El historial de corrupción y delincuencia de Pinochet y su familia: Tráfico de armas, narcotráfico, CEMA, privatizaciones, pinocheques y Banco Riggs

Recuento de los más bullados casos de corrupción y delitos ejecutados por Augusto Pinochet, sus familiares, amigos y círculo cercano

El Ciudadano

31/07/2023 9:29am

Autor: Jorge Molina Araneda

La corrupción durante el período de la dictadura militar se vio favorecida por la ausencia de libertad de expresión y de libertad de prensa, así como por la imposibilidad por parte de la Contraloría General de la República de poder realizar sus funciones fiscalizadoras. Se designó a funcionarios con conflictos de interés, se realizaron coimas al poder judicial, se malversaron fondos públicos mediante sobresueldos y cuantiosas indemnizaciones, miembros del poder ejecutivo efectuaron millonarios negocios con la empresa privada, y tres días antes de que Pinochet dejara el mando, el 8 de marzo de 1990 se promulgó la denominada “ley de amarre”, la cual prohibió el despido de los exfuncionarios de confianza de Pinochet, luego de la transición a la democracia.

Existe un video emblemático, de septiembre de 1975, que da cuenta del cinismo de Pinochet en cuanto al enriquecimiento ilícito de sus arcas personales:

Los más bullados casos de corrupción y delitos ejecutados por Augusto Pinochet, sus familiares, amigos y círculo cercano fueron:

Casos familiares

-Algunos miembros de la familia Pinochet se enriquecieron mediante cuestionados negocios. El entonces yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, de funcionario público se convirtió en pocos años en millonario. Fue designado gerente de CORFO y SOQUIMICH, las que no declaraban todos sus beneficios, al mismo tiempo que trabajaba como miembro de la Comisión de Venta de Activos, encargada de vender estas empresas y sus filiales. Más tarde se convirtió en un líder mundial del mercado del litio.

–CEMA Chile; administrada por su cónyuge, Lucía Hiriart, utilizó durante años terrenos proporcionados gratuitamente por la Junta Militar, los cuales en 2002 fueron adquiridos a un precio muy inferior a su valor de mercado por la Universidad Bernardo O’Higgins, cofundada por Augusto Pinochet en 1990. Por ley, hasta mayo de 2006, recibió recursos provenientes de la Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, estimados en millones de dólares.

Entre 1977 y 1989 el Ministerio de Bienes Nacionales transfirió gratuitamente a la Fundación 135 inmuebles fiscales con lo que la instancia se constituyó en una entidad con fines de lucro. Con Hiriart detentando la investidura protocolar de primera dama durante ese período, la Fundación cambió su naturaleza jurídica para establecerse como una corporación de derecho privado bajo el control del Fisco, a través de la Presidencia de la República. Posteriormente, cuando Pinochet abandona la comandancia en jefe del Ejército, la entidad pierde todo vínculo con la institución estatal. Existe un caso emblemático que provocó un gran impacto: la Plaza de Armas de Paine, que era propiedad privada de CEMA porque eso era un polígono fiscal que fue transferido a CEMA Chile, que pertenecía inicialmente a la Corporación de Mejoramiento Urbano que se transfirió a Bienes Nacionales y este a CEMA.

De hecho, existió un informe de la Policía de Investigaciones que determinó que entre el período 2004 y 2015, la Fundación efectuó la venta de 17 bienes raíces por una suma superior a cinco mil millones de pesos.

De acuerdo al periodista Juan Pablo Figueroa, en 2016 Lucía Hiriart había obtenido $6.300 millones en enajenación de terrenos.

–Pinocheques; un caso paradigmático tuvo como protagonistas al mismo dictador y su primogénito, Augusto Pinochet Hiriart. En 1984, Pinochet Hiriart, usando a su amigo Eduardo Le Roy Vicuña como testaferro, compró la empresa metalúrgica Nihasa Limitada, cambiando pronto su nombre por el de Proyectos Metalúrgicos Integrados de Producción (PSP). Entre sus contratistas figuraron CEMA Chile y el Ejército de Chile. En 1987, PSP compró Valmoval, empresa administrada por el Ejército y recientemente declarada en quiebra. Dos años después, el Ejército volvió a comprar dicha empresa, a través de tres cheques a nombre de Augusto Pinochet —los llamados “pinocheques” — por un monto cercano a los US$3 millones, los cuales fueron depositados por Pinochet Hiriart en diversas cuentas bancarias estadounidenses a nombre de su esposa e hijos.

