Los 41 colaboradores civiles del terrorismo de Estado pinochetista

POR JORGE MOLINA

Las críticas del Presidente Gabriel Boric al fundador de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, irritaron a la oposición. En medio de una ceremonia en conmemoración de las protestas realizadas entre mayo y agosto de 1983 en contra de Augusto Pinochet, Boric señaló que gente como él (Sergio Onofre Jarpa) «terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron«, en alusión al rol que tuvo como ministro del Interior durante la dictadura.

El Presidente se quedó corto. He aquí una serie de cómplices civiles del terrorismo de Estado militar:

Agustín Edwards

Los atentados y restricciones a la libertad de expresión durante la dictadura fueron los más duros y extensos en la historia de Chile. Desde el mismo día del golpe se cerraron y se expropiaron medios. Centenares de periodistas debieron salir al exilio. Decenas fueron detenidos y torturados y algunos hasta asesinados, como el editor de Análisis José Carrasco.

Sin embargo, los medios que subsistieron –El Mercurio, La Tercera, Qué Pasa, Ercilla y La Nación– nada dijeron al respecto, salvo para justificar los hechos en toda su dimensión. De ahí que el Informe sobre Prisión Política y Tortura sostenga que los medios de comunicación durante la dictadura “constituyeron un soporte cotidiano del gobierno”.

Como caso emblemático, el informe reproduce un editorial de El Mercurio del 5 de octubre de 1973, en el cual se afirma que la actuación de los servicios de seguridad estaba “plenamente justificada” porque el país se encontraba en guerra. También alude a un editorial de Las Ultimas Noticias, de abril de 1978, en el que se celebraba el “buen criterio, ponderación y responsabilidad” con que actuaba el régimen.

El informe no lo incluye, pero resulta memorable también un titular de La Segunda, de julio de 1975, que dio cuenta de la muerte de 119 chilenos que a esa fecha figuraban en las listas de detenidos desaparecidos: “Exterminados como ratones” (señaló, falsamente, que 59 miristas habían fallecido en combates en el exterior). Sobre el mismo caso, hoy conocido como Operación Colombo, El Mercurio publicó que “estos seudo detenidos o secuestrados son transportados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros y, tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile”.

Todos estos medios estaban en las manos y bajo la atenta mirada de su dueño, Agustín Edwards Eastman. El ‘Duny’, como le llamaban sus cercanos, se reunió tanto con Nixon como con Kissinger para acicatear el golpe de Estado contra Allende.

Para mayor abundamiento, ver: https://www.elciudadano.com/chile/operacion-sinsonte-agustin-edwards-el-verdugo-comunicacional-de-salvador-allende/06/06/

Jaime Guzmán

El asesinado senador fue de los primeros civiles en ponerse a disposición de los militares. No ejerció cargo de autoridad en el gobierno, pero operó en las sombras; al principio, como principal asesor y consejero de la Junta Militar y de Pinochet -a quien incluso le escribía sus discursos- y, tiempo después, como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política y luego de la Comisión de Estudios de Leyes Orgánicas Constitucionales, que dieron sustento jurídico al régimen.

Solo días después del golpe de Estado, en una de sus primeras minutas a la Junta, Guzmán marcaba la pauta de la brutalidad con que actuaron los servicios de seguridad: “El éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta… Transformar la dictadura en dicta-blanda sería un error de consecuencias imprevisibles”.

El fundador del gremialismo y miembro de Patria y Libertad (entre 1970 y 1972), tenía en mente desde los inicios del régimen la creación del movimiento que en 1983 se convirtió en la UDI, un partido a la medida del régimen. De hecho, él mismo lo definió como “un nuevo movimiento cívico-militar que respalde a la Junta y dé prolongación fecunda y duradera a su gestión”, cuando propuso su creación, en otro memorando a la Junta fechado en octubre de 1973. Tiempo después, en 1978, los gremialistas se declararon abiertamente pinochetistas.

