Al conmemorarse los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, pasamos a rememorar un sinnúmero de casos que delatan con toda crudeza la carnicería del terrorismo de Estado militar.
¿Pablo Neruda?
«Me van a matar, como a Lorca«, recuerda Manuel Araya, exchofer del vate, que le dijo Neruda al ver un barco de guerra frente a su casa de Isla Negra.
No hay una conclusión definitiva en los informes dados a conocer por las universidades de Mac Master de Canadá y de Copenhague de Dinamarca respecto de la muerte del poeta Pablo Neruda, hecho ocurrido a fines de septiembre de 1973 luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende.
Sin embargo, para Julia Urquieta, abogada querellante en este caso en representación del Partido Comunista -colectividad en la que militó el escritor-, los estudios de las entidades académicas permiten afirmar hubo intervención de personal que llegó donde estaba internado en la Clínica Santa María y que terminó desencadenando su deceso.
“Se trata de informes preliminares a los cuales hemos tenido acceso, pero no son concluyentes. Sí nos permiten aseverar que habría presunciones fundadas de la intervención de terceros, producto de la bacteria (clostridium botulinum) en el cuerpo de Neruda”, precisó Urquieta.
Los restos del agente se identificaron en un molar “y todo indica, de acuerdo a los distintos paneles de expertos, que la bacteria habría sido inoculada desde el exterior, no eran parte del cáncer y por tanto, la muerte del poeta no fue la enfermedad que padecía”, señaló la abogada.
El sobrino y abogado de la familia de Neruda, Rodolfo Reyes, subrayó que la muerte de su tío fue producto de la intervención de terceros que inocularon la bacteria al poeta.
“Fue a través de su torrente sanguíneo como llegó a sus osamentas y en especial a un molar que estaba intacto”, según explicó Reyes.
Caravana de la muerte
Iniciada la dictadura, el régimen tomó medidas inmediatas en atención a la llamada “guerra interna”, concepto con el cual se justificaron terribles asesinatos y violaciones a los derechos humanos.
Como parte de estas medidas Pinochet encomendó al general Arellano Stark comandar un comando de ejecución, esta operación fue conocida como la “Caravana de la Muerte”, la cual es responsable del asesinato de dirigentes y activistas sindicales y políticos a lo largo de todo el país.
En el norte de Chile, la “Caravana de la Muerte”, en tan solo una semana, recorrió siete localidades (La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagüa y Arica) dejando tras de sí un baño de sangre.
El helicóptero Puma de Arellano Stark aterrizó en el regimiento Esmeralda, en Antofagasta, el 18 de octubre de 1973, en donde se determinó el traslado a la Quebrada El Way de 14 prisioneros políticos para ser ejecutados.
Su asesinato fue un escándalo debido a que los cuerpos fueron entregados en la morgue del hospital bajo terribles condiciones. Según se pudo determinar, el Intendente de la época, Joaquín Lagos Osorio, jefe además de la división Antofagasta del ejército, decidió conscientemente encubrir los brutales crímenes.
Lagos, asimismo, ordenó la publicación de noticias que tan solo dieran cuenta de siete de los ejecutados. Las publicaciones, obviamente en El Mercurio de Antofagasta, fueron burdos montajes, acusando a los asesinados de conspirar para realizar crímenes en masa en Antofagasta y de estar comprometidos en activismo político y de conspiración terrorista.
Setenta y un personas asesinadas fue el saldo total del general Arellano Stark en su paso por el norte. Sergio Arellano Stark murió en la impunidad, sin haber pisado un solo día la cárcel luego de ser declarado absuelto debido a Alzheimer en marzo de 2016, una completa burla para cientos de familiares que aún reclaman justicia.
Víctor Jara
En una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 27 de marzo de 1974, respondiendo una nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se dijo: “Víctor Jara: Fallecido. Murió por acción de francotiradores que, reitero, disparaban indiscriminadamente contra las Fuerzas Armadas como en contra de la población civil«.
Sin embargo, Víctor Jara fue detenido el día 12 de septiembre de 1973 en el recinto de la Universidad Técnica del Estado, lugar en el que prestaba sus servicios como director teatral, siendo conducido al Estadio Chile, donde tras ser separado de los demás detenidos, fue mantenido en los altos de una galería, junto a otras personas consideradas como peligrosas. Entre el 12 y el 15 de ese mes, fue interrogado por personal del ejército.
El 15 de septiembre es el último día en que se le ve con vida, cuando en horas de la tarde Víctor Jara fue sacado de una fila de prisioneros que serían trasladados al Estadio Nacional. Al día siguiente, el 16 de septiembre, en la madrugada, su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano por unos pobladores, junto a otros cinco cadáveres, entre los que se hallaba el de Littré Quiroga Carvajal.
Conforme expresa el informe de autopsia, Víctor Jara murió a consecuencia de heridas múltiples de bala, las que suman 44 orificios de entrada de proyectil con 32 de salida.
La Comisión Rettig se formó la convicción de que el afectado fue ejecutado al margen de todo proceso, constituyendo ello una violación a sus derechos fundamentales de responsabilidad de agentes del Estado.
Joan Alsina
Los días 15, 17 y 19 de septiembre de 1973 se llevaron a cabo tres operativos militares al interior del Hospital San Juan de Dios. Efectivos militares pertenecientes a un Batallón del Regimiento Yungay, de San Felipe, que se encontraba apostado en la Quinta Normal y en el Instituto Diego Barros Arana, detuvieron a numerosas personas, cinco de ellas fueron ejecutadas y dos permanecen hasta la fecha desaparecidas. Una de estas personas era:
Joan Alsina Hurtos, español de 31 años, sacerdote católico, quien ejercía su ministerio en la Parroquia San Ignacio de San Bernardo y se desempeñaba como Jefe de Personal del Hospital San Juan de Dios, fue ejecutado el 19 de septiembre.
Fue detenido en los subterráneos del Hospital por efectivos del Regimiento Yungay. Luego fue llevado al patio del Hospital donde permaneció largo rato. Conducido, primero, al Instituto Diego Barros Arana y luego al Río Mapocho donde fue ejecutado el mismo día. El día 27 fue encontrado su cuerpo en el Instituto Médico Legal; es sepultado al día siguiente en el Cementerio Parroquial de San Bernardo. El certificado de defunción consigna como lugar de la muerte el puente Bulnes sobre el río Mapocho, e indica como causa de la misma: “múltiples heridas de bala y lesiones apergaminadas en la cara».
Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Chiarleoni
El brigadier Pedro Espinoza Bravo encargó la misión de organizar el asesinato del excomandante en jefe del ejército al jefe del departamento exterior de la DINA, el entonces comandante de ejército Raúl Iturriaga Neumann, que utilizaba el nombre falso de Diego Castro Castañeda, y al oficial Armando Fernández Larios, recordando que días antes del atentado se encontró en Buenos Aires con Iturriaga. El asesinato de Prats se realizó con la cooperación de ciudadanos argentinos, y los que estaban a cargo de la DINA Exterior eran el citado Iturriaga y, como segundo jefe, el capitán José Zara Holger. Los miembros de la Brigada Mulchén de la DINA que participaron en el atentado fueron:
Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias Diego Castro Castañeda.
Guillermo Humberto Salinas Torres, alias Freddy Yáñez.
Pablo Belmar Labbé, alias Sergio Molina Correa.
Armando Fernández Larios, alias Armando Faúndez Lyon.
Juan Alberto Delmás Ramírez (asesinado).
El viernes 28 de septiembre de 1974, el estadounidense Michael Townley, agente de la DINA, se introdujo en el garaje de Prats y colocó un aparato explosivo bajo la caja de velocidades del automóvil del general, un Fiat 125. El 30 de ese mes, a las 00:50 horas, al regresar Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert a su casa en la calle Malabia N°3305, Townley hizo detonar el explosivo por medio de control remoto, provocándoles la muerte instantánea. Según el informe policial con carácter “estrictamente confidencial y secreto”, “los restos del automóvil se hallaban esparcidos en un radio de 50 metros y se observaban restos calcinados de carne humana”.
En el transcurso del proceso llevado por el ministro Alejandro Solís, se pudo establecer que en los meses previos al doble asesinato operó en Buenos Aires “una célula de la DINA integrada por más de seis individuos (…) que disponía de explosivos de gran potencia y que estaba compuesta por varios oficiales del ejército de Chile”, según se puede verificar en el fallo de primera instancia. Los integrantes recibían apoyo de empresas chilenas ubicadas en Buenos Aires, como el Banco del Estado de Chile y Lan Chile.
José Tohá
El 15 de marzo de 1974 murió en el Hospital Militar de Santiago José Tohá González, abogado, ministro de Defensa del gobierno de Allende, militante socialista.
El día 11 de septiembre fue detenido en el Palacio de La Moneda junto a un grupo de autoridades y colaboradores del gobierno depuesto, y trasladado junto a ellos a la Escuela Militar, donde permaneció por algunos días. Luego, junto a la mayoría de los miembros del defenestrado gabinete, es enviado a la isla Dawson, lugar en que es sometido a malos tratos reiterados y apremios ilegítimos por parte del personal militar que estaba a cargo del recinto. Aún privado de libertad, fue sucesivamente trasladado a distintos centros hospitalarios, como el Hospital de la Fuerza Aérea y el Hospital Militar de Santiago. A raíz de su reclusión y de los tratos recibidos, su estado físico se fue deteriorando gravemente, perdiendo 27 kilos de peso, llegando a pesar unos 49 kilos, siendo su estatura de 1,92 m. Precisamente el motivo de su traslado desde el sur hacia Santiago tuvo que ver con el avanzado estado de desnutrición en el que se hallaba, lo que le impedía incluso moverse de su cama cuando ya estaba en el Hospital Militar. En general, todos los testimonios recibidos señalan que su situación física y sicológica estaba muy deteriorada. El propio protocolo de autopsia da cuenta de su avanzado estado de desnutrición.
La versión oficial de los hechos, entregada a la familia del afectado, señala que éste se suicidó, colgándose del cuello con su cinturón, en un clóset, versión que los familiares no aceptan, sosteniendo que su extremo estado de debilidad le impedía siquiera moverse por sí solo y que la estatura de José Tohá era superior a la del lugar en que dicen se habría colgado.
El 12 de octubre de 2012 se entregó el resultado de un tercer peritaje ordenado a la Universidad de Concepción por el ministro en visita Jorge Zepeda, el cual sostuvo que el otrora secretario de Estado no se suicidó, sino que fue asesinado por estrangulamiento. Su cuerpo fue sepultado por tercera vez el 19 de noviembre de 2012. El 4 de diciembre de 2015, el ministro en visita Jorge Zepeda condenó a los coroneles en retiro de la Fuerza Aérea, Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías, a tres años de pena remitida, como responsables de torturas a Tohá. Dicha condena fue confirmada el 18 de enero de 2017.
Miguel Enríquez
Fue un médico, político, revolucionario, fundador y Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que lideró desde 1967, hasta su fallecimiento en el marco de un operativo montado por agentes de la DINA.
Tras el golpe de Estado, Enríquez pasa a ser uno de los más buscados por las autoridades. Su persecución termina cuando es abatido el 5 de octubre de 1974, en lo que se informó como un enfrentamiento con agentes de la DINA en la comuna de San Miguel, en una casa de seguridad desde donde lideraba al MIR. Sin embargo, la familia y simpatizantes dudaban de la versión dada por la DINA, y denunciaban que en realidad no hubo un enfrentamiento, sino un homicidio. Y así lo determinó la justicia casi 45 años después: “Las diligencias y la información acumulada durante el desarrollo de esta investigación han permitido sostener que el aludido enfrentamiento no existió”, dijo el juez Carroza.
En 2019 fueron condenados los agentes de la DINA Miguel Krassnoff por abatir a Enríquez, y también Teresa Osorio y Rodolfo Concha en calidad de autores del homicidio.
Óscar Bonilla
Fue un general de ejército que se desempeñó como ministro del Interior y de Defensa Nacional durante la Dictadura militar.
Se sabe que el general Bonilla, no era muy adicto a Pinochet y un enemigo declarado de los generales que prestaban enorme pleitesía a los convites y regalos, de la embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile, y de los oficiales y generales que eran agentes de la CIA.
“Tomé mi helicóptero con mi ayudante y me trasladé a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas verdes. Le dije a su comandante, el coronel Manuel Contreras, que quería visitar los calabozos. Titubeó, pero tuvo que llevarme. En mi recorrido me encontré con hombres que estaban tendidos boca abajo en el suelo, otros desnudos y amarrados, algunos colgados de los brazos y con su cuerpo en el aire. Se podía percibir que habían sido golpeados o torturados. Cuando comprobé que la realidad era más horrible de lo que me habían dicho, llamé al subcomandante y le comuniqué que él asumía el mando y que el coronel quedaba arrestado para someterlo a proceso” General Oscar Bonilla (Operación Cóndor. El vuelo de la muerte. Editorial LOM. Colección Septiembre. Santiago de Chile 1999).