Pinochet Hiriart junto a su esposa de entonces, María Molina Carrasco, y sus cinco hijos retornaron a Estados Unidos, anteriormente habían vivido en Los Ángeles, a la ciudad de Sacramento, California, donde abrió diversas cuentas bancarias a nombre de su cónyuge e hijos, con el fin de ocultar su dinero. Una cuenta de María Molina en el Banco Gran América de Sacramento acabaría acumulando US$1.500.000. Con el dinero, Pinochet tenía pensado instalar una empresa de gimnasios y academias de karate, planes que no alcanzó a realizar, por motivos familiares, de infidelidades de su esposa con su guardaespaldas.

El caso de los pinocheques se filtró a la prensa, pero el 19 de diciembre de 1990, a unos meses de asumida la presidencia por Patricio Aylwin, Augusto Pinochet ordenó un acuartelamiento de tropas que se extendió hasta altas horas de la noche, presionando al Gobierno para que no iniciara acciones legales. Posteriormente, en declaraciones de prensa se dijo que las acciones habían sido únicamente un “ejercicio de enlace”.

Posteriormente, el 28 de mayo de 1993, después de que el diario La Nación publicara una noticia con el titular “Reabren caso cheques del hijo de Pinochet”, este último inició nuevas presiones, esta vez más explícitas, reuniéndose en el edificio de las Fuerzas Armadas, situado a unos doscientos metros del Palacio de La Moneda, con oficiales del Ejército escoltados por soldados armados y vestidos con trajes de combate, por cuyas boinas negras al suceso se le conoció como “el boinazo”. Aylwin se vio obligado nuevamente a ceder. Más tarde, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la causa debía ser revisada por la Corte Suprema. Esta vez las presiones del Ejército se realizaron en 1995, a través de un “picnic” con los oficiales vestidos de civil a las afueras del Penal de Punta Peuco, donde cumplían condena algunos acusados por violaciones de los derechos humanos. En vista de lo anterior, el presidente Frei ordenó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que cerrara el caso definitivamente, aduciendo a razones de Estado, quedando Pinochet Hiriart impune, así como otros dos civiles y dos miembros del ejército, que también fueron imputados.

Las Privatizaciones

Ver el artículo https://archivo.kaosenlared.net/la-dictadura-y-el-robo-del-siglo-los-secuaces-de-pinochet-que-privatizaron-chile/

Tráfico de armas a Croacia

Corría 1991 cuando Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE) embarcó 11 toneladas de armamento que fueron descubiertas en diciembre de ese año en Budapest, Hungría. Estas habían sido despachadas desde Chile con destino a Sri Lanka, con el rótulo de ayuda humanitaria. Justo, por esos días se encontraban dos oficiales de FAMAE haciendo otros negocios en Viena, Austria, cuando recibieron la orden del director del organismo, general Guillermo Letelier Skinner, de viajar a Zagreb -capital de Croacia– para cerrar el trato con traficantes de armas internacionales. La venta de armas a Croacia, envuelta en esa época en una guerra separatista contra la antigua Yugoslavia, estaba prohibida por las Naciones Unidas.

El cargamento, enviado por personal de FAMAE estaba inicialmente avaluado en 200.000 dólares y estaba oculto en 36 cajones etiquetados como “ayuda humanitaria a Sri Lanka”. La investigación del caso comenzó ese mismo año. La mercancía encontrada en Budapest fue regresada a Chile, y allí se estimó que su costo era en realidad de 3 millones de dólares.

El Brigadier General Guillermo Letelier, director de FAMAE, fue forzado a renunciar. Por requerimiento del Ministro de Defensa Patricio Rojas, la Corte Suprema nominó al Magistrado Hernán Correa de la Cerda como responsable de investigar el tráfico de armas. El magistrado llamó al coronel Gerardo Huber (exmiembro de la DINA y encargado de la compra de armamento durante la dictadura) como testigo, el cual declaró que seguía órdenes del General Carlos Krumm, a cargo de Logística. El 29 de enero de 1992, Huber, quien estaba descansando y quemando una serie de documentos que comprometían al alto mando institucional de la época, en San Alfonso, Cajón del Maipo, en casa de su amigo Elwin Tapia, desapareció. Su cuerpo fue encontrado el 20 de febrero de 1992, con el cráneo despedazado.

A pesar de que las primeras declaraciones oficiales dijeron que Huber se había suicidado arrojándose desde un puente, los análisis forenses lo desmintieron, encontrando su cráneo destruido por la bala de un rifle militar. El caso estuvo abierto por más de veinte años, habiendo cambios de jueces durante el proceso y encontrándose conexiones con la Operación Cóndor. Finalmente el caso se cerró, luego de varios cambios, en enero de 2012, condenándose a 11 involucrados, entre ellos el general Letelier Skinner, también procesado por el Caso Riggs. A todos los condenados se les concedió posteriormente beneficios tales como libertad vigilada o remisión condicional de la pena por lo que ninguno fue encarcelado.

