La Cancillería chilena que se resiste hasta hoy a exigir el término de la intervención norteamericana y la entrega de toda la información que dé cuenta de su participación en el golpe y en la represión posterior; el militar gringo y agente secreto operativo durante el golpe que, a pesar de vivir en Chile, nunca fue hallado; las relaciones entre militares chilenos y el Grupo Militar de los Estados Unidos estacionado en Valparaíso.
Esto, y más, es lo que intenta develar el libro Engaños Mutuos: El Golpe Gringo de Cristián Opaso, quien alega que, a pesar de la desclasificación parcial de documentos oficiales de los EEUU y de un fallo judicial que inculpaba el jefe de los militares gringos en Chile, aún no se conocen todos los detalles de la intervención, ni se asumen las implicancias de la intervención norteamericana en el proceso político chileno. Pero no es sólo de intervención militar y de política clandestina que trata esta historia: es también de intervención humana para resistir al olvido y la desesperanza y darnos la posibilidad de encontrarle sentido a una historia tan cruel como injusta.
Durante la reciente visita a Chile de un grupo de parlamentarios norteamericanos, cuyo propósito era el de ratificar la voluntad de los Estados Unidos por fortalecer los procesos democráticos en América Latina, el Presidente Gabriel Boric les ofreció un asado. La estrella de aquella tarde fue la joven congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien afirmó que su gobierno tenía la obligación de entregar más y mejores antecedentes respecto de la participación de las agencias de inteligencia norteamericanas en el golpe de Estado de 1973. El PresidenteBoric, por su parte, aseguró que el gobierno de Chile ha hecho permanentes gestiones en busca de dicha verdad.
Estas palabras de buenas intenciones sin embargo chocan frontalmente con lo acaecido durante el largo proceso judicial que investigó los asesinatos de los norteamericanos Charles Horman y Frank Teruggi, ambos eliminados por los militares chilenos -en complicidad con militares norteamericanos- según concluyó el proceso judicial que duró casi quince años. Durante el proceso, tanto la Embajada de Estados Unidos como el Ministerio de Relaciones Exteriores pusieron múltiples obstáculos para investigar los asesinatos y lograr la extradición de uno de los principales exculpados. Este es uno de los temas tratados en profundidad en el libro recientemente publicado por Ceibo Ediciones, del cual publicamos un extracto:
He aquí algunos extractos:
Un Criminal de Guerra amparado por los gobiernos de los EEUU y de Chile
El 28 de junio de 2005, Ramiro Escudero, Agregado Legal de la Embajada de EEUU en Santiago, informa a Carlos Tapia Acevedo, prefecto de la Unidad de Inteligencia Policial de Chile, que no puede entregar las direcciones y números de teléfono de 26 ciudadanos norteamericanos[1], pedidos por la justicia chilenaa través de su policía, y que el trámite se debía hacer a través de una carta rogatoria. Lo insólito es que el Agregado Legal le informa al policía chileno que ha demorado su respuesta ya que la carta mandada por el Prefecto de Investigaciones, fechada el 7 de septiembre de 2004… ¡sólo llegó a su oficina el 11 de mayo del 2005! Es decir, alguien en la Embajada retuvo durante ocho meses la petición dirigida al Agregado Legal. Las demoras injustificadas no corrieron sólo por cuenta del gobierno norteamericano. La segunda carta rogatoria, enviada el año 2009 por la Corte Suprema para su procesamiento en Estados Unidos, demoró 15 meses en ser entregada a su destinatario en ese país, lo que fue justificado por la renuncia de un par de traductores. Además, tras llegar la respuesta, hubo una demora de tres meses para ser entregada por Relaciones Exteriores de Chile a la Corte Suprema, cuyas oficinas estaban ubicadas, en esa época, ¡literalmente a una cuadra de distancia!
Una de las demoras más significativas, sin embargo, fue la abortada petición de extradición de un militar norteamericano desde los Estados Unidos a Chile, lo que redundó en que nunca testificara uno de los dos formalizados como coautores del homicidio calificado de Charles Horman[2]. Uno de dichos formalizados (…) fue Ray Davis, jefe de los militares norteamericanos estacionados en Chile para el golpe[3]. Para la abogada Fabiola Letelier la gestión de la extradición era altamente significativa: “La acción más importante que realiza el Ministro Zepeda es la petición de extradición de Ray Davis, sujeto que estaba en el cargo más alto de lo que eran las Fuerzas Armadas norteamericanas en Chile. Él actuaba desde la Embajada de los Estados Unidos. Lo más significativo, fue que la petición tenía que ser aprobada por la Corte Suprema Chilena. Obtuvimos, con el abogado Sergio Corbalán, la aprobación de la solicitud, la que tenía que hacerse llegar a los Estados Unidos” abunda la abogada, que luego se tensiona visiblemente, “y ahí ocurre un hecho realmente extraordinario: el ministerio de Relaciones Exteriores de Chile era el que tenía que hacer la gestión de llevar la solicitud de extradición aprobada a los Estados Unidos… Pasaba y pasaba el tiempo y nosotros no teníamos respuesta. Finalmente nos llegó un comunicado de los Estados Unidos en la cual señalaban que este señor Davis en algún momento había vuelto a Chile y que ya estaba muerto. Se había muerto en Chile…¡Nada! ¡Se acabó!”.