“Curiosamente” murió, tras su oposición a Manuel Contreras, en un accidente aéreo el 3 de marzo de 1975, a los 56 años, cuando el helicóptero que lo traía de vuelta a Santiago cayó poco después de despegar. Los técnicos enviados por la empresa francesa fabricante de los helicópteros también murieron en extrañas circunstancias.
Operación Colombo
También llamado caso de los 119. Fue un operativo montado por la DINA en 1975, destinado a encubrir la desaparición forzada de 119 opositores a la dictadura militar de Augusto Pinochet. El objetivo de la operación fue hacer creer a la opinión pública nacional e internacional -mediante la publicación de información falsa en medios de comunicación en Chile y en el extranjero- que los desaparecidos habían fallecido en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras o habían sido víctimas de purgas internas. La mayoría de los asesinados fueron miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Sin embargo, también hubo militantes asesinados del Partido Comunista (PC), del Partido Socialista (PS), del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), de la Liga Comunista de Chile y del Partido Demócrata Cristiano (DC) y algunas personas sin militancia política.
El 16 de abril de 1975 fue encontrado un cuerpo mutilado en la calle Sarmiento de Buenos Aires, el cual portaba una cédula de identidad que lo identificaba como el ingeniero civil chileno David Silberman. Silberman era militante del Partido Comunista y había sido gerente general de Cobre Chuqui hasta el golpe de Estado de 1973. Cumplía una pena de trece años de cárcel en la Penitenciaría de Santiago -por infracción a la Ley de Seguridad del Estado- luego de haber sido procesado por un consejo de guerra, cuando fue secuestrado el 4 de octubre de 1974 por agentes de la DINA. Desde entonces su paradero era desconocido. Años después, el exagente Enrique Arancibia Clavel confesaría que la supuesta aparición de Silberman en Buenos Aires había sido un operativo -bautizado “Colombo”- encargado por Raúl Iturriaga Neumann para hacer aparecer a un “subversivo chileno” en Argentina.
En los meses siguientes, los principales periódicos de Chile empezaron a publicar notas sobre presuntos desaparecidos que estarían vivos fuera de Chile. El 13 de junio de 1975 La Tercera publicó una nota titulada “Extremistas chilenos se adiestran en Tucumán”, en la que se destacaba “que entre los extremistas hay gran cantidad de elementos del MIR y otros grupos marxistas que públicamente figuran como desaparecidos”, mientras que los medios pertenecientes a El Mercurio publicaban en esos días titulares como “Extremistas chilenos son adiestrados en guerrillas” (La Segunda, 12 de junio); “Paso de miristas armados a Chile” (El Mercurio, 16 de junio) y “Extremistas cruzan la frontera” (Las Últimas Noticias, 16 de junio).
En los primeros días de julio de aquel año, la Junta Militar canceló súbitamente la visita a Chile de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, programada para el 11 de julio, que tenía como objetivo investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Según el gobierno, no se trataba de una cancelación, sino de una “postergación hasta que hubiera un momento más oportuno”. Ese mismo 11 de julio, día en que originalmente iba a llegar la comisión, aparecieron en la ciudad de Pilar, al norte de Buenos Aires, dos cuerpos calcinados al interior de un automóvil, con las identificaciones de los chilenos Jaime Robotham y Luis Guendelman, integrantes del MIR, detenidos desaparecidos desde 1974. Sobre ambos cadáveres había un lienzo que decía: “Dados de baja por el MIR. Brigada Negra”. Ocho días después apareció otro cuerpo, ahora con una supuesta identificación de Juan Carlos Perelman, también mirista, detenido en Santiago y desaparecido desde el 20 de febrero de 1975.
La revista Lea, de Buenos Aires, por su parte, publicó el 15 de julio una lista de 60 “extremistas chilenos eliminados por sus propios compañeros de lucha” en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia. Anteriormente, el 25 de junio de 1975, el medio Novo O’Día de Curitiba, Brasil, había dado cuenta del asesinato de 59 miristas en “enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en Salta”.
A partir de lo informado por las dos publicaciones extranjeras y a los cables de la agencia UPI que habían informado del hallazgo de los cuerpos calcinados en Buenos Aires, los principales medios de prensa de Chile comenzaron a replicar en las siguientes semanas las noticias de estos supuestos enfrentamientos, con titulares como “Matanza entre miristas deja al descubierto burda maniobra contra Chile” (La Tercera, 16 de julio), “Sangrienta «vendetta» interna hay en el MIR” (Las Últimas Noticias, 16 de julio), “Feroz pugna entre marxistas chilenos” (La Segunda, 18 de julio), “Identificados 60 miristas asesinados” -con el epígrafe “Ejecutados por sus propios camaradas”- (El Mercurio, 23 de julio), “El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres” (La Tercera, portada del 23 de julio) y “Sangrienta pugna del MIR en el exterior” (Las Últimas Noticias). El vespertino La Segunda, sobre la base de la publicación de Novo O’Día, tituló el 24 de julio de 1975, en primera plana, “Exterminados como ratones”, texto acompañado del epígrafe “59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.
El proceso judicial de la Operación Colombo fue investigado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Víctor Montiglio. Por esta causa, el ministro solicitó el desafuero de Augusto Pinochet, que fue concedido el 6 de julio de 2005 por la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmado por la Corte Suprema el 14 de septiembre del mismo año. Luego, procesó a Augusto Pinochet el 28 de diciembre de 2005 y le concedió la libertad provisional bajo fianza, por lo que quedó en libertad provisional el 9 de enero de 2006. Pinochet fue sobreseído definitivamente en diciembre de 2006. El 27 de mayo de 2008 el ministro Montiglio dictó procesamiento y orden de arresto contra 98 implicados en los crímenes, entre miembros de las Fuerzas Armadas y civiles.
En 2013 se presentó la primera querella criminal en contra de Agustín Edwards Eastman, dueño de El Mercurio y La Segunda, por su rol en la operación Colombo.
Carmelo Soria
Fue un editor y diplomático español, miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Después del golpe de Estado de Pinochet y tras el fin de la Unidad Popular, Soria regresó a trabajar al Celade. En esa época, utilizó su inmunidad diplomática para ayudar a varios perseguidos políticos a asilarse en embajadas. El 14 de julio de 1976, cuando regresaba a su casa desde su oficina en la Cepal, fue secuestrado por varios agentes de la Brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional y torturado en Lo Curro, en el sótano de la residencia del ciudadano estadounidense y agente de la DINA, Michael Townley.