Fue así que el gremialismo -y UDI después- se levantó como el principal grupo de poder de la dictadura. Una gran cantidad de parlamentarios que la UDI ha tenido fueron funcionarios de Pinochet. Muchos presidentes que la UDI ha tenido fueron también funcionarios del régimen: Julio Dittborn fue director de Pro Chile, director de la Refinería de Concón y subdirector de Odeplan, Jovino Novoa fue subsecretario de Gobierno y Pablo Longueira fue asesor del ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Jovino Novoa

Después de conocer el Informe Valech, Jovino Novoa dijo que los civiles que cumplieron funciones en la dictadura no tenían causa, razón o motivo para sentirse avergonzados o arrepentidos. “La participación de los civiles significó una mejoría notable en la situación de los derechos humanos”, sostuvo, refiriéndose a la “civilización” del régimen iniciada en 1978, cuando la DINA fue reemplazada por la CNI y asumió el ministerio del Interior Sergio Fernández. Mérito que también le correspondería, porque él entró al gobierno militar en junio de 1979.

Pero si bien el Informe Valech sostiene una baja numérica de las prácticas de tortura después de esa fecha, igualmente consigna que de ahí en adelante el sistema de violación de los derechos humanos “se caracterizó por un mayor refinamiento”, tanto en el uso de instrumentos jurídicos que facilitaron la tortura como en el empleo de aparatos más sofisticados, que permitían graduar el voltaje de la electricidad que aplicaba a las víctimas.

“La autorización para mantener incomunicados a los detenidos por largos períodos …favorecía la aplicación de torturas”, afirma el informe. Y esas autorizaciones venían del Ejecutivo en el que Novoa participaba.

Mientras Novoa fue Subsecretario General de Gobierno, en esas dependencias se planeó el asesinato de Tucapel Jiménez. Y, según afirmó el hijo del sindicalista, Novoa fue quien “dio la orden de perseguir y amedrentar” a su padre. El crimen lo ejecutaron miembros de la Secretaría Nacional de los Gremios, que estaba a su cargo.

Además del control de la Secretaría de los Gremios, la Segegob tenía a su cargo la Secretaría Nacional de la Mujer y de la Juventud y la movilización de civiles para los actos del régimen. También le correspondía ejercer el control de los medios de comunicación, que incluía el nombramiento de ejecutivos y directores en TVN y La Nación, la censura previa ejercida por Dinacos y la implementación de la política comunicacional.

Al término de sus servicios en el aparato de gobierno, Novoa asumió como jefe de servicios informativos de El Mercurio.

Ricardo García

Reemplazó a Sergio Onofre Jarpa en el ministerio del Interior en febrero de 1985, implementando una política aún más dura que la de su antecesor. Debutó en el cargo con el caso degollados, ocurrido en marzo del mismo año, que terminó con tres profesionales comunistas asesinados y abandonados en un camino en Quilicura y determinó la salida de la Junta Militar del director general de Carabineros César Mendoza. Al mes siguiente fue secuestrada la psicóloga Carmen Andrea Hales, hija del exministro de Minería Alejando Hales.

En julio de 1986, durante la represión de una protesta, son quemados vivos los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, quien fallece a consecuencia de las lesiones.

Tras el atentado contra Pinochet, en septiembre de ese mismo año, García decreta el estado de sitio. La medida se tradujo en allanamientos masivos y diversas operaciones en toda la Región Metropolitana, con más de un centenar de detenidos; entre ellos, Ricardo Lagos Escobar, Patricio Hales Germán Correa, entonces dirigente del MDP, y el sacerdote Rafael Maroto. Simultáneamente decretó el cierre de las revistas Análisis, Apsi, Hoy, Cauce y La Bicicleta, del diario Fortín Mapocho y las agencias Ansa, Reuter y Latín Reuters.

En la madrugada del 9 de septiembre fueron detenidos en sus domicilios el editor internacional de Análisis José Carrasco, el electricista Felipe Rivera, el publicista Abraham Muskatblic y Gastón Vidaurrázaga. Al día siguiente aparecieron los cuerpos de los cuatro infortunados, con 15 balazos cada uno.

