Desde que inició la actual administración estatal, en 2019, a la fecha, han sido inhabilitados 12 exfuncionarios públicos en el estado de Puebla, indicó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con la información oficial, del total de casos, nueve corresponden a exservidores públicos municipales, mientras que el resto, a personal de salud y funcionarios estatales.
Las causas de las sanciones son distintas, ya que van desde la negligencia administrativa, omisión en procedimientos de contratación hasta por violación de leyes y abuso de autoridad.
Anomalías por alcaldes priistas y panistas
En 2021, fueron inhabilitados José Cruz Sánchez Rojas y Rigomar Martínez Morales, expresidentes municipales de 2014 a 2018 de Amozoc y Zaragoza, respectivamente.
En julio de 2021, el exedil panista Sánchez Rojas fue denunciado por negligencia administrativa, motivo por el cual no podrá ocupar cargos públicos por un año.
Aunque se desconocen los detalles de la sanción, el morenovallista fue señalado por varias irregularidades tanto en su administración como en su vida personal.
En 2018, Sánchez Rojas fue vinculado en la muerte de seis policías, luego de que estos últimos informaran sobre una zona dedicada al robo de combustible en Chachapa.
Asimismo, en 2021, fue denunciado por su expareja sentimental por violencia familiar, ciberacoso y amenazas.
El segundo caso fue el del priísta Rigomar Martínez Morales, quien en junio del mismo año fue inhabilitado por un año, por negligencia administrativa; el motivo principal de su sanción sería por la omisión de la justificación de sus cuentas públicas.
Por enriquecimiento ilícito y peculado
En 2021, también fue sancionada por un año María Fernanda Morales Flores, quien fungió como titular de Transparencia y Acceso a la Información municipal de San Gregorio Atzompa en el periodo de 2018 a 2021.
La exfuncionaria fue denunciada por abuso de autoridad, ya que habría incurrido en el delito de peculado y enriquecimiento ilícito por un monto de 30 millones 903 mil pesos por “alteración de folios fiscales, cadenas de XML, formas de pago y falsificación de facturas«, esta última información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Exfuncionarios de San Andrés Cholula
De acuerdo con la información oficial, en este periodo fueron sancionados cuatro exservidores públicos de San Andrés Cholula.
El más reciente fue Samuel Rivalcaba Cárdenas, en septiembre de 2021, quien fue inhabilitado por cinco años debido a “deficiencia administrativa”, cuando ocupó un cargo en la Tesorería Municipal de San Andrés Cholula de 2015 a 2017.
En el mismo año, el exsecretario general del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Daniel Anteliz Magaña, recibió una inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos por siete años y una sanción económica de 54 millones 996 mil 335 pesos, por “no cumplir con la máxima diligencia el servicio”.
En tanto, en 2020, Elíseo Hernández Cuautle, también de la Tesorería, fue denunciado por incurrir en la violación en procedimientos de contratación y posteriormente, inhabilitado por cinco años.
El cuarto caso fue el de Rafael Sánchez Tecaxco, exgestor del gobierno de San Andrés Cholula, quien fue sancionado en 2018, tras estafar a un centenar de personas de seis comunidades distintas, por pedirles 100 mil pesos a cambio de apoyos de viviendas y tractores inexistentes.
Personal por la salud
En 2019, Raúl Rodriguez Zozoaga, jefe de departamento adscrito al Hospital General Zona Norte «Bicentenario de la Independencia, quien en 2019 incurrió en negligencia administrativa, motivo por el cual fue inhabilitado y no podrá ocupar cargos públicos hasta el 2024.
Asimismo, Abel Hernandez Mendoza, exjefe de módulo coordinador del Cessa de Chignahuapan, fue denunciado en 2021 por abuso de autoridad e inhabilitado por un año, por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Más casos
Otra inhabilitación fue la de Carlos Alberto Espinal Galeana, cuando fungía como responsable del Fideicomiso Público de Administración y Garantía “Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa”, en 2020.
El exservidor público se le destituyó de su cargo porque fue omiso al vigilar 64 transferencias bancarias a cuentas distintas al fondo, por lo que fue sancionado por seis años, siete meses; además tuvo que pagar 1 millones 44 mil 845 pesos.
Por el mismo hecho, también fue sancionado Uricel Palacios Isidoro, empleado de la misma área, por recibir a su cuenta personal “los recursos transferidos de las cuentas del Fideicomiso”.
Por ello, recibió una inhabilitación de 7 años y 9 meses, por lo que no podrá ocupar cargos públicos hasta 2028.
Finalmente, en 2021, Bonfilio Torres Pérez, extesorero de Amozoc incurrió en negligencia administrativa, recibiendo una inhabilitación de un año, la cual inició en julio pasado y concluirá hasta 2023.
Foto: Especial
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