Dos días después, el cuerpo y el auto de Soria, que fue desbarrancado intencionalmente para simular un accidente, aparecieron en las cercanías del canal El Carmen, en el sector de La Pirámide, en la zona oriente de Santiago. La prensa nacional expuso profusamente el caso como un accidente, vinculado a los excesos y la infidelidad, lo que luego se reveló como un montaje para cubrir el asesinato del editor.
En marzo de 2019, y luego de casi 25 años de tramitaciones, la justicia chilena condenó a seis de los oficiales vinculados al asesinato de Carmelo Soria: Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Jaime Lepe Orellana y Juan Morales Salgado, por homicidio calificado; el exfiscal militar Sergio Cea Cienfuegos por el delito de falsificación de instrumento público; y al general en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela, por presentar declaraciones falsas en la investigación. De la misma forma, se decretó la absolución del caso de los exmilitares René Quilhot Palma, Pablo Belmar Labbé y Guillermo Salinas Torres.
Calle Conferencia I y II
Es la designación de dos operaciones clandestinas de la DINA que descabezaron entre mayo a noviembre-diciembre de 1976 a la dirección del Partido Comunista. Ambas operaciones fueron organizadas por la Brigada Lautaro, cuya existencia se mantuvo en secreto hasta 2007.
El 12 de mayo de 1976 varios dirigentes del Partido Comunista (PC) fueron secuestrados por la DINA desde una casa de seguridad de la Calle Conferencia N° 1587, comuna de Santiago. Posteriormente, y como parte de la misma operación, Víctor Díaz López, segundo al mando de la dirección clandestina del PC y padre de Viviana Díaz, que fue dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fue detenido en la calle Bello Horizonte N°979 en la comuna de Las Condes.
De hecho, los detenidos fueron trasladados a un recinto secreto: el Cuartel Simón Bolívar, ubicado en La Reina. No se sabe exactamente cuántos prisioneros comunistas fueron trasladados allí, parece que todos lo fueron (Jorge Muñoz, el marido de Gladys Marín, Fernando Ortiz, padre de Estela Ortiz, exDirectora de la Junji, viuda de José Manuel Parada, una de las víctimas del Caso Degollados de 1985 y Waldo Pizarro, el esposo de la dirigenta de la AFDD, Sola Sierra, padre de Lorena Pizarro).
La cabeza de Víctor Díaz López estaba cubierta con una bolsa de plástico antes de que se le inyectara cianuro. De acuerdo con el agente Ricardo Lawrence, Pinochet fue personalmente al centro de detención de Casa de Piedra en el Cajón del Maipo para ver a Díaz antes de ser transferido al cuartel Simón Bolívar para ser asesinado.
El comando de secuestradores y asesinos estaba compuesto por miembros de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Chile (Armada, Fuerza Aérea, Ejército y Carabineros), incluyendo civiles, oficiales del ejército y decenas de suboficiales de todas las ramas. Todos estaban bajo la dirección de Juan Morales Salgado, entonces de importancia, y responsable de la seguridad personal de Manuel Contreras, jefe de la DINA. Las órdenes de asesinato emanaban directamente de Contreras que las transmitía a Salgado.
En el caso Calle Conferencia II, también conocido como El caso de los trece, once miembros de la nueva dirección clandestina del PC fueron secuestrados con dos militantes del MIR, entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976. La mayoría de los cuerpos fueron arrojados al mar.
Orlando Letelier y Ronni Moffitt
El 21 de septiembre de 1976 fallecieron en Washington, D.C. Estados Unidos, Orlando Letelier del Solar y Ronni Moffitt, al explotar una bomba colocada debajo del piso del vehículo en que se movilizaban. En el automóvil viajaba también el cónyuge de Moffitt, Michael Moffitt, quien salvó ileso.
Orlando Letelier, de 44 años, había sido embajador del gobierno del Presidente Allende ante los Estados Unidos, habiéndose desempeñado también, durante ese gobierno, como Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa, cargo este último que detentaba al 11 de septiembre de 1973. Letelier fue detenido ese mismo día, en sus propias oficinas del Ministerio de Defensa. Pasó un largo período privado de libertad, primero en el Regimiento Tacna, luego en la Escuela Militar. De ahí fue llevado por 8 meses al campo de detenidos de Isla Dawson. A continuación estuvo un tiempo en el subterráneo de la Academia de Guerra Aérea, de donde fue trasladado finalmente al campamento de Ritoque, lugar desde el que recuperó su libertad, partiendo al exilio.
Primeramente viajó a Venezuela y posteriormente a los Estados Unidos, donde trabajaba en el Institute for Policy Studies, en Washington, D.C. En ese período también reanudó sus labores partidarias dentro del Partido Socialista, en el cual militaba, cumpliendo funciones de mucha importancia en esa colectividad y en las actividades de oposición a la dictadura militar, en el exterior. Poco antes de su muerte le fue quitada la nacionalidad chilena.
Ronni Moffitt, de 25 años, era una ciudadana estadounidense y se desempeñaba también en el Institute for Policy Studies.
En la investigación judicial de estos hechos llevada a cabo por la justicia norteamericana constan las confesiones de tres intervinientes como responsables de aquellos, quienes de forma coincidente dan cuenta de la participación en el asesinato, tanto en su planificación, como en su ejecución, de agentes de la DINA.
En la autoría intelectual del crimen se encuentran involucradas las más altas autoridades de ese servicio de seguridad, quienes encomendaron su ejecución a uno de sus agentes que con anterioridad había recibido la misión de ejecutar otros trabajos en el extranjero.
Primeramente se trató de obtener pasaportes falsos para entrar a los Estados Unidos desde Paraguay, al no lograrse ello se utilizaron pasaportes oficiales falsos chilenos expedidos por la Cancillería.
La labor de seguimiento previo de la víctima, que era en principio solamente Letelier, fue ejecutada por una pareja de agentes que viajó al efecto a los Estados Unidos.
En la ejecución del crimen se contó con la ayuda de miembros de una agrupación clandestina anticastrista de los Estados Unidos, quienes ayudaron tanto en la confección como en la colocación de la bomba que haría estallar el vehículo de la víctima. Finalmente ellos mismos serían los que activarían el mecanismo de control remoto para hacerla explotar.
Conforme señalan sus respectivos protocolos de autopsias, Letelier murió a causa del desangramiento que le produjo la amputación traumática de sus extremidades inferiores y Moffitt falleció por aspiración de sangre, laceración de la laringe y de la arteria carótida derecha.
