Por: Jorge Molina Araneda
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de resolución que condena la violencia sexual ejercida por la dictadura cívico-militar entre los años 1973 a 1990 contra mujeres.
A raíz de esto, solicitó al Presidente de la República, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, visibilizar la ocurrencia de este tipo de violencia e impulsar medidas de reparación para las víctimas sobrevivientes y/o sus familias.
En concreto, la iniciativa contó con 71 votos a favor, 15 en contra y 35 abstenciones.
Sin embargo, la diputada Gloria Naveillán, independiente por el Partido Social Cristiano, fue derivada para ser sancionada por la Comisión de Ética de la Cámara, luego de que el miércoles calificase como una “leyenda urbana” la violencia sexual sistemática ejercida por parte de la dictadura de Augusto Pinochet en contra de mujeres, pese a que existen fallos judiciales y diversos testimonios que confirman los vejámenes durante ese período.
A modo de historia, Ingrid Felicitas Olderöck Benhard, conocida como «La mujer de los perros», fue una oficial de Carabineros de Chile, con grado de mayor, que en 1973 se convirtió en agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), responsable de violaciones a los derechos humanos durante los primeros años de la dictadura cívico-militar.
Según Nancy Guzmán, en su Ingrid Olderöck: la mujer de los perros, la futura agente fue criada en un entorno familiar muy autoritario, donde había cierto desprecio por la cultura latina, menos proclive al orden.
“Yo soy nazi desde pequeña, desde que aprendí que el mejor período que vivió Alemania fue cuando estuvieron los nazis en el poder, cuando había trabajo y tranquilidad y no había ladrones sinvergüenzas” (Ingrid Olderöck: La mujer de los perros).
En octubre de 1973, ingresó a la DINA con el grado de capitán y participó en la Escuela Femenina de la institución, donde alrededor de 70 mujeres fueron instruidas en métodos de tortura y tácticas represivas contra opositores a la dictadura. Algunas fuentes señalan que en el ejercicio de sus funciones en la DINA conoció secretos relacionados al Proyecto Andrea, para fabricar y aplicar gas sarín contra opositores.
Asimismo, fue instructora de torturadores en la escuela inicial de Tejas Verdes. Como integrante de la Brigada Purén, fue adiestradora de los perros usados en las vejaciones sexuales cometidas contra hombres y mujeres en el cuartel secreto Venda Sexy.
Ya en 1974 la DINA creaba los primeros centros de detención. Entre estos figuraba la Venda Sexy, donde Olderöck cometería torturas y violaciones utilizando a un perro de nombre Volodia.
“En la Venda Sexy había un perro llamado Volodia adiestrado para violentar sexualmente a las mujeres [… Fui] violentada sexualmente con un perro pastor alemán al que los agentes de la dictadura llamaban Volodia […] Ingrid dirigía al animal, mientras los otros torturadores obligaban a los detenidos a adoptar posiciones que facilitaran el abuso. Hombres y mujeres que pasaron por La Venda Sexy fueron víctimas de esta atrocidad”. Este es uno de los testimonios emitidos por una víctima de apellido Holzapfel, a The Clinic, que padeció tormentos en la Venda Sexy.
En agosto de 1987 Olderöck concedió una entrevista a la televisión de Alemania Occidental, en la que admitió que en Chile se torturaba a los presos políticos de manera “macabra”, incluyendo tormentos y maltratos a niños para obtener confesiones de sus padres.
Olderöck falleció el 17 de marzo de 2001 a la edad de 57 años, producto de una hemorragia digestiva aguda. Sus violaciones a los derechos humanos quedaron impunes.
La Discotéque o Venda Sexy era uno de los recintos secretos de detención y tortura que mantuvo la DINA junto con Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi.
La Venda Sexy es uno de los lugares donde permanecieron muchos presos políticos que fueron subsecuentemente hechos desaparecer por la DINA. Por ejemplo, los hermanos Mario Fernando y Nilda Patricia Peña Solari, fueron vistos allí, así como muchos otros, antes de desaparecer, incluyendo a: Ida Vera Almarza, Isidro Pizarro Meniconi, Luis Mahuida Esquivel, Antonio Soto Cerna, Luis Gonzáles Mella, Félix De la Jara Goyeneche, Marta Neira Muñoz, César Negrete Peña, Gerardo Silva Saldivar, Renato Sepúlveda Gajardo, María Joui Petersen, Francisco Rozas Contador, Jorge Eduardo Ortiz Moraga, Jorge Herrera Cofré, Ramón Labrador Urrutia, Luis San Martín Vergara. En todos estos casos, testigos confirman haber visto por última vez a dichas personas en este centro de detención.
