Autocrítica

Por Manuel Riesco, Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo, CENDA

Las siguientes reflexiones autocríticas acerca de las principales causas del contundente rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 (4-S), asumen por cierto plenamente la pertenencia del autor y se solidarizan fraternalmente con todas sus compañeras y compañeros, del bando perdedor. También, que la culpa de la tremenda derrota sufrida no es del empedrado.

Se ha hecho bastante caudal del hecho que la Convención no guardó el debido respeto a símbolos, creencias, costumbres y valores populares, lo que es cierto y no ayudó el 4-S. Lo primero es, por lo tanto, respetar y no descalificar en modo alguno al pueblo trabajador que ese día se pronunció masivamente por un categórico rechazo. Pero al mismo tiempo prevenir, como han exigido varios autores incluyendo algunos del bando ganador, que se saquen cuentas alegres de lo sucedido.

El 4-S profundiza la crisis política nacional desatada el 18 de octubre de 2019 (18-O), al bloquear el cauce abierto el 15 de noviembre de ese año (15-N) con el proceso constitucional y arrastrar a la Convención y al joven Gobierno al descrédito del resto de las instituciones políticas. Obviamente, la crisis política nacional debe resolverse para que el país siga funcionando.

Resulta útil para comprender el 4-S recordar el concepto central de la ciencia política clásica: la causa profunda de toda crisis política nacional, es decir la deslegitimación completa de la autoridad política, es la incapacidad de ésta de enfrentarse a los poderosos para impedir que abusen del pueblo. Dicho al revés en palabras de Maquiavelo, autor de este aserto, la legitimidad de El Príncipe se funda esencialmente en su capacidad de impedir que los nobles abusen del pueblo. 

En efecto, a tres años del 18-O muy poco o casi nada ha cambiado para el pueblo de Chile. Los grandes abusos siguen más o menos igual. Los nuevos poderes generados en la estela de aquel, la Convención y los nuevos Parlamento y Gobierno, no han sido hasta ahora capaces de enfrentar a los poderosos para impedir que abusen del pueblo.

El anterior Parlamento salvó del colapso al sistema democrático tras el 18-O, al enfrentar decididamente la feroz resistencia de los grupos más influyentes del país e imponer sus dos medidas más importantes: el acuerdo constitucional del 15-N y sucesivas restituciones del fondo AFP conocidas como “retiros del 10%”. El Gobierno y Parlamento actuales pueden considerar hacer lo mismo, con prontitud. 

Desde luego, resulta necesario reabrir un cauce constitucional totalmente democrático, en caso contrario es “una herida que se va a infectar», como dijo una influyente política de derecha. Es un acuerdo posible y debe hacerse rápido, confiando en la sabiduría del pueblo. Consultarlo directamente cuantas veces sea necesario, desde luego siempre con voto obligatorio. El tambaleante sistema político puede apoyarse en una de las pocas instituciones aún legítimas: el Servicio Electoral, SERVEL. Parece un error peligroso que éste se auto inhiba de organizar prontamente nuevas consultas populares, como han sugerido algunos de los funcionarios a cargo del mismo. Nada impide hacerlo, se realizaron siete consultas en un par de años, con la pandemia, y países muy avanzados como Suiza las realizan con mucha frecuencia.

Parece conveniente dar iniciativa al pueblo para autoconvocarse y consultarse a sí mismo, como hace Uruguay. Ello reabriría de inmediato un cauce democrático al curso de la crisis política nacional. Si el pueblo cerró un cauce puede abrir otros. Una primera reforma constitucional a considerar ya por el Parlamento puede ser precisamente esa.

Todas las fuerzas democráticas están interesadas en abrir cauces institucionales al curso de la crisis. Los únicos interesados en cerrarlos son quienes buscan una solución de fuerza, represiva, a la misma. A estos hay que aislarlos y reprimirlos con decisión. Ese debe ser el primer gran acuerdo democrático.

Lo principal es reconocer la gravedad de la crisis nacional agudizada por el 4-S y la urgencia de reabrir cauces para que esta curse por vías institucionales. El sistema democrático chileno se distingue internacionalmente por su singular capacidad de hacerlo. Logró la primera revolución moderna realizada con estricto respeto a la Constitución y las leyes, acabó con la dictadura mediante un plebiscito y recientemente salvó al sistema democrático con el acuerdo del 15-N.

Sin embargo, para resolver la crisis política nacional no basta con abrir cauces democráticos para que esta curse. Las instituciones democráticas post 18-O, la Convención y los nuevos Parlamento y Gobierno, también se deslegitimaron por su incapacidad de enfrentar a los poderosos para impedir que sigan abusando del pueblo.