Tráfico de armas a Ecuador

En 1995 estalla un corto conflicto bélico entre Perú y Ecuador. La disputa, conocida como Guerra del cóndor, se extendió por 22 días y dejó 66 muertos. La venta de armas de Chile a Ecuador fue revelada por el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas Víctor Baya, quien declaró a un diario quiteño que durante el conflicto, su país compró armas a Argentina, Rusia y Chile, con el consentimiento de la CIA. Aún cuando Chile, en esos momentos, era uno de los cuatro países garantes de la paz, de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro de 1942.

En concreto, Pinochet suministró a Ecuador 300 subametralladoras SAF, 300 cohetes LOW y munición fabricada por FAMAE, además de raciones de combate. Según medios ecuatorianos, el exdictador envió tan rápido el cargamento que ni siquiera hubo tiempo para borrar el escudo chileno que tenía el armamento.

Las autoridades judiciales chilenas estimaron que Augusto Pinochet podría haber cobrado una coima superior a los 500 mil dólares. La cifra se calcula en función de lo que ganó como “comisión” el representante de FAMAE en Ecuador, Santiago Córdoba, que recibió US$373.000.

Narcotráfico

Pinochet había dicho, “En este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”.

Augusto Pinochet se hizo multimillonario a través de la producción y tráfico de cocaína, según su exmano derecha Manuel Contreras, quien fuera jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Según una reportaje publicado en La Nación (2006), Contreras hizo llegar por escrito sus acusaciones contra Pinochet al juez Claudio Pavez, magistrado que investigaba el asesinato, en 1992, del coronel Gerardo Huber, y el tráfico de armas a Croacia.

Contreras afirmó que la cocaína era fabricada en un complejo químico que el Ejército posee en la localidad de Talagante, por el químico Eugenio Berríos, quien también pertenecía a la DINA y fue asesinado en Uruguay, a principios de la década de 1990.

El encargado de distribuir la droga en Estados Unidos y otros países, así como de depositar posteriormente las ganancias en las cuentas que Pinochet poseía en diversos bancos internacionales, era -de acuerdo a Contreras- el sirio Monser Al Kassar, al que también se le ha vinculado con terrorismo.

La cocaína que fabricaba Berríos, según Contreras, era de la variedad denominada “negra” o “rusa”, indetectable con los métodos tradicionalmente utilizados por la policía.

Afirmó además al juez que había decidido colaborar con él por el aprecio que sentía por el coronel Gerardo Huber, cuyo asesinato fue vinculado al contrabando de armas a Croacia descubierto a principios de la década de 1990, durante la guerra de los Balcanes.

Para mayor abundamiento, nueve meses antes del Golpe de Estado, Manuel Contreras, ultraderechista y máxima autoridad del Ejército en San Antonio para fines de 1972, realizaba un trabajo de inteligencia gigantesco junto al movimiento Patria y Libertad y otros conspiradores que pretendían derrocar a Allende. Dentro de este escenario, centenares de civiles y uniformados nacionalistas trabajaban bajo su mando en todo el país. De esta forma, y según detalla el periodista Rodrigo De Castro, en su libro La delgada línea blanca: “Al cabo de pocas semanas (tras el 11), Contreras manejaba más información que todos los aparatos de seguridad. En esos días decenas de militares civiles de Patria y Libertad entraron a formar parte de la Brigada de Inteligencia Ciudadana de la futura Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)”.

El periodista Manuel Salazar confirma estos hechos: “En pocos meses, incluso antes del decreto que la legalizó en junio de 1974, la DINA contaba con miles de informantes pagados en todo el país. Manejaba clínicas, oficinas de telecomunicaciones, bufetes de abogados, empresas de fachada de diversa índole, un centro de estudios económicos con más de veinte economistas, agencias de viajes, empresas de transportes, grupos operativos de asalto, y diversos centros de detención en todo el país. Antes de que el cuerpo de generales del Ejército que organizó el golpe militar se diera cuenta, la DINA se había transformado en un verdadero gobierno paralelo”.

Con todo esto, ¿cómo financiar esta clase de operaciones? Los viajes y las misiones diplomáticas fueron una buena chance para generar lazos… y también ganancias. Bastó que Contreras instalara a sus hombres en las embajadas de Chile más estratégicas, en las oficinas del salitre (Soquimich) y del cobre (CODELCO), en Europa y EE.UU., y también en LAN, donde muchos pilotos y azafatas se transformaron en agentes y correos de la DINA fuera del país.

Fue dentro de estas acciones, que Contreras envió a Europa al teniente coronel Hugo Prado Contreras. La misión era clara: fortalecer la red internacional de la DINA con alguna organización de criminales de guerra, grupos paramilitares y terroristas de extrema derecha, sectas y asociaciones secretas que muchas veces, amparadas por servicios de inteligencia, recurrían al secuestro, la extorsión, el asalto de bancos y al tráfico internacional de armas y drogas para solventar sus propios gastos.