Este centro de tortura y detención era una casa ubicada en el Gran Santiago en el sector de Quilín, en la calle Irán N°3037, cerca de la intersección con calle Los Plátanos, en la comuna de Ñuñoa. Se desconoce el nombre en jerga militar. Funcionó desde finales de 1974 y hasta mediados de 1975, en forma paralela a Villa Grimaldi. Aparentemente la casa era utilizada por un equipo operativo distinto a los que funcionaban en Villa Grimaldi, puesto que había diferencias en las formas de operar y en los antecedentes sobre las identidades de los agentes. Se presume por testimonios de exagentes y excolaboradores que ese centro estaba conformado por Carabineros. Los detenidos permanecían con la vista vendada, varios en una misma pieza, pero separados los hombres de las mujeres. Los agentes del equipo operativo funcionaban dentro de un horario similar al común de la jornada de trabajo y luego salían del lugar dejando a los prisioneros a cargo de los guardias. Fuera de ese horario no se torturaba y las normas más estrictas se relajaban, dependiendo de la voluntad de los guardias. El recinto tenía música ambiental permanente, razón por la cual era conocido como “La Discotéque”.
Los métodos de tortura se diferenciaban del de los otros recintos en cuanto se enfatizaban las vejaciones de tipo sexual. La violación de las detenidas y otros abusos sexuales de parte de guardias y agentes eran práctica corriente. También los hombres detenidos eran víctimas de tales vejaciones. La parrilla y las corrientes aplicaciones de electricidad eran, asimismo, práctica habitual en el recinto. Los episodios de tortura se alternaban con frecuencia con períodos de relajación y aún amabilidad de parte de los agentes, como método para tratar de obtener la información requerida. La declaración de una expresa política que estuvo detenida en este recinto describe el tipo de tratos a los que eran sometidos:
“Era una casa de dos pisos con subterráneo, con piso de parquet, una ventana redonda en el baño y una escalera de mármol, impresionante, muy grande, curva y ancha. Continuamente había música estridente, e incluso una vez pusieron en la pieza dos discos con la música a todo volumen, que nos produjo una terrible sensación. Fui bajada a un subterráneo donde comenzaron a torturarme a golpes, corriente, etc. Esa noche dormí en una pieza común que al parecer estaba destinada a los nuevos detenidos. Al día siguiente fui llevada a una pieza de mujeres, lugar donde vi a numerosas personas que estuvieron conmigo. Continuamente, además, entraban individuos a la pieza que nos vejaban de todas las formas imaginables y posibles…”.
Un testigo varón declaró en el proceso en el que se investigaba la desaparición de Marta Neira Muñoz, que en este recinto había sido violado por un perro especialmente amaestrado para tales deleznables actos y que mantenían los agentes en el subterráneo del inmueble.
Al igual que con otros centros de detención, la dictadura negó la existencia de este recinto. En noviembre de 1979, el ministro del Interior Sergio Fernández, declaró que la tenencia del inmueble ubicado en el sector de Quilín no había podido ser constatada puesto que su propiedad no figuraba en el acta de entrega de la DINA. En enero de 1980 Manuel Contreras Sepúlveda declaró, ante el juzgado, que dicha propiedad fue un cuartel de la DINA y que como la disolución de la DINA y la creación de la CNI constituyeron un solo acto, no fue necesario levantar un acta de entrega.
De hecho, la pretérita semana, la Corte Suprema confirmó las condenas a tres agentes de la DINA. De esta forma Manuel Rivas Díaz, Hugo Hernández Valle y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann deberán cumplir la condena de 15 años y 1 día de presidio. De acuerdo con la sentencia del máximo tribunal, se los condenó en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual cometidos en contra 6 mujeres y aplicación de tormentos perpetrados en contra de 4 hombres. Todos estos hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 1974 en la Venda Sexy.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech, fue un organismo presidido por monseñor Sergio Valech -de quien toma el nombre- creado para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio.
Dentro del informe evacuado por dicha Comisión, encontramos crudos testimonios como el de una mujer que fue detenida en 1974 en Santiago y estuvo dos años en prisión sin ningún proceso:
“Por violación de los torturadores quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí shocks eléctricos, colgamientos, pau de arara (colgamiento de pies y manos), submarinos, simulacro de fusilamiento, quemaduras con cigarros. Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros, la introducción de ratas vivas por la vagina y todo el cuerpo. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano que estaban detenidos. También a ver y escuchar las torturas de mi hermano y padre. Me hicieron el teléfono, me pusieron en la parrilla, me hicieron cortes con yatagán en mi estómago. Tenía 25 años”.
O el de otra mujer que fue detenida cuando tenía 16 años de edad:
“Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían chupones, me pusieron ratas (…). Me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron”.
Los anteriores testimonios pertenecen a los 3.399 relatos de mujeres que recibió la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura entre 2003 y 2004, y que fue volcado en el capítulo V del Informe Valech, titulado “Métodos de tortura: definiciones y testimonios”. Allí se distingue de los métodos convencionales de tortura (golpizas reiteradas, lesiones corporales deliberadas, colgamientos, posiciones forzadas, aplicación de electricidad, amenazas, simulacros de fusilamientos, humillaciones y vejámenes, desnudamientos, agresiones, etc.), de la violencia sexual ejercida contra mujeres, definido como un “crimen de guerra o de lesa humanidad”.
