Por Iván Carrasco Mora, militante del Partido Igualdad
A mediados del siglo 20, la enorme migración campo-ciudad en Chile dio origen a la demanda por vivienda como uno de los ejes de las luchas populares en todo el país. Miles de familias se establecían en campamentos, que en casi su totalidad eran tomas de terrenos rurales en sub-uso en las periferias de las ciudades.
Se empezó a consolidar así un nuevo actor social y político en la lucha de clases en Chile: los pobladores, que somos sectores de la clase trabajadora más precarizada, que nos organizamos en los lugares donde habitamos, con las demandas propias del derecho a la vida digna y el buen vivir.
La historia de la lucha por la vivienda es larga. La vida en los lugares donde habitamos, fueron siempre en condiciones de pobreza, precariedad, exclusión y extrema marginación. Fue a partir de la década de los 40 y 50 cuando esta realidad se empieza a constituir como un movimiento social, con programa, reivindicaciones, conciencia social y política, con lucha y organización, en masivos sectores de la clase trabajadora más postergada y marginada.
A principios del gobierno de Salvador Allende, había cerca de 100 mil familias viviendo en campamentos o en situaciones de precariedad. Los gobiernos burgueses de Alessandri (1959 a 1964) y Frei (1965 a 1970), no habían logrado disminuir el déficit de vivienda. Pero lo más alarmante, es que sus políticas de vivienda no alcanzaban y no estaban destinadas a los sectores más empobrecidos del pueblo.
Los programas de vivienda previos al gobierno de la UP, debido a la forma de postulación, que exigía ahorros relativamente altos y pago de dividendos, dejaban fuera de la posibilidad de vivienda a más del 20% de la población.
Las nuevas políticas de vivienda orientadas desde el gobierno de Allende, no solo aumentaron la cantidad de viviendas disponibles para la clase trabajadora, sino que se enfocaron prioritariamente en los sectores populares que durante años fueron excluidos del acceso a la vivienda.
Se construyeron 158.000 viviendas en ese periodo, con un promedio de 59.000 viviendas al año, cifra muy superior a las 30.000 del periodo de Alessandri y las 40.000 del periodo de Frei o las 37.000 del periodo de la dictadura.
Una comparación más precisa se puede establecer al comparar las viviendas construidas en relación a la población chilena de los respectivos años. Así, tenemos que por cada 100.000 habitantes del país, los gobiernos del periodo construyeron: Alessandri 3,85 viviendas por cada 100 mil habitantes; Frei: 4,40 viviendas por cada 100 mil habitantes; Allende 5,29 viviendas por cada 100 mil habitantes; Pinochet 3,31 viviendas por cada 100 mil habitantes (1).
Estas breves cifras dan cuenta que, a pesar del brutal sabotaje económico empresarial e imperialista, el gobierno popular logró superar con creces a los gobiernos anteriores y posteriores en la labor de otorgar derecho a la vivienda al pueblo chileno.
Pero tan importante como ello, se promovió la participación de las organizaciones de pobladoras y pobladores en la planificación, gestión y asignación de las viviendas, lo que permitió dar un enorme salto en organización y conciencia del pueblo en esta materia.
Además de lo señalado, hay decenas de otras medidas relativas a otorgar al pueblo derechos sociales en materia de habitabilidad en los lugares de vivienda, en los que hoy día denominamos el Derecho a la Ciudad y los Derechos Urbanos.
La vuelta a la democracia, con los gobiernos de la Concertación, no trajo una vuelta a la política de vivienda consagrada como un derecho. En dictadura se destruyeron las herramientas estatales en materia de vivienda social, tales como sus capacidades de regulación del uso de suelos, sus facultades en materia de construcción de viviendas, de financiación, etc.
Todo lo que durante años se había ido desarrollando y conquistando en los gobiernos anteriores al Golpe Militar, nunca se recuperó en los gobiernos de la Concertación. Todo lo contrario. Se continuó con la política de la dictadura que había privatizado todos los suelos urbanos; se amplió la privatización de la construcción; se privatizó el crédito para optar a la vivienda, etc.
En otras palabras, se entregó el derecho a la vivienda a la más vil y retrograda de las industrias capitalistas: la industria inmobiliaria. Los grandes empresarios siguen haciendo negocios y llenándose los bolsillos con lo más básico para la vida de una familia, que es el techo donde criar a los hijos, donde formar una familia. Todo ello fue entregado al más vil negocio capitalista.
Las luchas de los pobladores, a fines de los años 90 e inicios de los 2000, puso de nuevo en el tapete de la política nacional el tema de la vivienda. Las tomas de terrenos en varias ciudades, en particular en Santiago, que ocurrieron a partir del año 94, pusieron de manifiesto la injusta distribución de los suelos urbanos.
Las protestas de las pobladoras por la mala calidad en la construcción de viviendas en decenas de villas y poblaciones, en las que, por ejemplo, se les pasaba el agua cada vez que llovía por la mala calidad de los materiales de construcción, pusieron de manifiesto la ineptitud en las normas de construcción así como su fiscalización.
Las protestas por los ínfimos metros cuadrados construidos, que generó situaciones aberrantes como piezas donde no cabían las camas, o living-comedores donde no cabían las mesas y los sillones, pusieron de manifiesto la avaricia de las empresas constructoras capitalistas.
Las protestas y organización de los deudores habitacionales contra los remates de sus casas, contra los dividendos impagables y contra el abuso de los bancos, que los hacen pagar 5 ó más veces el valor de sus viviendas, pusieron de manifiesto la usura del sistema financiero en vivienda social.
Todas esas luchas obligaron a los gobiernos de la Concertación a modificar progresivamente las políticas en vivienda social. La lucha empezó a dar triunfos concretos, pero siempre limitados y en el marco de una política de vivienda que sigue favoreciendo a los empresarios capitalistas.