En 1987, poco antes de abandonar el cargo, Ricardo García firma el requerimiento en contra del dirigente socialista Clodomiro Almeyda.

Raúl Hasbún

Entre las víctimas de la dictadura se cuentan cuatro sacerdotes asesinados: Miguel Woodward, Juan Alsina, Gerardo Poblete y André Jarlán. Otro, Antonio Llidó, engrosó las listas de los desaparecidos tras ser detenido por la DINA en 1974. Decenas de curas y monjas sufrieron tortura en centros de detención y centenares debieron abandonar el país con órdenes de expulsión.

Mientras todo esto ocurría, Hasbún se dedicaba a dar sus opiniones por las pantallas de Canal 13, en las páginas de El Mercurio y en radio Agricultura. Desde allí apoyó y alentó a las fuerzas de seguridad y al régimen en general. También fue un ferviente defensor de Colonia Dignidad. El Informe Valech señala que “hubo testimonios que coincidieron en señalar que algunos detenidos por la DINA o la CNI fueron trasladados a la Colonia Dignidad. Ex detenidos la mencionan como centro de detención y tortura”.

Hasbún sostuvo en su oportunidad que Chile debía estar “agradecido” de la DINA, que el sufrimiento de Pinochet en Londres era similar al de Jesucristo y que el juez Garzón era un “sinvergüenza”. En una de sus últimas intervenciones en Canal 13, dijo que los socialistas son “intrínsecamente antipatrias” y “parásitos que profitan chupando la sangre ajena”.

Sergio Onofre Jarpa

Fue Ministro de Interior de la dictadura entre agosto de 1983 y febrero de 1985, período de protestas en todo el país que fueron violentamente reprimidas. Desde su cargo envió a numerosos detenidos a los centros de tortura de la DINA. Fue uno de los 39 extraditables del juez Garzón. Este fundador de RN y expresidente del partido fue delegado del régimen ante la ONU en 1974, embajador en Colombia y en Argentina. Desde su cartera en Interior su misión fue encabezar la apertura, la transición que terminaría por entregar el gobierno a la civilidad. En ese contexto inició el diálogo con la opositora Alianza Democrática, bajo los oficios del cardenal Juan Francisco Fresno. Pero ello no detuvo la ola de violencia política.

A solo un día de haber asumido, el 11 de mayo de 1983, sacó 10 mil soldados a la calle para hacer frente a la primera protesta nacional. Hubo decenas de muertos y centenares de heridos, especialmente en las poblaciones más populares.

La intransigencia de Pinochet a modificar su Constitución y el aumento de las protestas en su contra, derivó en violentas jornadas de represión, siendo una de las más sangrientas las del 11 y 12 de agosto de 1983, que terminaron con 29 personas asesinadas y más de 200 heridos, muchas de ellas a tiros desde vehículos policiales. Pese al impacto internacional por la matanza, Sergio Onofre Jarpa no se pronunció al respecto, centrándose en salvar los progresos políticos que se habían logrado.

Su mandato estuvo lleno de hitos en la violación de los derechos humanos. La comisión Rettig consignó decenas de muertes a manos de los servicios de seguridad durante su período, algunas en acciones concertadas. Como la ocurrida el 7 de septiembre del mismo año, cuando la CNI ejecutó a cinco miristas en calle Fuenteovejuna y Janequeo. En este proceso, Jarpa declaró como inculpado. El 11 de noviembre de 1983, Sebastián Acevedo se quemó a lo bonzo en la plaza de Concepción, como una manera desesperada de exigir que la CNI liberara a sus dos hijos que estaban siendo torturados en recintos secretos. El hecho dio pie para la creación del Movimiento Nacional Contra la Tortura Sebastián Acevedo, que quiso oponer la no violencia a la brutalidad del régimen. Sus miembros fueron violentamente reprimidos en cada una de sus manifestaciones, no solo por carabineros, sino también por los memorables “gurkas”, civiles que se infiltraban entre los manifestantes y que hicieron su debut con Jarpa.