¿Pero, qué pasó exactamente en el ministerio de Relaciones Exteriores luego del ingreso de la petición de extradición del 23 de octubre de 2012? ¿Por qué ésta solo pudo estar lista para ser procesada y entregada al Departamento de Justicia norteamericano en agosto del 2023, cuando Davis ya había fallecido? Seguí el rastro, pidiendo documentos por Ley de Transparencia y conversando formal e informalmente con fuentes de la Cancillería y del Poder Judicial. Descubrí entonces insólitos hechos. Por ejemplo, ¡que se habían demorado nueve meses en traducir los documentos! Siguiendo con el descubrimiento de hechos insólitos, averigüé que, con posterioridad a la muerte de Davis, la embajada siguió procesando la extradición, pero evitó que ésta llegara al Departamento de Justicia de Estados Unidos. De hecho, al ser mandada a la Embajada de Chile en Washington, iba con una nota de la cancillería pidiendo expresamente que no se entregara hasta un último dictamen del juez (relacionado con el sobreseimiento de Davis, debido a su fallecimiento).
Es decir, en realidad nunca se procesó la extradición en Estados Unidos, a pesar de haber seguido su curso hasta las puertas del horno en Washington mismo. Existió una orden precisa para evitar que el trámite siguiese su curso normal. Joyce Horman, viuda de Charles Horman, me dijo en 2016 que el sabotaje burocrático al pedido de extradición tiene su explicación: “Para los Estados Unidos, tener a uno de sus militares extraditados para responder preguntas respecto del asesinato de un norteamericano en el extranjero habría sido un importante precedente. Entiendo que esto nunca habría sucedido… Escondieron a Davis, y luego lo quemaron y después dijeron que era un tema privado”, relata Joyce, a quien le negaron cualquier información, aduciendo motivos de privacidad al intentar ella corroborar la muerte y cremación de Davis.
Ray Davis, el Jefe del Grupo Militar norteamericano en Chile en el momento del golpe, fue el mismo que les “hizo el favor” a Charles y Terry de llevarlos en su auto desde Viña del Mar de regreso a Santiago. ¿Qué había sido de Davis? ¿Dónde estaba Davis? ¿Qué podía decir Davis? Eso era sumamente relevante. Fue por eso que se había pedido la extradición, la que ni siquiera pudo llegar al Departamento de Justicia norteamericano. Anteriormente, a pesar de múltiples peticiones de la justicia -tanto a la Embajada como a las policías chilenas- éste nunca pudo ser ubicado en Chile, a pesar de que Ray Davis vivió la mayor parte de su vida después de 1973 en Santiago. La periodista Mary Helen Spooner, por ejemplo, relata que, en 1980, siete años después del golpe, durante un almuerzo en Santiago en la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AMCHAM), entidad formalmente privada, pero con estrechos vínculos con la Embajada de los Estados Unidos, fue testigo de cómo Ray Davis alegaba contra las acusaciones del libro de Thomas Hauser, “Missing. Cuatro años después, en 1984, la revista de AMCHAM publicaba un par de avisos firmados por el mismísimo Ray Davis, quien ofrecía en arriendo un cómodo departamento de cuatro dormitorios en Santiago, ¡y una botella de champaña a quien encontrase una mejor oferta!
Pero uno de los rastros más claros, y que ciertamente debió estar disponible por lo menos para las policías chilenas y norteamericanas, son los pasaportes emitidos a nombre Ray Davis. Según las copias de éstos, obtenidas por una petición especial que hice al gobierno norteamericano, y comparando sus fechas de vencimiento con las fechas de las entradas y salidas del país registradas por la policía chilena, que revisé en el expediente judicial, Ray Davis residió en Chile desde 1973 hasta su muerte en 2013 (Había) permanecido en Chile, sin salir del país, al menos desde el 2006.
Converso sobre este insólito hecho con el abogado Sergio Corbalán, quien elige cuidadosamente las palabras que sabe podrán ser repetidas.: “El interés no sólo es de la familia Horman, sino que de las autoridades judiciales de Chile; era conocido perfectamente por el gobierno de los EEUU, por su departamento consular en Santiago de Chile y por otras agencias donde se intentó conseguir información más precisa sobre la ubicación actual, en esa época, de Ray Davis y de otros ciudadanos norteamericanos. (…) Yo me atengo a los hechos: es absolutamente veraz que las autoridades norteamericanas sabían perfectamente adonde se encontraba este ciudadano, y esa información, que la requería el juez, que fue requerida formalmente, no fue entregada”, asevera con tono firme. Por su parte, el juez Guzmán me explica las razones que él cree tenía el gobierno de los Estados Unidos para esconder a Davis: “Ocurren atrasos en materia judicial cuando es más peligroso develar los testigos que dejarlos en la nebulosa. Yo creo que Ray Davis sabía todo, absolutamente todo, y sabía todo con nombres, apellidos, cargos”.