Con posterioridad al acto terrorista y una vez en evidencia que se encontraban comprometidos agentes chilenos en él, se efectuaron en el país diversas maniobras tendientes a impedir el esclarecimiento del delito. Entre ellas se cuenta la presentación de personas distintas a las involucradas para contestar las cartas rogatorias (exhortos) presentadas por el gobierno norteamericano y, de acuerdo a testimonios, la destrucción de declaraciones inculpatorias prestadas ante el Fiscal Militar chileno que llevaba la investigación.
La Comisión Rettig estudió y ponderó todos los abundantes antecedentes que existían sobre este caso, en Chile y en extranjero. Entre éstos se encuentran los que constan de la causa 192-78 llevada por la Justicia Militar en Chile, para investigar la falsificación de pasaportes que guarda relación con el caso Letelier y otros delitos referidos al mismo caso; y la documentación judicial y extrajudicial sobre la investigación del caso en los Estados Unidos, en sus distintas fases e instancias.
Los ángeles de Guayacán
Ver el artículo: https://www.elciudadano.com/1973chilememoria/los-angeles-de-guayacan-los-dos-ninos-ejecutados-por-la-dictadura-el-24-de-diciembre-de-1973/07/24/
Hornos de Lonquén
Fue un lugar donde se encontraron el 30 de noviembre de 1978 restos de detenidos desaparecidos. Estas personas habían sido detenidas en la localidad de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973.
Quince campesinos, todos varones, entre 17 y 51 años de edad fueron detenidos por carabineros en la localidad de Isla de Maipo. Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Óscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Todos ellos fueron llevados desde sus hogares hasta la tenencia de Isla de Maipo, en ese lugar fue la última vez que se les vio con vida.
Un campesino se dirigió a las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad. Denunció que en unos hornos de una mina de cal encontró los restos de cuerpos humanos. El vicario Cristian Precht Bañados coordinó una comisión para verificar estos hechos. Participaron de esta comisión: Enrique Alvear, obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht y Javier Egaña, Secretario Ejecutivo de la Vicaría; el abogado jefe de la Vicaría, Alejandro González; el abogado Máximo Pacheco; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez. El 30 de noviembre de 1978 esta comisión se dirigió al lugar, unos hornos de cal abandonados, donde se denunció la presencia de restos humanos. Según relata el periodista Abraham Santibáñez, en esos hornos encontraron: “Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre”.
Finalmente, en período democrático, se condenó por el delito de secuestro calificado a los excarabineros: Lautaro Castro Mendoza, jefe de la patrulla, a la pena de 20 años de prisión por su responsabilidad como autor. David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, Juan José Villegas Navarro condenados a la pena de 15 años de prisión. Pablo Ñancupil Raguileo fue condenado a 900 días de prisión. El caso pasó a segunda instancia, es decir, la Corte de Apelaciones de San Miguel que confirmó la sentencia. El 16 de junio de 2018 la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 6 excarabineros dado que el jefe de los carabineros Lautaro Castro falleció antes de la condena.
¿Rodrigo Anfruns?
Tenía seis años de edad, jugaba en el antejardín de la casa de sus abuelos, en las cercanías de la intersección de Miguel Claro con Sucre, comuna de Providencia, cuando desapareció, un día 3 de junio de 1979. Las policías movilizaron numerosos recursos e incluso en el caso colaboraron agentes de los organismos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, hubo nulas pistas sobre el paradero del infante.
Tras 11 días de agonía, el 14 de junio de 1979, el cuerpo sin vida de Anfruns fue hallado en un sitio eriazo, situado a los pies del hogar de sus abuelos, el que había sido registrado en varias ocasiones, incluso con la ayuda de perros adiestrados.
El culpable, según la Policía de Investigaciones de la época, fue un menor de 16 años, individualizado con las iniciales P.P.V., quien condujo a los detectives al lugar, tras confesar su crimen. La versión indicó que el cadáver siempre estuvo en una sola parte y, misteriosamente, pasó inadvertido para decenas de uniformados que recorrieron la zona buscándolo.
Las diligencias posteriores y la edad del supuesto homicida hicieron que, rápidamente, el juez Ricardo Gálvez -quien luego llegaría a la Corte Suprema- cerrara el caso. Además, Investigaciones recibió públicas felicitaciones de parte de La Moneda, encabezada por el entonces los ministros del Interior y Justicia de Pinochet, Sergio Fernández y Mónica Madariaga, respectivamente.
Sin embargo, las numerosas dudas que generó el caso, sobre todo cómo pudo un cuerpo estar 11 días en un sitio eriazo registrado en varias ocasiones, siempre hicieron pensar a la familia Anfruns Papi que la verdad no se condijo con la resolución legal del proceso.
De acuerdo a la tesis desarrollada por el libro Una verdad pendiente, de la periodista Soledad Pino, Rodrigo Anfruns Papi fue secuestrado por error, por agentes de los servicios de seguridad de la dictadura, por una rencilla personal entre oficiales de las Fuerzas Armadas.
Dos bandos se disputaban la participación en una operación de tráfico de armas, y problemas surgidos en la operación ilegal motivaron a un grupo a idear el secuestro de un menor de edad, para intimidar a su familia, de la que era parte uno de sus enemigos.
El plagio se materializó, pero aunque el objetivo no era Anfruns, el niño cayó en las manos de militares, quienes a pesar de haber cometido un crimen, pudieron encubrir su accionar a raíz de su posición en el régimen.
En 2005, un ministro en visita reabrió el caso de Anfruns, cerrándolo un año después. Sin embargo, la investigación volvió a activarse en enero de 2007, hasta mediados de 2009, cuando nuevamente el sumario -que incluyó la declaración de Sergio Fernández- se cerró. Finalmente, en abril de 2010 la Corte de Apelaciones decidió por tercera vez en un lustro encargar nuevas diligencias.
Tucapel Jiménez
Ocupó, entre otros cargos, la presidencia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Fue asesinado por la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE).
Debido a su oposición a la dictadura militar, Tucapel Jiménez fue blanco de amenazas y seguimientos. Uno de los objetivos que el dirigente buscaba materializar durante aquel tiempo era la reunificación del movimiento sindical chileno. La mañana del 25 de febrero de 1982, Jiménez salió de su casa a trabajar en su taxi. Su vehículo fue interceptado por algunos sujetos, quienes haciéndose pasar por pasajeros le pidieron que se dirigiera al camino Renca-Lampa, a 40 kilómetros de Santiago. Allí, el dirigente recibió cinco disparos en la cabeza y fue posteriormente degollado. Su cuerpo fue encontrado esa misma noche, dentro de su taxi. Sus documentos, en cambio, fueron encontrados al día siguiente en Viña del Mar.
