y sistemática la relación entre las empresas y los derechos humanos en el país para el futuro próximo (…) Ello por cuanto se busca lograr, con todas las medidas apropiadas incluyendo la regulación, la fiscalización, la planificación territorial y los incentivos positivos, el respeto a los derechos humanos que las Naciones Unidas estipulan es responsabilidad – también – de las empresas”.

Plataforma de Sociedad Civil Chilena sobre Derechos Humanos y Empresas

10 de marzo de 2022