El Gobierno negó nuevas condiciones en temas ambientales solicitadas por la empresa Minera Panamá, en medio de diferencias acrecentadas hoy por la negativa de firmar un controversial contrato para beneficio del Estado.
De acuerdo con el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, además de los asuntos económicos, la filial de la transnacional canadiense Fisrt Quantum Minerals, presentó en diciembre último una nueva propuesta con la que pretendía modificar los acuerdos ambientales pactados desde finales de 2021.
Hasta ahora, el Ejecutivo se había enfocado en revelar que la última aspiración de esa compañía era cambiar aspectos económicos, como el régimen de regalías previamente acordado, pero ahora solicitó además “flexibilizar” algunas medidas ambientales en términos generales, indicó Concepción, quien aseveró que no cederá ni una pulgada.
A preguntas de la prensa, el funcionario precisó la víspera que la minera destacada en el distrito Donoso, provincia Colón, pidió más áreas de las ya entregadas en concesión para trabajar en el proceso industrial
Antes se pactó que Minera Panamá se comprometía a instalar estaciones de monitoreo para vigilar la calidad del agua y aire dentro del proyecto, dando paso a que el país accediera a esos datos en tiempo real.
Otro de los puntos acordados, agregó el ministro, fue la instalación de una oficina permanente dentro de la empresa, que permitiera supervisar la operación de la mina, así como vigilar el cumplimiento de las normas ambientales.
Junto a Federico Alfaro, titular del Ministerio de Comercio e Industria (MICI), Concepción fue citado por la Asamblea Nacional (parlamento) el 10 de enero próximo para responder a preguntas de los diputados.
Sobre este asunto, el MICI indicó en un comunicado que han estado trabajando junto con expertos internacionales y asesores legales locales “para ayudar a defender con firmeza los derechos de Panamá sobre sus recursos naturales”.
El pasado 19 de diciembre, el Gobierno ordenó a Minera Panamá elaborar un plan que contempla el cese de operaciones comerciales, en cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró inconstitucional el contrato de ley de 1997.
El Gobierno tomó esa decisión casi un año después de haber aprobado un acuerdo preliminar con Minera Panamá, en enero de 2022, en el que se pactó un esquema de pago que garantizaba aportes de la empresa al Estado en el orden de los 375 millones de dólares anuales.
Minera Panamá tiene unos siete mil empleados y su actividad representa el 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto del istmo.
Fuente Prensa Latina
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