Fruto de estas relaciones, llegó a Santiago Stefano Delle Chiaie, que en 1970 había sido encomendado a formar células terroristas en Italia, y que más tarde habría sido señalado como el contacto de la mafia siciliana con las dictaduras latinoamericanas. Delle Chiaie había gestado nexos con José López Rega, ministro de Bienestar Social y fundador de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que permitirían el atentado contra Carlos Prats en Buenos Aires. Michael Townley, el agente estadounidense de la DINA que perpetró el asesinato, fue premiado con una vivienda adquirida por dicha institución en Vía Naranja; una exclusiva calle en las faldas de la Cordillera.

En ese lugar, el norteamericano tenía bajo su mando a dos bioquímicos, siendo Eugenio Berríos uno de ellos: pieza clave de Contreras para su proyecto de guerra química y biológica, y a quien se le descubriera tras huir, en 1991, un laboratorio para la elaboración de cocaína. Una historia que no terminó bien, en 1995 un grupo de pescadores descubrió en una playa cercana a Montevideo el cuerpo de Berríos. “Lo encontraron con dos balazos en la nuca, las manos amarradas con alambre, y enterrado boca abajo”, describe Salazar.

En la investigación de los asesinatos de los agentes de la DINA Gerardo Huber y Eugenio Berríos quedaron en evidencia algunas redes. Huber trabajó con Michael Townley en la fabricación de armas químicas. Le destinaron al Complejo Químico del Ejército, en Talagante, donde incluso las ofició de gobernador. En 1991, en la Dirección Logística del Ejército, estaba a cargo de la compra y venta de armas al exterior. El dictador Augusto Pinochet estaba al mando de este tráfico por el que recibía “comisiones” a través de compañías offshore y de fachada. Cuando se descubrió el tráfico ilegal de armas chilenas en Budapest, Huber fue asesinado poco tiempo antes de que atestiguara. El bioquímico Berríos fue asesinado en Uruguay por miembros de los ejércitos chileno y uruguayo.

Berríos, implicado en el caso Letelier, producía la mítica cocaína negra, además del gas sarín. Aún se investiga su participación en la muerte de Eduardo Frei Montalva. Berríos fue ayudante de Townley en el cuartel de la Agrupación Quetropillán, dependiente de la Brigada Mulchén de la DINA. Vivió en la casa de Townley, en Lo Curro, donde mantenían un laboratorio. A fines de la década de 1970, Berríos se integró al Complejo Químico Industrial del Ejército.

Cuando comenzó el negocio de la cocaína y la pasta base en Chile, la élite del narcotráfico se codeaba con la alta sociedad de Viña del Mar, donde “la figura” era el empresario Manuel Losada, cuyo naviero Harbour fue descubierto por guardacostas de Estados Unidos cargando cinco toneladas de cocaína del Cartel de Cali. Se sabe, asimismo, que el narco Carlos Zuluaga- representante del cartel de Cali y después del de Medellín en Chile- tenía de “contacto” a un coronel de inteligencia militar.

Traían cocaína del exterior para reelaborarla en Viña del Mar donde la transformaban en cocaína líquida para enviarla a Estados Unidos en botellas de vino. También en Viña del Mar vivió el narco peruano Máximo Bocanegra, exagente de inteligencia militar y amigo de Vladimiro Montesinos. Todos eran íntimos de Berríos y de exagentes de la DINA y la CNI. Con total impunidad cargamentos de droga eran despachados desde Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) y llevados en vehículos militares al Aeropuerto Pudahuel. Su destino era principalmente Europa y puntos intermedios, a menudo el Aeropuerto de Port au Prince (Haití) o Islas Canarias. Hoy se sabe que Pinochet mantenía cuentas secretas en el Banco Riggs y otros proveídas con recursos de la Casa Militar, por 20 millones de dólares.

El 6 de febrero de 1975, Townley y su esposa llegaron a Miami con la misión de fortalecer los lazos con los grupos anticastristas cubanos que, junto con los neofascistas italianos, conformarían el brazo armado de la DINA en el exterior. En Miami, el anticomunismo extremo había sido absorbido por la mafia ítaloamericana y sus redes de comercio ilegal de drogas. Grayston Lynch, adiestrador de la CIA, dice en el periódico de Florida St. Petersburg Times, en 1982, que para los cubanos expertos en inteligencia, sabotaje y penetración de fronteras, el tráfico de drogas era un juego de niños.

A partir del año 1977, funcionarios del Gobierno de James Carter, a raíz de la violación sistemática de derechos humanos en Chile, presionaron al gobierno de Pinochet para terminar con las actividades de la DINA, financiadas con el narcotráfico. (“Cocaine Politics”, 1998). En ese período, la DEA buscaba con urgencia a Alfonso Rivera, personaje que monopolizaba la producción de pasta base y cocaína en Perú, y que habría contado con el contacto de un alto oficial del Ejército de Chile según un informante de la propia DEA (“The Underground Empire”, 1986).