La información oficial, y de parte de los medios de prensa, hablaron de un asesinato como resultado de un asalto. Un año después, en Valparaíso, fue encontrado el cadáver de un carpintero llamado Juan Alegría Mundaca, quien presentaba heridas en sus muñecas. Junto al cuerpo había una carta en la que decía estar arrepentido de haber matado a Tucapel Jiménez. Sin embargo, el hecho fue interpretado como un encubrimiento de los verdaderos asesinos del dirigente.
En 1999 el ministro Sergio Muñoz Gajardo descubrió que el crimen fue obra de miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército.
Según los antecedentes reunidos en el proceso, el individuo que subió al taxi como pasajero fue Luis Pino Moreno, carabinero en retiro que se había casado con la prima de Tucapel Jiménez. Posteriormente, tres hombres se subieron al vehículo y lo obligaron a conducir hasta un lugar aislado, donde lo asesinaron. Tras esto, los sujetos sustrajeron algunas de sus pertenencias para simular un robo. En octubre de 2000, el entonces mayor del ejército Carlos Herrera Jiménez, confesó su autoría material en los asesinatos de Tucapel Jiménez y de Juan Alegría Mundaca. Herrera fue quien disparó a Jiménez, mientras que los demás coautores fueron Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo. Las órdenes las había dado el director de la DINE, Ramsés Álvarez Sgolia, mientras que Víctor Pinto Pérez, comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército supervisó la operación.
El año 2002, Muñoz condenó a 12 personas por el crimen de Tucapel Jiménez, entre autores, cómplices y encubridores. En calidad de autores fueron condenados el general Ramsés Álvarez, el brigadier Víctor Pinto Pérez, el teniente coronel Francisco Ferrer Lima, el mayor Carlos Herrera, el suboficial Manuel Contreras Donaire y el suboficial Miguel Letelier. Como cómplices fueron condenados Juan Carlos Arriagada y Jorge León Alessandrini, inculpados de haber facilitado la obtención del arma homicida.
El 18 de agosto de 2005 el presidente Ricardo Lagos Escobar confirmó que otorgó el indulto a Manuel Contreras Donaire. El exuniformado fue beneficiado con la modalidad de “Indulto de Conmutación de la Pena”. El 29 de enero de 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó pagar $1.200 millones a la familia de Tucapel Jiménez. El tribunal de alzada instruyó al Fisco a pagar una indemnización a los tres hijos y dos nietos del dirigente sindical, a 25 años de su asesinato.
En relación con el crimen de Alegría Mundaca, Carlos Herrera declaró que recibió órdenes de Álvaro Corbalán Castilla y Humberto Gordon, quienes le pidieron inculpar del asesinato de Tucapel Jiménez a alguien “que fuese bueno para beber, bueno para el trago, dicho más claro, que viviera solo, en una casa que pudiese ser de fácil acceso, sin que se enteraran los vecinos”. Tres fueron los condenados como autores por la muerte de Alegría Mundaca: Carlos Herrera Jiménez, Álvaro Corbalán y Armando Cabrera Aguilar. Osvaldo Pincetti fue condenado como cómplice.
André Jarlán
Los días 4 y 5 de septiembre de 1984 murieron ocho personas en el marco de las manifestaciones efectuadas con motivo de la Décima Jornada de Protesta Nacional.
André Joachim Jarlán Pourcel, de 43 años de edad, era sacerdote de nacionalidad francesa, y servía en la Parroquia de la Población La Victoria. Fue asesinado por un disparo de bala efectuado por personal de Carabineros.
En la tarde del 4 de septiembre, un grupo de periodistas se encontraba en la intersección de las calles 30 de octubre y Ranquil, en la población La Victoria, cubriendo los acontecimientos del día de protesta. En ese sector había barricadas y fogatas. Un grupo de carabineros se acercó por calle 30 de octubre. Ante la advertencia de pobladores, los periodistas huyeron. Un funcionario policial realizó disparos al aire por encima de la cabeza de uno de los reporteros, el cual, rezagado, se había ocultado tras un poste del alumbrado eléctrico. El periodista gritó que era de la prensa. Carabineros avanzaron por calle Ranquil y el periodista conversó con un oficial. Los uniformados se retiraron, continuando su patrullaje por calle 30 de octubre. Las dos balas disparadas habían atravesado la pared de madera del segundo piso de la casa parroquial ubicada en calle Ranquil. Una de esas balas impactó en el cuello al sacerdote Jarlán y le causó la muerte.
Testimonios múltiples y concordantes recibidos, dan cuenta de la desproporción de la acción policial, pues no resultaba en absoluto justificado el uso de armas de fuego frente a los hechos del momento y en un lugar densamente poblado.
Caso Degollados
En la mañana del jueves 28 de marzo de 1985, Santiago Nattino fue abordado en la intersección de las calles Apoquindo con Badajoz por un sujeto que lo encañonó y lo hizo subir a un vehículo que esperaba en la esquina. Esa misma noche, desconocidos ingresaron a una oficina de la Asociación gremial de educadores de Chile (Agech), ubicada en Londres 75B y secuestraron a cuatro dirigentes: Mónica Araya, Eduardo Osorio, José Toloza y Alejandro Traverso. Los cuatro serían liberados al día siguiente, después de una jornada entera de interrogatorios.
Pasadas las 8:30 horas del viernes 29, José Manuel Parada y Manuel Guerrero se encontraban conversando en las afueras del Colegio Latinoamericano, en Avenida Los Leones N°1401, cuando de pronto un station wagon marca Opala se detuvo frente a ellos. Se bajaron tres sujetos y con violencia agarraron al sociólogo y al profesor. De dos docentes que presenciaron la escena, uno de ellos recibió un disparo en el abdomen cuando intentó intervenir. Inmediatamente el station arrancó en dirección desconocida. Momentos antes de la escena un helicóptero policial había pasado en vuelo rasante por el sector y un individuo se había parado en la esquina y había comenzado a desviar el tránsito.
La investigación posterior determinaría que Nattino, Parada y Guerrero fueron llevados a al cuartel de la Dicomcar en calle Dieciocho, el mismo recinto donde la década anterior había operado el Comando Conjunto. En ese lugar, los tres fueron torturados. Posteriormente, en la madrugada del sábado 30, fueron llevados en vehículo hasta Quilicura. Los profesionales fueron degollados y sus cuerpos dejados entre unos matorrales, frente al fundo El Retiro, cercano al aeropuerto Pudahuel.