Las organizaciones de pobladores lograron sentar en diversas mesas de negociación a los ministerios de los diferentes gobiernos, y desde mediados de los años 2000, se logró reconstruir un movimiento de pobladores masivo, con capacidad de propuesta, movilización y organización en la base. Pero lo que es más importante, que no era “lame botas” ni servil a los gobiernos de turno.
Las luchas de las pobladoras y pobladores llevaron a un aumento significativo el gasto fiscal en materia de vivienda social. Y si bien las condiciones de habitabilidad y acceso han mejorado sustancialmente respecto a la dictadura y a los primeros gobiernos de la Concertación, también es cierto que dicho mayor gasto fiscal, en su mayor parte, se ha ido a los bolsillos de las empresas constructoras, o financieras, o a los especuladores dueños de terrenos.
Por otra parte, al no tener el Estado chileno una política de suelos urbanos, que garantice un uso democrático y compartido de la ciudad, se ha seguido generando la exclusión del pueblo en las ciudades.
El proceso denominado “gentrificación”, que es cuando el pueblo más empobrecido tiene que salir de sus comunas de residencia histórica porque el suelo, o los precios de arriendos o los valores de las viviendas no son alcanzables para sus bolsillos, ha seguido haciendo de las ciudades chilenas de las más excluyentes y segmentadas del Latinoamérica, con sectores de las ciudades donde se concentran exclusivamente las clases altas, y otros donde se amontonan las familias trabajadoras los sectores empobrecidos.
El 80% de las viviendas sociales se siguen construyendo en sitios periféricos, alejados de los lugares de trabajo y con menor infraestructura urbana. Los mejores sitios en la ciudad siguen siendo ocupados por clases sociales más altas con mejor poder adquisitivo.
Por ello, las organizaciones de vivienda se ven obligadas a luchar contra la especulación de los suelos, y disputarle a las grandes inmobiliarias los terrenos en sus propias comunas. Si bien las organizaciones más combativas o luchadoras han logrado avances y triunfos en la lucha por los suelos urbanos y mantenerse así en sus comunas, también es cierto que la gran mayoría de familias solo pueden optar a las sobras que deja este modelo excluyente, en sitios periféricos y precarios de las ciudades.
Más recientemente, la pandemia y la crisis económica, que precarizó a miles de familias, obligó a muchas de ellas a ocupar terrenos. De tal manera que en apenas 2 años, se fue a la basura la política de erradicar campamentos que varias ONG y los gobiernos pretendían. Hoy, hay cerca de 100 mil familias viviendo en campamentos, y nada hace pensar que eso tenga resolución al corto plazo.
Para peor, las clases dominantes, como siempre en la historia de Chile, en vez de resolver el tema del acceso al suelo y vivienda, recurren al miedo y la represión para intentar frenar las tomas de terrenos.
La denominada “ley anti tomas”, que permite a los dueños de terrenos disparar y contratar sicarios para desalojar las ocupaciones de sus terrenos, abre un nuevo capítulo en la lucha por el derecho al suelo.
Al hacer de la “usurpación” un delito “permanente”, pone en riego cientos de campamentos que por todo Chile se han ido instalando en sitios abandonados, que nunca han tenido destino desde sus propietarios, más que el de especular con ellos.
En otras palabras, en vez de exigir o intencionar que los dueños vendan sus terrenos a los pobladores necesitados, se estimula a los dueños a pedir desalojos y organizar bandas para recuperar por la fuerza los terrenos.
Lo más paradójico, es que esta ley “anti tomas” se aprueba en un contexto donde la política de vivienda del gobierno se ha empantanado (2).
De las 260 mil viviendas prometidas en su plan de “emergencia habitacional”, es probable que no se alcance a construir ni la mitad. Si esto ocurriera, el déficit habitacional llegaría a más de un millón de viviendas, lo que significaría un fracaso completo del actual gobierno en materia de vivienda, y un golpe muy duro para el pueblo empobrecido y la clase trabajadora más precarizadas.
En pleno siglo 21, a 50 años del golpe cívico militar contra un gobierno y un pueblo que se levantó a conquistar su futuro y conquistar su dignidad, la lucha por la vivienda digna y el derecho a la ciudad sigue siendo justa y necesaria.
Hoy, que recordamos a nuestras hermanas y hermanos asesinados, desaparecidos y torturados.
A nuestras vecinas y vecinos humillados, reprimidos y empobrecidos por la sangrienta dictadura militar de los grandes capitalistas.
Hoy que recordamos con orgullo y emoción a nuestro pueblo campesino que tomó fundos para conquistar su tierra y levantó la cabeza para enfrentar al terrateniente y latifundista.
Que recordamos con orgullo al mapuche que corrió los cercos para recuperar sus territorios ancestrales.
Que recordamos con orgullo a los trabajadores y trabajadoras que recuperaron fábricas y las hicieron producir cuando los patrones sabotearon la producción.
Hoy que recordamos con orgullo a las pobladoras y pobladores que se pusieron de pie y ocuparon los suelos sin uso para construir su vida diga y conquistar su derecho a la ciudad.
Hoy decimos con orgullo: ¡¡Nada ni nadie está olvidado!! ¡¡La lucha por la vida y vivienda digna continúa!!
Por Iván Carrasco Mora
NOTAS
(1) Los datos fueron tomados de un documento elaborado por Miguel Lawner, en base a cifras del INE.
(2) Al momento de publicarse este artículo, el gobierno informaba que presentaría un veto presidencial u otro recurso legal contra los aspectos más brutales de la ley, pero que no vetaría la ley completa. Las organizaciones de pobladores exigen el retiro de toda la ley.
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