Saul Landau y John Dinges, periodistas estadounidenses, escriben en su libro Assassination on Embassy Row, acerca del asesinato de Orlando Letelier: “Pinochet entregó a la DEA un avión lleno de traficantes de cocaína detenidos después del Golpe Militar. El Gobierno de Allende, recién derrocado, fue culpado de tráfico. Contreras pudo así colocar a sus propios hombres en los laboratorios de cocaína y en los puntos de distribución, bajo la protección de la DINA. Las enormes ganancias fueron destinadas a fortalecer el presupuesto clandestino de la DINA”.

El tráfico de drogas aparecería desde el comienzo de la investigación: “Donde el FBI ponía los ojos, había droga. Pero nosotros no estábamos preocupados del tema de las drogas, estábamos investigando el asesinato de Letelier y Ronnie Moffit. No le dimos mayor importancia”, señaló Landau.

En el segundo lustro de la década de 1970, las agencias antinarcóticos de Estados Unidos contaban con una serie de antecedentes que vinculaban a la inteligencia militar chilena con el narcotráfico internacional.

Casi toda la información que existe sobre la historia de las relaciones de la DINA con grupos narcoterroristas cubanos, se reduce a las investigaciones del FBI en torno al caso Letelier y las declaraciones otorgadas por Townley a la justicia de EE.UU.

En este sentido, la visión de Rodrigo de Castro es categórica: “Todos los narcos que hablan, mienten. Son verdades a medias. Es evidente que algo hay. Si tú tienes muchas piezas, inferir las que te faltan no es tan difícil”. En su libro, escribe:

“A la luz de las conexiones de los cubanos con el narcotráfico, las confusas explicaciones dadas por Otero, Morales y Bosch (el primero, espía de la DISIP, inteligencia venezolana; Morales, narcotraficante; y Bosch, dirigente cubano anticastrista, que habría sido recibido en Chile por el propio Pinochet en el edificio Diego Portales, en 1974. Todos implicados en el caso Letelier) al FBI sobre su ruptura con la DINA, parecen más bien la consecuencia de una simple disputa entre gánsteres por el robo de mercadería o una desavenencia por el control territorial de un determinado mercado de drogas”.

Según detalles proporcionados por aquel periodista, “ministros en visita encargados del caso Riggs abrieron cuadernos especiales para dedicarse exclusivamente a la veta del narcotráfico. Avanzaron muy poco. No sé por qué. Si acaso fuese probado judicialmente, se trataban de todos delitos prescritos. Habían pasado por lo menos 10 años”.

El relato y sus detalles no dejan de sorprender: “El General Toro, el primer director de la PDI que designó Aylwin, forma un núcleo de confianza, porque muchos funcionarios de Investigaciones estaban involucrados en narcotráfico. Hasta que llegaron al tema de Bathich, y se encontraron con que éste estaba protegido por la inteligencia militar”. Yamal Edgardo Bathich Villarroel era el primo y representante en Chile del sirio Monzer Al Kassar, uno de los traficantes de armas y drogas más poderosos del mundo.

Marco Antonio Pinochet -hijo de Augusto Pinochet- y Bathich eran amigos desde fines de la década de 1970. Yamal había tenido negocios con Pinochet: compraron chatarra a la División de Chuquicamata de CODELCO, y cuando Marco Antonio regresó a Santiago, coincidieron como empresarios en varios negocios. La empresa Bathich Motoren Limitada, dedicada a la importación y venta de motores usados diésel era uno de ellos. Marco Antonio era representante en Chile de la línea de lanchas Chaparral; se lo veía en las oficinas de la empresa de Yamal: Las lanchas Chaparral se comercializaban en Chile a través de Bathich Motoren Ltda, predecesora de Focus Chile Motores S.A. El abogado Héctor Novoa Vásquez (hermano de Jovino Novoa) se encargó en 1986 de constituir en Panamá la United Trading Motors Corp., sociedad que hizo el aporte del 90% del capital de la empresa de Bathich. En abril de 1988, por decreto de la Dirección de Aeronáutica, Chile Motores S.A. consiguió el funcionamiento de un helipuerto en sus terrenos. Los aparatos podían moverse sin que las torres de control de la aeronáutica civil fueran informadas necesariamente.