Tras varios años de investigación, en 1994 el juez Milton Juica condenó a tres miembros del servicio secreto de la policía a presidio perpetuo por el asesinato, y a otros trece funcionarios a penas que oscilaron entre 41 días y 18 años de presidio. Posteriormente la Corte de Apelaciones aumentó a seis las condenas de presidio perpetuo. Al año siguiente, la Corte Suprema finalmente confirmó cinco de las seis condenas a presidio perpetuo: Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Sáez Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reyno. En el caso de Patricio Zamora Rodríguez se rebajó la pena a 15 años y un día de presidio.
Desde fines del 2017 solo cumplió condena Miguel Estay Reyno, quien murió en 2021, mientras los otros condenados fueron liberados sin cumplir la condena de presidio perpetuo. Esta situación fue denunciada por varias organizaciones de derechos humanos, principalmente por la Comisión Funa, que ha investigado y denunciado la impunidad este tipo de delitos.
Caso Quemados
La oposición a Pinochet tenía gran esperanza de que 1986 sería «El año de la victoria» y programó una serie de jornadas de protesta que debían coronarse con un gran paro nacional los días 2 y 3 de julio. En casi toda población los grupos políticos opositores se prepararon. La respuesta del gobierno fue enviar militares a patrullar las calles para mantener el control.
En el barrio de Los Nogales, comuna de Estación Central de Santiago, un pequeño grupo de personas se encontraba montando barricadas en un sector estratégico, durante la mañana del día 2 de julio. El fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, quien prestaba servicios para una agencia internacional que cubría la noticia del paro, acompañó al grupo. La brigada portaba 5 neumáticos usados y un bidón de gasolina. A las 8 de la mañana fueron interceptados en la esquina de Avenida General Velásquez con calle Germán Yungue por una patrulla militar comandada por el teniente Pedro Fernández Dittus e integrada por 3 civiles, 5 suboficiales y 17 soldados. La mayoría de los jóvenes lograron escapar, excepto Quintana y Rojas de Negri.
Los militares rociaron a los detenidos con gasolina y les prendieron fuego. Estando ambos jóvenes en llamas e inconscientes, fueron envueltos con mantas por miembros de la patrulla, y cargados en un vehículo militar hasta un camino aislado, distante unos 20 kilómetros de la capital. Una vez allí los arrojaron a una zanja de regadío, asumiendo que morirían. Más tarde fueron hallados por trabajadores agrícolas y llevados a la Posta Central, para su atención.
Rojas de Negri falleció cuatro días más tarde debido a la gravedad de sus heridas. Quintana, en cambio, fue trasladada al Hospital del Trabajador el 6 de julio. Pese a las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en un 62 por ciento de su cuerpo, con muchos dientes rotos (transitando entre la vida y la muerte durante semanas), finalmente sobrevivió. A continuación fue sometida a un largo tratamiento médico en Chile y Canadá. Su rostro quedó con quemaduras y cicatrices.
Será en 1993 cuando la Corte Suprema condene a Fernández Dittus a 600 días en prisión por su responsabilidad en la muerte por quemaduras de Rojas de Negri y las serias quemaduras recibidas por Quintana.
En marzo de 2019, el ministro Carroza condenó a once militares en retiro por los delitos de homicidio calificado, respecto de Rodrigo Rojas de Negri, y homicidio calificado en grado de frustrado, respecto de Carmen Gloria Quintana. La sentencia condenó como autores a Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra y Nelson Fidel Medina Gálvez, a diez años y un día de presidio. Mientras que Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Osvaldo Astorga Espinoza, Francisco Fernando Vásquez Vergara, Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Patricio Franco Rivas y Sergio Hernández Ávila fueron condenados como cómplices a la pena de tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.
En marzo de 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago modificó la sentencia para aumentar las penas dictadas contra los condenados. En relación con los autores de los delitos, las condenas fueron modificadas a veinte años de presidio. En tanto, la Corte rechazó la excepción de cosa juzgada que había absuelto a Pedro Fernández Dittus en primera instancia, quien también fue condenado como autor. La sentencia también absolvió a Luis Zúñiga González, Jorge Astorga Espinoza y Sergio Hernández Ávila.
Operación Albania o Matanza de Corpus Christi
El germen de esta operación fue el atentado al dictador Augusto Pinochet en septiembre de 1986. La Central Nacional de Informaciones (CNI) se propuso terminar con la cúpula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y para ello le encargó a la División Antisubversiva Bernardo O’Higgins, secundada por la Unidad Antiterrorista y la Brigada de Asaltos de la Policía de Investigaciones, ejecutar la Operación Albania.
Para ello, trazaron la estructura del FPMR que hasta el momento conocían y elaboraron una lista para identificar a sus militantes que, según las órdenes superiores, no debían sobrevivir al operativo.
Estamos ahora en 1987. Desde las 6 de la mañana del 15 de junio hasta la madrugada del 16 de aquel mes, las fuerzas represivas se desplegaron sobre Santiago para dar con el paradero y asesinar a los frentistas que estaban en sus registros.
El primero en caer fue Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky, el comandante “Benito”, miembro de la Dirección Nacional del FPMR y estrecho colaborador del líder del Frente (el comandante “José Miguel”, Raúl Pellegrin). Valenzuela fue abatido por la espalda en la mañana del 15 de junio, en plena vía pública, en la calle Alhue de la comuna de Las Condes, a metros de la casa de su madre.
Cerca de las 18:30 horas, en calle Varas Mena, comuna de San Joaquín, fue asesinado tras salir de su domicilio Patricio Acosta Castro, identificado por la CNI como jefe del destacamento especial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Una vez muerto, un agente le puso en sus manos un revólver y un gorro pasamontañas, luego lo filmaron y le sacaron fotografías.
A la medianoche, en el número 417 de la calle Varas Mena, donde funcionaba una casa de seguridad y una escuela de instrucción del FPMR, fue asesinado el oficial rodriguista Juan Henríquez Araya junto a Wilson Henríquez Gallegos, quienes defendieron la retirada de la escuela de instrucción, permitiendo la huida de nueve compañeros y un niño de dos años, de los cuales tres -junto al menor- serían detenidos por Carabineros. Paradójicamente, eso fue lo que les salvó la vida.
En forma paralela, al interior del departamento donde arrendaba una pieza en la Villa Olímpica de Ñuñoa, fue acribillado Julio Guerra Olivares, conocido como “Guido” o el “Flaco”, quien se encontraba clandestino desde su participación como fusilero en el atentado a Pinochet.