No parece justo atribuir el rechazo del 4-S principalmente al texto constitucional consultado. Al igual que el gobierno del Presidente Allende y la Unidad Popular, la Convención Constitucional fue atacada ferozmente por los poderosos, pero no por lo que hizo mal sino por lo que hizo bien. También, como dijo un importante consultor político, porque su composición reflejaba al pueblo muchísimo mejor que la de ninguna otra institución del Estado. Su obra será reconocida con el paso del tiempo. Conceptos de la Constitución rechazada, como la paridad de género, el respeto a los pueblos originarios y la naturaleza, sobrevivirán al 4-S tal como la nacionalización del cobre y la reforma agraria sobrevivieron al 11 de septiembre de 1973 (11-S). El pueblo de Chile, que sí reconoce en la intimidad su origen secular, no olvidará nunca la imponente figura y discurso inaugural de la primera presidenta de la Convención, Dra. Elisa Loncón.

La Convención asumió muchas causas nobles, quizás demasiadas, se entretuvo con algunas y dio mucha importancia a otras como el sistema político que por definición deberían ser más bien neutrales. Pero sin duda se quedó corta en lo principal para asegurar su legitimidad, enfrentar con decisión a los más poderosos y acabar de una buena vez con sus mayores abusos. No fue poco lo que hizo al respecto, se esforzó enormemente, pero no lo logró. A lo más, propuso facilitar la dictación de leyes al respecto.

Los abusos principales en Chile son, de muy lejos, los 30 mil millones de dólares anuales en cobre que se apropian sin pago significativo seis grandes mineras privadas, cinco extranjeras, y los 10 mil millones de dólares anuales escamoteados a pensionados y el fisco, que se apropian seis grandes grupos financieros, dos extranjeros. Consecuentemente, las principales reformas necesarias para restablecer la legitimidad del sistema democrático son renacionalizar el cobre y acabar con el ahorro forzoso AFP. Ni más ni menos. 

La Convención abordó ambos abusos y una amplia mayoría de sus miembros votó por acabarlos. Las bancadas de Convencionales más criticadas, indígenas, ecologistas, identitarias, ciertamente la izquierda aunque no toda; las personalidades más estridentes, también las más dignas y respetadas; todas ellas se cuadraron con la renacionalización del cobre. Lograron el doble de votos que quienes estuvieron en contra, pero no alcanzaron los dos tercios requeridos para aprobar. Algo parecido sucedió con los sistemas públicos sociales, la Convención garantizó muchos derechos en el papel, pero no acabó clara y decididamente con el desvío durante décadas a financiar negocios de grandes empresarios, de los recursos públicos que pueden y deben financiar tales derechos.

El nuevo Gobierno y Parlamento tampoco han enfrentado a poderosos para impedír que abusen del pueblo, que es la base de su legitimidad. No muestran mucha disposición a hacerlo, más allá de importantes, reiteradas y acertadas declaraciones al respecto del Presidente Boric.

Como dijo Claudia Pizarro, notable alcaldesa DC de La Pintana, la instancia decisiva fue la incapacidad del Parlamento en autorizar el llamado “quinto retiro” de fondos AFP. El Gobierno no ayudó ni mucho menos. Si hubo una instancia singular que deslegitimó a esas autoridades ante los ojos del pueblo dando alas al rechazo 4-S, fue esa. Seamos claros. Las restituciones del “10%” han sido potentes, justas y progresivas por donde se las mire. Reactivaron la economía rápidamente, con mínimo impacto inflacionario puesto que no generaron emisión y repatriaron fondos, salvando un quinto del fondo AFP de encogerse a la mitad en las turbulencias financieras de 2021 y 2022. Forzaron a un puñado de grandes empresarios que tienen secuestrado el dinero registrado en dicho fondo y en su propiedad plena las llamadas “reservas técnicas” de rentas vitalicias, a restituir el equivalente a la mitad de la masa salarial de un año completo, a las 13 millones de personas que constituyen el pueblo trabajador, que votó completo el 4-S.

Más importante aún que lo anterior, desde el punto de vista de la crisis nacional, fue el efecto político de los “retiros del 10%”: los poderosos quedaron al desnudo en su rechazo a los mismos y aunque jugaron todo su arsenal, incluidos funcionarios que dirigen instituciones del Estado, igualmente el Parlamento les ordenó restituir al pueblo los salarios birlados a costa de jubiladas. 

Ello parece ser algo necesario de considerar al momento de preparar la contraofensiva popular. Tras la derrota feroz sufrida el 4-S, obviamente corresponde organizar una retirada ordenada, peleando cada posición amenazada, como el TPP 11, para reagrupar fuerzas y preparar una contraofensiva. La misma puede venir de la mano de reformas necesarias en salud, pensiones, y litio, pero abordadas a fondo. Vendrán propuestas.