A fines de 1989, Jesús Ochoa Galvis se había instalado en el país. Se trataba del primo de los Ochoa Vásquez, una de las familias que manejaba el cartel de Medellín. Ellos mantenían relaciones con Monzer Al Kassar: era algo que había quedado establecido en procesos judiciales. Lo que llamó la atención de Toro una vez devuelta la democracia, fue su cercanía con Yamal Bathich. Ochoa todos los días iba a las dependencias de Focus Chile Motores S.A. y, por otro lado, Héctor Novoa aparecía como el rostro legal de las empresas de Ochoa, mientras presidía el directorio de Focus Chile Motores. Los otros dos directores eran Bathich y Alex Jacob Neder.

Al no prosperar las investigaciones de Toro debido a las presiones, actuó el Servicio de Impuestos Internos (SII). Llegó un inspector a hacerle una auditoría a Focus Chile Motores, que era en realidad de Monzer Al Kassar. En efecto, tras el breve arresto de Bathich en el aeropuerto de Barajas en España junto a Monzer Al Kassar, el SII llegó a las dependencias de Focus, donde descubrieron irregularidades. Pero fiel a esta historia, el fiscalizador a cargo le pidió a Alex Jacob un soborno de $35 millones para llegar a un arreglo. Sin embargo, y a pesar de que dicho dinero fue pagado, el funcionario del SII, a cambio de solucionar el problema de raíz, pidió $200 millones más. Un hecho que significó su posterior detención y la sorpresiva llegada de más fiscalizadores hasta Focus, a quienes se les negó la entrada. Acto seguido, Carabineros se trasladó hasta el recinto, donde vieron documentación contable desordenada y signos de que parte de ésta había sido retirada. Pero no era la única sorpresa: en la oficina de Jacob, hallaron una UZI con visor láser, dos escopetas Winchester, un revólver Astra calibre 3657 y 200 cartuchos sin percutir.

Finalmente, el personal del SII selló los muebles con documentación y clausuró las dependencias. Eran las 3 AM. Por lo que dejaron a una pareja de Carabineros de guardia hasta el día siguiente. A las 9 de la mañana se encontrarían con varios sellos rotos y muestras de papeles incinerados. Tanto Bathich como Neder y Ochoa se encontraban prófugos. Sin embargo, Héctor Novoa fue declarado reo casi de inmediato. “Se declaró deprimido, lo metieron en una clínica, y así evitó pasar por la cárcel”. En 1999, Bathich, Novoa y Jacob fueron multados y condenados a penas inferiores a 302 días de presidio.

Otro añadido, Frankell Baramdyka, infante de marina de Estados Unidos, que traficó droga y dinero en el Caribe bajo órdenes de oficiales norteamericanos en beneficio de los “contras” estaba casado con una chilena, accionista de la pesquera Redes del Pacífico. Baramdyka llegó a ser gerente general de esta empresa pantalla que “exportaba” droga. Baramdyka aseguró que sus “contactos” colombianos se abastecían de materias primas para la elaboración de cocaína en el Complejo Químico Industrial del Ejército. Dijo también que la CNI organizó en Europa una red de venta de cocaína y que en 1987 organizaron vuelos con embarques de cocaína disimuladas en envíos de bombas de racimo.

Según De Castro, “si la DINA y agentes de la CNI estaban metidos, también los peruanos lo estaban. Si no lo hacías, quedabas fuera. Eso es la gran hipocresía de la guerra contra las drogas. Por una parte, se gastan sumas millonarias en combatirlas; y, por otra, el mismo Estado se dedica a amparar el narcotráfico por motivos políticos […] En este contexto global, el que los servicios de inteligencia militar chilenos hubiesen participado en narcotráfico… no podían no hacerlo. No lo estoy justificando, sino que estoy hablando de cómo son las cosas”.

No es coincidencia que, finalmente, durante los años en que la cocaína y la pasta base se instalaron en Chile, Perú y Bolivia, en estos países se vivían sangrientas y mafiosas dictaduras que colaboraron con el Plan Cóndor, y admiraban la metodología de la DINA, y que, además, respaldaron y apadrinaron el narcotráfico como método para financiar sus operaciones genocidas y abultar la cuenta bancaria de Pinochet.

Caso Riggs

En el diario Washington Post, el día 14 de julio de 2004, se publicó la noticia de que el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos había descubierto algunos movimientos sospechosos en el Banco Riggs, el más prestigioso en Washington. Según esta investigación, que había sido llevada a cabo en uso de las atribuciones fiscalizadoras que se le había concedido al Senado en virtud de la Ley Patriota para perseguir el rastro de financiamiento del terrorismo internacional, reveló que Augusto Pinochet habría mantenido varias cuentas secretas desde 1994 en dicho banco.

Además, exagentes del Servicio Secreto de Estados Unidos contratados en 2003 por el Riggs Bank para realizar una auditoría interna determinaron que el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte comenzó a ocultar dinero en la institución desde 1985, casi 10 años antes de lo que se pensaba, luego que una investigación del Senado norteamericano descubriera los movimientos económicos del general en retiro en este país.

