Uruguay vota este domingo en referéndum por la derogación parcial de la Ley Urgente de Consideración

Este domingo 27 de marzo los uruguayos acudirán a las urnas para votar en un referéndum sobre la derogación parcial de la Ley de Urgente Consideración (LUC) una ley ómnibus aprobada en 2020.

La LUC tiene 476 artículos en total, 135 de los cuales estarán en consideración, cubriendo temas como seguridad, educación, gestión fiscal y empresas públicas. El referéndum es total, lo que significa que los 135 serán anulados si se aprueba, informó el portal AS/COA.

Aprobada en 2020, la LUC es la reforma distintiva del presidente Luis Lacalle Pou , cuya victoria en las elecciones de 2019 puso fin a 15 años de gobierno de la coalición de tendencia de izquierda Frente Amplio (Frente Amplio). “El referéndum se trata tanto de la ley como de un término medio sobre el propio presidente”, dice Nicolás Saldías , analista de The Economist Intelligence Unit. 

“Hay mucha división partidista allí. Se trata de si el gobierno lo está haciendo bien o no”. Los resultados, incluido el margen de victoria de cualquier manera, pueden determinar el alcance del poder político de Lacalle Pou para el resto de su mandato, dice Saldías.

La LUC fue aprobada por lo que se conoce como la Coalición Multicolor de partidos de derecha que apoyan al presidente. Se ejecutó en uno de los muchos puntos focales de lacampaña de Lacalle Pou, a saber, aumentar las medidas de seguridad después de las tasas récord de criminalidad en 2017 y 2018.

El nombre de la ley es una referencia al tipo especial de legislación. En Uruguay, las leyes de urgente consideración son enviadas por el ejecutivo a la Asamblea General con sólo 90 días para su debate. Juan Cruz Díaz , director general de Grupo Cefeidas, señaló que Lacalle Pou “aprovechó su luna de miel” para asegurar el paso de la LUC.

¿Qué temas evalúan los uruguayos?

La seguridad es una de las mejores. La LUC fortalece las penas de prisión, amplía lo que se considera legítima defensa y endurece las leyes contra el narcotráfico. También crea una Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado dentro del poder ejecutivo que puede obtener información de agencias y ciudadanos particulares sin una orden judicial.

Las disposiciones de LUC también facilitan que el gobierno desmantele las protestas si obstruyen el movimiento y protegen los derechos de los empleados que no están en huelga durante las huelgas. Díaz dice que estos temas laborales han sido los más visibles en la campaña. “La oposición y los trabajadores creen que las leyes limitan el derecho a la huelga efectiva por sus propios derechos”, dice. Los artículos de seguridad y trabajo representan un enfoque de seguridad más mano dura, o de línea dura, concluye Díaz.

Tras la aprobación de la LUC, la ONU condenó las medidas de seguridad de la ley por no cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente en torno al uso de la fuerza por parte de la policía y el derecho a reunirse pacíficamente. Saldías señaló que ha habido una caída en los homicidios y el crimen desde 2019. Él cree que los votantes están escuchando la oposición del Frente Amplio a estas medidas y pensando: “Usted [el partido] tuvo 15 años para resolver el crimen y no lo hizo.

Los artículos sobre educación también están en la mira. Una medida reestructuró las agencias que administran la educación, eliminando los representantes dentro de estas organizaciones elegidos por los maestros. Esto, combinado con modificaciones a la formación docente , suscitó críticas por debilitar el papel de los docentes en la administración de la educación.

Otros artículos sobre el tajo del referéndum limitan a las empresas públicas de Uruguay. Esto incluye una medida que estabiliza el precio de la gasolina mediante ajustes mensuales, que afecta a ANCAP, la estatal petrolera. Otra medida facilita mantener un número de teléfono mientras se cambia el proveedor, lo que se considera que debilita a la empresa estatal de telecomunicaciones ANTEL.

Varios artículos facultan al poder ejecutivo para frenar el crecimiento del gobierno uruguayo, un objetivo de Lacalle Pou. Por ejemplo, una serie de artículos exigen que el Poder Ejecutivo cree lineamientos para garantizar la estabilidad fiscal de las entidades estatales y un techo en el incremento anual del gasto público.

Díaz destacó otra medida financiera que facilita que los empleadores paguen en efectivo a sus trabajadores. “El argumento del gobierno es que permitir más efectivo da más libertad y flexibilidad”, dijo. “La oposición dice que esto crea la posibilidad de más abusos que con los salarios [bancarizados]. Es una lucha contra la informalidad”.

Los artículos recogidos en el referéndum reflejan las creencias de Lacalle Pou en la liberalización y la desregulación, dice Díaz. “En cada uno de estos artículos, hay una postura política y una postura ideológica que refleja las dos grandes coaliciones en Uruguay”, dijo.

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