A pesar de no haber sido ubicado, de no haber testificado, y de que, por consiguiente, no hubiese sido declarado judicialmente culpable, la formalización fue de tal contundencia que por lo menos la Policía Internacional (Interpol) se vio en la obligación de catalogar a Ray Davis como criminal de guerra. Cabe destacar que los asesinatos de Horman y Teruggi fueron catalogados como delitos de lesa humanidad por el juez Zepeda[4]. Ray Elliot Davis, el formalizado exjefe del Grupo Militar de los EEUU en Chile fue de hecho incluido en la base de datos de Criminales de Guerra de la Interpol, según lo señala una comunicación de la oficina de Interpol al juez Zepeda[5]. Además, en esas comunicaciones se deduce que la oficina de Interpol en Washington no se opuso a incluir a Davis en la lista Roja, aunque hubiese podido hacerlo, aduciendo que la acusación era de carácter político. Se informaba que la Nota Roja para el arresto del criminal de lesa humanidad “aparecía como activa y autorizada para publicarse”. La misiva enviada el 30 de enero informaba que la oficina del Secretariado General de Interpol en Lyon, Francia, había revisado un número de “archivos de crímenes de guerra en su base de datos, incluyendo el archivo Davis, Ray. E.”
La otra intervención
En su libro Engaños Mutuos: El Golpe Gringo, Opaso se adentra también en el papel que hasta el día de hoy juegan otros/as estadounidenses, entre ellos/as los parientes y amigos de los asesinados, quienes continúan intentando se devele toda la verdad y se continúe buscando la justicia.
Durante los mismos días del lanzamiento público del libro de Opaso se lanzó también otro libro sobre el asesinato de Horman y Teruggi, escrito por el conocido periodista norteamericano John Dinges y titulado Chile en el Corazón.
El texto aduce falta de pruebas contundentes en el juicio liderado por el Ministro Jorge Zepeda y argumenta que Horman y Teruggihabrían sido asesinado por militares chilenos -sin intervención norteamericana- y debido a sus cercanos contactos con grupos de izquierda chilenos, en especial con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
Opaso considera inexactas las conclusiones, e inadecuado el enfoque de los mismos hechos, dados a conocer en el libro de Dinges.
“Pequeño favor a la justicia se hace al descalificar el proceso judicial llevado a cabo en Chile y que duró cerca de 15 años en condenar a los responsables de los asesinatos de Charles Horman y Frank Teruggi”, señala Opaso.
“Al descalificar y desconocer la validez y consistencia del dictámen de las cortes chilenas por los asesinatos de Horman y Terrugi, de pasada se desconoce también el nivel de intervención de los EEUU en el golpe militar de 1973.”, agrega el autor de Engaños Mutuos, el Golpe Gringo, quien considera que la intervención militar encubierta coordinada desde Valparaiso, de la cual el libro entrega varias pistas, habría sido el principal motivo del asesinato de Charles Horman, que tuviera la mala suerte de haberse encontrado -los días del Golpe- en uno de los hoteles de Viña del Mar donde alojaban algunos de los que habrían prestado la asesoría norteamericana de inteligencia y logística para el Golpe
“Pruebas contundentes, entre ellas algunos documentos desclasificados, y múltiples testimonios lograron probar judicialmente la culpabilidad de Pedro Espinoza y Ray Davis (solo inculpado ya que nunca fue hallado) y de Rafael Gonzalez, como co-autores y encubridor respectivamente de los asesinatos.”
“Algunos errores y vacíos que pudiesen haber habido en el proceso débense más a la falta de cooperación de la embajada y el gobierno norteamericano, que a una ineptitud o falta de pulcritud de Juan Guzmán o Jorge Zépeda, ambos magistrados del proceso.”, concluye.
Opasodice también que la anunciada continuación del proceso de desclasificación, pedida formalmente en el Congreso de EEUU por una petición de, entre otros, los parlamentarios/asAlexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders,debe asegurar que se den a conocer mayores antecedentes respecto a las intervenciones detalladas en su libro, y que estos antecedentes deben, esta vez, ser conocidos y analizados en profundidad por los chilenos/as y sus autoridades, adoptándose las medidas necesarias para no repetir los hechos.
[1]Por su presunta participación en la preparación del golpe de 1973.
[2]Periodista norteamericano asesinado por militares chilenos en los días posteriores al golpe de Estado.
[3] Causa N2.182-98, “Estadio Nacional” de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fojas 2779, 3838 110.
[4]Sentencia dictada por don Jorge Zepeda Arancibia, Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, el nueve de enero de dos mil quince, Tomo XIII].
[5]Causa N2.182-98, “Estadio Nacional”, Tomo XIII 117 En cartas fechadas el 28 y 30 de enero de 2013 enviadas por el jefe de Oficina Nacional Interpol (Chile) y, dirigidas al juez Zepeda
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