Los empleados del banco supuestamente involucrados en las actividades ilícitas se referían a Pinochet con los códigos “Red Fox” y “APU”, de acuerdo a una crónica del diario The Washington Post.

Asimismo, el rotativo indicó que las pesquisas determinaron que cuando el exdictador estuvo bajo arresto domiciliario en Londres, a finales de la década de 1990, una misión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) se contactó con Robert Roane, jefe del Riggs en la capital británica, para analizar la posibilidad de que Pinochet usara un avión de este banco para trasladarse a Chile.

Las investigaciones internas pagadas por este banco evidencian que Pinochet y su familia tenían un mayor número de cuentas bancarias que las que se conocían previamente, incluidas 10 en el Riggs Bank de Miami y muchas otras abiertas por militares chilenos descritos por ejecutivos del banco como “frentes” o fachadas del exdictador, incluyendo uno de sus hijos.

Aunque mundialmente fue conocido como Augusto Pinochet, el personal de Riggs se refería a él como José, su segundo nombre. De hecho, la primera cuenta, de 1985, fue abierta a nombre de José Ramón Ugarte –la combinación de su segundo y tercer nombre con su apellido materno.

Eventualmente, señalaba el Washington Post, Pinochet pudo controlar, directa e indirectamente, cerca de 12 millones de dólares.

La investigación, que provocó el despido de al menos tres funcionarios del banco, ya estuvo en manos de FBI, el Servicio Secreto, el Departamento de Justicia y organismos fiscalizadores de la banca.

Carol Thompson, quien dirigía el departamento América Latina del Riggs, tenía el control de la cuenta de Pinochet en Miami, y también estuvo vinculada a una transacción de oficiales de la Armada de Argentina, traspasaron 3,8 millones de dólares desde una cuenta del Gobierno a cajas de seguridad.

El Rigg Bank cerró las cuentas de Pinochet en 2002 por orden de la Oficina de Control de Valores (OCC, por su sigla en inglés), organismo que solicitó a otros bancos, entre ellos Bank of America y Citibank, información sobre posibles transacciones con el exgobernante de facto.

La primera alerta sobre transacciones centradas en Miami data de 1990, cuando desde una cuenta a nombre de Daniel López se giró un cheque por US$410.000 a Lucía Hiriat.

En total, más de 1,3 millones de dólares de López fueron traspasados a las cuentas del excomandante en jefe del Ejército en el Riggs. La investigación sobre quién era Daniel López reveló que era un “empresario” residente en Santiago, pero no había podido ser individualizado positivamente.

Sin embargo, en noviembre de 2004, Marco Antonio Pinochet, el menor de los hijos hombres de Pinochet, envió un email a B. J. Moravek, investigador del Riggs, en el que señalaba que Daniel López era solo un alias de su padre.

En la investigación preliminar se llegaron a detectar 125 cuentas bancarias, con una fortuna estimada en unos 27 millones de dólares, muchas de ellas abiertas después de que el juez español Baltasar Garzón ordenara la congelación internacional de sus fondos.

A partir de entonces, empezaron a aparecer numerosas investigaciones en la prensa chilena, sobre las diversas cuentas corrientes que Pinochet mantenía en el extranjero, ocultas todas ellas bajo diversos alias; se difundió también la noticia de que el Riggs habría ayudado a Pinochet a crear dos empresas de papel en las Islas Bahamas, usando pasaportes extraídos desde la Casa de Moneda para el efecto.

En consideración de los antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado entabló una querella contra Augusto Pinochet el 21 de julio de 2004. El conocimiento sobre el Caso Riggs recayó en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Sergio Muñoz, quien lo tramitó hasta septiembre de 2005, saliendo de él para integrar la Corte Suprema.

El 6 de enero de 2005, por orden judicial, se llevó a cabo el registro de la oficina de Augusto Pinochet. El 14 de abril, el juez Muñoz ordenó la detención de Mónica Ananías, antigua secretaria de Augusto Pinochet, y de Óscar Aitken, su albacea. Al mismo tiempo, solicitó el desafuero de Pinochet, puesto que en su calidad de expresidente de la República, mantenía fuero. Los delitos que se le imputaron fueron evasión tributaria, negociación incompatible y falsificación de pasaportes. Finalmente, el 7 de junio, le es retirada a Pinochet su inmunidad por cuatro delitos: fraude al Fisco, uso de pasaportes falsos, declaración jurada de bienes falsos y elusión de medidas cautelares.

A partir de septiembre de 2005, fue designado el magistrado Carlos Cerda para dirigir el caso. Entre sus primeras diligencias estuvo el interrogatorio de Augusto Pinochet los días 8 y 10 de noviembre de aquel año.

