A 50 años del Golpe de Estado, la Justicia chilena sigue emitiendo, casi semanalmente, fallos y sentencias que dan cuenta del masivo alcance que tuvieron las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y de Orden contra la población del país.
Esta vez, se trató de dos mujeres que fueron sometidas a brutales torturas entre los años 1973 y 1974, en las ciudades de Valparaíso y Rancagua.
Valparaíso
En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de casación y condenó al Fisco a pagar una indemnización de sesenta millones de pesos a la víctima, que fue torturada por efecticos de la Armada de Chile en dependencias de la Academia de Guerra Naval (en la foto de portada), en el Buque «Lebu» y en la cárcel de Valparaíso, entre octubre de 1973 y agosto de 1974.
Aquí, la Segunda Sala del máximo tribunal tuvo que corregir un error previo que acogió la prescripción de la demanda, lo cual no corresponde al ser la demandante víctima de un crimen de lesa humanidad, que -recordemos- no prescriben.
De acuerdo a lo establecido en la investigación, la mujer, tras ser detenida el 8 de octubre de 1973 en Valparaíso, fue trasladada a la Academia de Guerra Naval. Allí fue interrogada por sus captores, quienes le pusieron armas de fuego en la cabeza y en la boca, le pusieron corriente en sus genitales y en el ano, la golpearon en las orejas y le sumergieron su cabeza en agua.
Posteriormente, la llevaron al buque «Lebu», donde fue torturada en tres ocasiones, sufriendo además un intento de violación. Finalmente, los represores la trasladaron a la cárcel de la ciudad-puerto, siendo liberada el 14 de agosto de 1974.
Rancagua
En el segundo caso, acontecido en la ciudad de Rancagua, el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de ochenta millones de pesos a una prisionera política sometida a torturas.
El fallo fue emitido por la jueza Rocío Pérez Gamboa, quien acogió la acción al considerar que se encuentra probado que la demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad entre los años 1973 y 1974.
Según consigna la investigación de este caso, la mujer fue detenida el 17 de septiembre de 1973 en su domicilio, siendo llevada hasta la Intendencia de Rancagua, donde la retuvieron y mantuvieron todo el día con los ojos vendados en una especie de sala de espera ubicada al lado de otra habitación donde se realizaban los interrogatorios.
Desde ese lugar, agrega el documento judicial, se podían escuchar los gritos de dolor de las personas que estaban siendo torturadas por los represores. Posteriormente, el día 21 de septiembre fue llevada a este lugar, donde fue interrogada y golpeada con un ‘tonto de goma’, el cual le dejó cicatrices en la cabeza visibles hasta el día de hoy.
Luego, la víctima sufrió un segundo interrogatorio, más severo que el anterior, pues además de golpearla, sus captores le sumergieron la cabeza en un recipiente con agua, técnica que ellos llamaban ‘la piscina’, y que la hizo asfixiarse varias veces.
Después, en un tercer interrogatorio, los militares le aplicaron la tortura conocida como ‘el teléfono’, que consistió en ponerle audífonos a los que se les subió el volumen en extremo, haciéndola saltar y perder el conocimiento. Esto le generó una pérdida de audición que se mantiene hasta la fecha, teniendo que usar audífonos para poder escuchar.
La mujer fue interrogada en dos ocasiones más, agregándose a las torturas antes mencionadas ‘la picana’, consistente en la aplicación de electricidad en diversas partes del cuerpo hasta hacer perder el conocimiento a la víctima.
Finalmente, salió de la cárcel el 20 de abril de 1974 y fue relegada a la ciudad de Temuco, pero el consulado de Francia le otorgó una visa y así pudo viajar a ese país el 9 de julio de 1974, acogiéndose al asilo político.
Revisa los fallos completos a continuación:
Caso de Valparaíso AQUÍ
Caso de Rancagua AQUÍ
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