La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitirá una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de que ésta última envió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por supuestamente violentar la libertad de expresión contra normalistas de Teteles de Ávila Castillo en una protesta en 2021.
El presidente de la Comisión local, José Félix Cerezo Vélez, afirmó, en entrevista, que la recomendación que envió la CNDH a la dependencia estatal se ejecutó “sin tener las pruebas contundentes” y violando el artículo 102 constitucional, apartado B, el cual establece que el organismo nacional sólo puede atraer casos de competencia federal.
Cerezo Vélez aseguró que la CDH de Puebla sí intervino en el desalojo y detención de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” tras la manifestación, además, reveló que ninguna de las alumnas presentó alguna queja.
“Les quiero decir que es una falsedad esa situación, nosotros intervenimos en la detención de estas personas (…) ninguna de ellas presentó quejas y tenemos abierto un expediente, de hecho el día de hoy voy a promover una controversia constitucional por la invasión de esferas de la CNDH”
¿Qué dice la recomendación nacional?
Apenas, el pasado martes 27 de septiembre, el titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, afirmó que la dependencia rechazó la recomendación de la CNDH, la cual señalaba que las normalistas de Teteles de Ávila Castillo sufrieron “retención ilegal, tratos crueles e inhumanos derivados del uso de la fuerza”, tras una protesta en Casa Aguayo.
También en entrevista, el funcionario estatal argumentó que la Comisión nacional no tiene la competencia para emitir este tipo de recomendación, sin dar más detalles.
El pasado 29 de agosto, la CNDH emitió la recomendación 161/2022 a la SSP estatal, en la que señaló que la dependencia vulneró los derechos de las estudiantes de expresarse, al irrumpir “la manifestación sin justificación alguna, lo cual ocasionó que las personas manifestantes salieran huyendo del lugar y disolvieran el contingente”.
En este sentido, el organismo ordenó a la dependencia estatal brindar atención médica y psicológica a las estudiantes afectadas, así como aportar evidencias para esclarecer el hecho y emitir una disculpa pública en un plazo máximo de seis meses.
Foto: Agencia Enfoque
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