Los procesados por Carlos Cerda fueron:

-Familiares y cercanos a Augusto Pinochet: Lucía Hiriart (viuda); sus hijos Marco Antonio Pinochet, Jacqueline Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart, Lucía Pinochet y Verónica Pinochet; Patricio Madariaga (primo); sus secretarios privados Gabriel Vergara y Juan Ricardo Mac-Lean; Óscar Aitken (albacea).

-Militares y otros: Guillermo Garín (general retirado), Jorge Ballerino (general retirado), Mortimer Jofré (coronel activo), Juan Romero (exauditor del Ejército), Gustavo Collao (abogado), Sergio Moreno, Ramón Castro Ivanovic, Eugenio Castillo, Guillermo Letelier Skinner, Mónica Ananías, Ambrosio Rodríguez, José Hernán Sobarzo (contador) y Jaime Lepe.

Después de haberse mantenido al margen del Caso Riggs por una serie de trámites procesales, Carlos Cerda ordenó una serie de órdenes de detención y allanamiento en contra de la familia de Augusto Pinochet, así como de varios colaboradores suyos. El total de detenciones ordenadas fueron de 23, y llegaron a cumplirse todas, excepto la decretada contra Óscar Aitken, antiguo albacea de Pinochet, a quien se le suponía en Viña del Mar, y que no pudo ser localizado.

El 20 de diciembre de 2006, a 10 días de la muerte de Augusto Pinochet, el ministro de fuero (s) del caso Riggs Juan González, dictó el sobreseimiento definitivo por el caso que se seguía en su contra, luego de recibir el certificado de defunción que había solicitado el 12 de diciembre.

En octubre de 2008, el juez Cerda fue reemplazado por el juez Manuel Valderrama. En agosto de 2013, Valderrama cerró la investigación, condenando a seis de los 23 originalmente procesados, los generales en retiro Jorge Ballerino, Ramón Castro y Sergio Moreno, y los coroneles retirados, Eugenio Castillo, Juan MacLean y Gabriel Vergara; ninguno de los procesados era miembro de la familia Pinochet. El 7 de mayo de 2014 se dictó sentencia contra los seis procesados por malversación de fondos, por un total de US$6.466.406.

El abogado que representaba al querellante Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes Duarte, manifestó su satisfacción por el fallo que decretaba el comiso de todos los dineros, muebles y propiedades que estaban a nombre de Augusto Pinochet o de alguna de las sociedades al portador que se les atribuía.

El 19 de junio de 2017 la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, ordenó restituir a la familia Pinochet los más de 6 millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades del fallecido general en retiro, que se encontraban embargadas a raíz del dictamen que fue emitido por el entonces juez, Manuel Valderrama. Además, la tercera sala del tribunal de alzada revocó la condena que había dictado Valderrama contra seis altos oficiales en retiro del Ejército, exjefes de la Casa Militar de Pinochet, y a quienes se les sentenció como autores de malversación de caudales públicos. La sentencia del tribunal de alzada determinó que no existió un delito continuado de malversación de caudales públicos por parte de los exmilitares, desde 1981 hasta 2004, por lo que debía operar la prescripción de la acción penal.

El 22 de junio de 2018 la segunda sala de la Corte Suprema condenó a 4 años de presidio con libertad vigilada a tres de los 6 exmilitares condenados en 2014, los coroneles en retiro Gabriel Vergara, Juan Ricardo MacLean y Eugenio Castillo; los dos últimos también fueron condenados a una multa de 11 UTM. Además, la Corte determinó el comiso de un total de US$1.621.554 en bienes de propiedad de Pinochet o de sus sociedades.

El monto al cual llegó como conclusión la investigación del Caso Riggs, no considera otras aristas de enriquecimiento ilícito que habría llevado a cabo Pinochet, como su participación en la compra y venta de armas que no ha sido investigada.

Finalmente, según la investigación del medio periodístico CIPER, el patrimonio inmobiliario que adquirió el dictador y que heredó a su familia asciende a unos US$28 millones que comprende 26 propiedades adquiridas con fondos de los “gastos reservados” del Ejército. Esto sin considerar las ventas de inmuebles también comprados con los mismos fondos que implican una suma de US$3,1 millones.

Por otra parte cabe considerar la suma adquirida por Lucia Hiriart cuando el Estado (a manos del dictador) cedió a CEMA Chile un patrimonio de $6.300 millones (cerca de US$9,3 millones).

La investigación judicial determinó que los ingresos totales de la familia Pinochet entre 1973 y 2003 sumaron más de US$21,3 millones y que el 84% de esa cifra no tenía justificación, es decir, la mayor parte del patrimonio es producto de robo: US$17,9 millones. Junto con esto, no se encontró rastro del destino de US$5,4 millones, los que se encontrarían, probablemente, en paraísos fiscales.

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