Unicef y Acnudh piden al Gobierno de Piñera un Plan de Migración que garantice los derechos de todas las personas que llegan al país

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitaron al Gobierno de Sebastián Piñera implementar un Plan de Migración que permita garantizar los derechos de las personas que ingresan al país en situación migratoria, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por Chile. 

En este punto, las agencias recordaron que el Estado «tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin distinción alguna de nacionalidad o estatus migratorio, lo que incluye prestar asistencia humanitaria». 

Por lo anterior, ambos organismos internacionales manifestaron su rechazo frente a los graves hechos ocurridos durante el fin de semana en Iquique, que afectaron a personas migrantes venezolanas, incluidos niños, niñas y adolescentes, quienes fueron víctimas de actos violentos. Asimismo, instaron al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para que se investiguen y sancionen los hechos de violencia, junto con incorporar medidas para reparar y otorgar protección a las víctimas. 

En ese sentido, UNICEF y ACNUDH enfatizaron la importancia de que los eventuales desalojos de espacios públicos y privados deben realizarse respetando los estándares internacionales, evitando que las personas desalojadas queden sin albergue o expuestas a violaciones de otros derechos humanos, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes.

Para empezar a abordar esta parte, los organismos internacionales instaron al Estado a realizar un catastro de todas las familias migrantes -particularmente aquellas con niños, niñas y adolescentes- y a que se informe el desalojo con la antelación adecuada, se asegure que las familias tengan una alternativa de alojamiento de forma previa a su realización y se evite el uso de la fuerza. 

Ambas agencias plantearon que este Plan de Migración debe garantizar el respeto de los derechos de las personas que ingresan al país en situación migratoria, lo que significa asegurarles acceso a un lugar de acogida; pero también debe resguardar los derechos de las personas que viven en el país y que se ven afectadas por la llegada de personas en dicha situación, recordando que es responsabilidad del Estado velar por la convivencia pacífica y respetuosa de las personas que viven en el país, entregando las herramientas necesarias para ello.

En ese contexto, UNICEF y ACNUDH instaron al gobierno y a las instituciones del Estado a fomentar el diálogo entre las comunidades, así como a prevenir los actos de violencia y acciones discriminatorias. 

Finalmente, ante la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas, UNICEF y ACNUDH hicieron un llamado al Estado para evaluar la apertura y expansión de canales regulares, seguros y accesibles que faciliten una migración ordenada y respetuosa de los derechos humanos. También, instaron al Estado a cumplir con sus obligaciones en materia de protección internacional, adoptando mecanismos efectivos para identificar las necesidades de protección de todas las personas que ingresen o intenten ingresar al territorio y asegurar su acceso a los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiados. 

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