El 15 de junio otros siete rodriguistas también fueron detenidos, pero a diferencia de los anteriores, fueron trasladados al cuartel de la CNI en la calle Borgoño, siendo víctimas de interrogatorios y torturas. Luego, durante la madrugada del 16 de junio, fueron trasladados en caravana a una casa abandonada en el número 582 de la calle Pedro Donoso, en la comuna de Recoleta, donde la CNI armó un burdo montaje. Distribuidos entre las habitaciones de la vivienda, los frentistas fueron ejecutados al mismo tiempo, recibiendo disparos desde arriba hacia abajo presumiblemente mientras estaban agachados. En tanto, otros agentes de la CNI percutían disparos al aire para simular un enfrentamiento.
Entre los siete rodriguistas asesinados en calle Pedro Donoso se encontraba el comandante “Ernesto”, José Joaquín Valenzuela Levy, el “Roro” para los combatientes formados en Bulgaria, quien sería el segundo miembro de la Dirección Nacional del FPMR aniquilado durante la Operación Albania. Los demás caídos fueron Esther Cabrera Hinojosa, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricia Quiroz Nilo, Ricardo Rivera Silva, Manuel Valencia Calderón y Ricardo Silva Soto.
Los familiares de los doce frentistas abatidos no sólo debieron reponerse a las muertes de sus seres queridos. Por más de una década debieron lidiar con la justicia para demostrar que estos rodriguistas no fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del régimen de Pinochet, sino que fueron asesinados de manera despiadada, mediante un montaje planificado en que la CNI, junto a medios de comunicación oficialistas, se confabularon para entregar una falsa información a la sociedad.
El 28 de enero de 2005 el ministro Dolmestch condenó en primera instancia a cadena perpetua al exdirector de la CNI Hugo Salas Wenzel, por los delitos de homicidio simple y homicidio calificado. Asimismo, sentenció a quince años y un día de prisión al exjefe operativo de ese disuelto organismo, Álvaro Corbalán, y a diez años y un día al exoficial de Carabineros Iván Quiroz, quien fue pieza clave de esta operación. También fueron condenados otros once agentes, por los delitos de homicidio o cómplice de homicidio. En 2007, la Corte Suprema ratificó el fallo en contra de Salas Wenzel, aumentó a 20 años de presidio la pena para Corbalán y mantuvo la sentencia de 10 años contra Quiroz. Este último permaneció prófugo de la justicia desde el momento de conocerse el fallo de última instancia, en agosto de 2007, siendo apresado por la policía el día 23 de enero de 2008 en Concepción, e ingresado al día siguiente en la cárcel de Punta Peuco.
Cecilia Magni Camino y Raúl Pellegrin Friedmann
La Toma de Los Queñes fue un ataque perpetrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), al retén de Los Queñes —comuna de Romeral, Región del Maule— el 21 de octubre de 1988, en el marco de la Guerra Patriótica Nacional. Esta acción fue encabezada por Cecilia Magni (comandante Tamara) y Raúl Pellegrin (comandante José Miguel).
El 25 de octubre, la policía pudo dar su primera señal de triunfo exhibiendo a la opinión pública a seis integrantes del comando que había actuado en el ataque, quienes fueron identificados como Carlos Ríos Bassi, Richard Ledezma Plaza, Miguel Ángel Colina, Manuel Araneda González, José Luis Donoso Cáceres y José Ugarte González. Todos habían sido capturados el día anterior.
El 30 de octubre, se encontraron los cuerpos sin vida de Raúl y Cecilia flotando en las aguas del río Tinguiririca. Según los informes de autopsia sus cadáveres presentaban lesiones contusas y huellas de aplicación de electricidad. Los informes médicos señalaron además que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión en agua y contusiones torácicas dorsales, las que se aplican por acción de instrumentos romos contundentes dada su profundidad y la ausencia de lesiones externas. A pesar de la polémica, el 6 de agosto de 2014, la Corte Suprema confirmó en un fallo definitivo, la absolución de cuatro carabineros acusados de asesinar a Raúl y Cecilia por la falta de pruebas contundentes, pero no desacreditó el delito de homicidio.
Gerardo Huber
Corría 1991 cuando Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE) embarcó 11 toneladas de armamento que fueron descubiertas en diciembre de ese año en Budapest, Hungría. Estas habían sido despachadas desde Chile con destino a Sri Lanka, con el rótulo de ayuda humanitaria. Justo, por esos días se encontraban dos oficiales de FAMAE haciendo otros negocios en Viena, Austria, cuando recibieron la orden del director del organismo, general Guillermo Letelier Skinner, de viajar a Zagreb -capital de Croacia– para cerrar el trato con traficantes de armas internacionales. La venta de armas a Croacia, envuelta en esa época en una guerra separatista contra la antigua Yugoslavia, estaba prohibida por las Naciones Unidas.
El cargamento, enviado por personal de FAMAE, estaba inicialmente avaluado en 200.000 dólares y estaba oculto en 36 cajones etiquetados como “ayuda humanitaria a Sri Lanka”. La investigación del caso comenzó ese mismo año. La mercancía encontrada en Budapest fue regresada a Chile, y allí se estimó que su costo era en realidad de 3 millones de dólares.
El Brigadier General Guillermo Letelier, director de FAMAE, fue forzado a renunciar. Por requerimiento del ministro de Defensa Patricio Rojas, la Corte Suprema nominó al magistrado Hernán Correa de la Cerda como responsable de investigar el tráfico de armas. El magistrado llamó al coronel Gerardo Huber (exmiembro de la DINA y encargado de la compra de armamento durante la dictadura) como testigo, el cual declaró que seguía órdenes del General Carlos Krumm, a cargo de Logística. El 29 de enero de 1992, Huber, quien estaba descansando y quemando una serie de documentos que comprometían al alto mando institucional de la época, en San Alfonso, Cajón del Maipo, en casa de su amigo Elwin Tapia, desapareció. Su cuerpo fue encontrado el 20 de febrero de 1992, con el cráneo despedazado.
A pesar de que las primeras declaraciones oficiales dijeron que Huber se había suicidado arrojándose desde un puente, los análisis forenses lo desmintieron, encontrando su cráneo destruido por la bala de un rifle militar. El caso estuvo abierto por más de veinte años, habiendo cambios de jueces durante el proceso y encontrándose conexiones con la Operación Cóndor. Finalmente el caso se cerró, luego de varios cambios, en enero de 2012, condenándose a 11 involucrados, entre ellos el general Letelier Skinner, también procesado por el Caso Riggs. A todos los condenados se les concedió posteriormente beneficios tales como libertad vigilada o remisión condicional de la pena por lo que ninguno fue encarcelado. De hecho, el general Carlos Krumm, responsable de la Logística, declaró al magistrado Claudio Pavez que el trato de armas había sido directamente aprobado por Pinochet.
Solo cabe decir ¡Nunca más!
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