Casi todas las mujeres que declararon en el informe dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de edades, y de ellas, 229 cursaban embarazos. Como consecuencia de las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en presidio.
El libro Así se torturó en Chile (1973-1990) de Daniel Hopenhayn y publicado con motivo del 46 aniversario del golpe de Estado, recogió los principales pasajes y los antecedentes históricos de la tortura practicada en Chile durante los casi 17 años de la dictadura militar.
“Fui llevada a (un recinto del Ejército) y fui objeto de abuso sexual. Nos llevaron detenidas con mi hermana y una amiga. Yo fui la primera en ser interrogada. Me hicieron pasar a una pieza donde había tres milicos con su rostro tapado, tenían una bolsa negra en la cabeza , uno por uno me hacían preguntas, pero yo no sabía nada por lo tanto no podía responderle nada. Entonces uno de ellos se bajó los pantalones y sacó su pene y me obligó a que se lo tenía que enderezar con mi boca. Después vino el otro y el otro. En total fueron tres milicos que tuve que enderezárselo, el último se fue en mi boca, no sé quienes fueron o cómo eran porque estaban encapuchados. Lo único que sé es que mi vida nunca volvió o volverá a ser como antes, ya que en ese tiempo era solo una estudiante. Por lo ocurrido no pude continuar estudiando hasta ese momento (…) lo único que sé es que no puedo olvidar nada. Consta que estuvo detenida 12 días en la cárcel sin registrar proceso y egresó por falta de méritos (Testimonio de una joven de 14 años, de la región VII Región, 1973)”.
A las narraciones del Informe Valech, Daniel Hopenhayn agrega una larga introducción en la que da contexto a los métodos de tortura y detalla su aplicación por parte de las Fuerzas Armadas, con el fin de obtener información, inducir confesiones, llevar adelante un ritual aleccionador, extenuar física y psicológicamente a los enemigos de la autoridad.
“Después de 30 años, sigo llorando. Cuando fui detenida estaba embarazada de tres meses. Estuve en la Comisaría de (se omite). El carabinero a cargo me amenazaba de que me iba a violar. En una carpa de campaña en el patio obligaron a un dirigente sindical a violarme y manosearme a la vista de dos carabineros a cargo. Me amenazaron con sacarme las uñas de los pies (no lo hicieron, sí a otros compañeros). En (se omite) tuve un simulacro de fusilamiento… Estuve incomunicada en bancas días y noches. Vendada todo el tiempo. Era obligada a observar la tortura de otros y era amenazada de que me violarían nuevamente. En los interrogatorios me desnudaban, me manoseaban y me sentaron en la silla dental y me pusieron corriente en los pechos, garganta, vientre, piernas… Fui a dar al hospital en diciembre del 73 (X Región, 1973)”.
De las detenidas que testificaron para el informe, 15 dieron a luz estando en prisión. Muchas de ellas quedaron embarazadas producto de las violaciones a las que fueron sometidas. Otras, también, tuvieron abortos en prisión, ya sea espontáneos o provocados. Una mujer de 29 años, hija de una detenida de 15 que fue violada por su torturador, relató:
“Yo represento la prueba gráfica, represento el dolor más grande, lo más fuerte que ha vivido mi mamá en su vida (…) Después que me contaron, empecé a tomar, tomaba todo el fin de semana, escondida. Por eso siento que tengo muchas lagunas de mi adolescencia (…) Siento que nosotros, los niños nacidos igual que yo, fuimos tan prisioneros y torturados como los que estuvieron presos”.
En su momento, el impacto del informe Valech fue sintetizado en una frase, que vuelve a la cabeza cuando se leen los fragmentos recogidos por el libro: “Nunca me imaginé que se hubiera llegado a tanto”. Fue el resultado de una comisión encabezada por monseñor Sergio Valech y entre sus conclusiones figuran el reconocimiento de casi treinta mil chilenos como víctimas del terrorismo de Estado. Muchos de estos métodos de tortura publicados en el informe llegaron a Latinoamérica a partir de 1959 desde Francia, y luego fueron reforzados desde Estados Unidos.
De forma similar a lo que ocurrió en otros países de la región que sufrieron dictaduras similares, contaron con cómplices locales que van desde la prensa hasta el personal médico que “cuidaba” a las víctimas para que se les pudiera seguir flagelando.
Finalmente, a través de sus redes sociales, y citando como fuente la Comisión Valech I (2005), el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género publicó, a raíz de las declaraciones de Gloria Naveillán, que 3.399 mujeres declararon haber sido víctimas de torturas entre 1973 y 1990, que casi todas ellas fueron objeto de violencia sexual y que 316 fueron violadas.
La cartera señaló, además, que se estima que la cantidad de mujeres violadas es muy superior a los casos relatados por numerosos testimonios de detenidos que declaran haberlas presenciado.
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