En agosto de 1984, tuvo lugar otro operativo simultáneo de la CNI en varias ciudades del sur, que dejó 7 miristas muertos.

Mientras Jarpa estuvo en Interior, se creó también la Dicomcar, el aparato de inteligencia de Carabineros, que operó impunemente durante este período, igual que el Comando de Vengadores de Mártires, Covema.

Jarpa tampoco trepidó en aplicar la Ley de Seguridad del Estado para clausurar medios y aplicar una férrea censura a otros, que terminó con ediciones de revista Hoy, Apsi y Análisis con páginas en blanco. Las detenciones, amedrentamientos, golpizas y relegaciones de periodistas se hicieron cotidianas.

Jarpa dejó su cargo en medio del Estado de Sitio.

Ambrosio Rodríguez

Comenzó sus servicios a la dictadura como encargado de los sumarios a los profesores de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, recién acaecido el golpe de Estado. Por esa vía expulsó al 80 por ciento de los docentes, aduciendo que impartían marxismo en sus clases.

En 1977 tuvo una oscura participación, en calidad de abogado de la familia, en la desaparición en Argentina del matrimonio chileno integrado por Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Pese a ser citado a declarar en varias oportunidades en este caso, nunca se presentó ante tribunales.

A poco andar se transformó en asesor jurídico del ministerio del Interior y, en esa calidad, en 1978, declaró a la prensa que “los supuestos desaparecidos” estaban viviendo en el extranjero con identidades falsas. En el mismo cargo, en 1980 representó a la dictadura en la vista del recurso de amparo que buscaba dejar sin efecto la expulsión del país del DC Jaime Castillo Velasco, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y ganó la contienda.

Años después se le inventó el cargo de Procurador General de la República para darle más prestancia. Allí estaba cuando, en 1988, se ejecutó la Operación Albania, que terminó con 12 miembros del FPMR muertos a manos de la CNI. Para validar la tesis del enfrentamiento, que luego los tribunales se encargaron de desvirtuar, Rodríguez aseguró que todo se había hecho en presencia de un juez y un fiscal.

Tras el término de la dictadura, Rodríguez complementó sus actividades políticas con el ejercicio de su profesión de abogado, en la defensa de Augusto Pinochet, en Londres y Santiago; del exdirector de la CNI Humberto Gordon; de los procesados en el Caso Degollados; de Augusto Pinochet Hiriart en el caso Pinocheques; y en la mismísima Operación Albania.

También asumió la defensa del exministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, destituido por el Senado “por notable abandono de deberes” en el caso de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974.

Manfredo Mayol

Fue uno de los samuráis de Lavín, encargado del manejo comunicacional de su candidatura. Misma función que cumplió en la UDI, en donde tuvo una importante participación en el manejo del caso Spiniak.

En tiempos de la dictadura, Mayol fue vicepresidente de Radio Minería, director de Ercilla y ejecutivo de Canal 13 y TVN. Para el golpe, Mayol era subeditor de prensa del canal católico y el sacerdote Raúl Hasbún el director del medio. Cuando Hasbún dejó el cargo, en marzo de 1974, Mayol ascendió a editor. En 1978 era gerente de TVN.

Para el plebiscito de 1988, era asesor del Subsecretario de Gobierno, coronel Alfonso Rivas, y fue uno de los convocados por el Ministro del Interior Sergio Fernández para mejorar la franja del Sí, después que su primera edición alterara los ánimos de los pinochetistas. Fue uno de los creativos que puso a la exesposa de Ricardo Lagos en la pantalla haciendo íntimas y duras críticas a su excónyuge. Lejos de repuntar, la franja del Sí perdió más adherentes.

A Mayol se le atribuye también la autoría de varios tongos comunicacionales ideados para distraer la atención pública de los hechos que ocurrían en el país. Uno de ellos es el exagerado despliegue de prensa para el paso del cometa Halley, que finalmente casi nadie vio. Otro, más ambicioso, fue en las apariciones de la virgen en Villa Alemana entre junio de 1983 y mediados de 1988, cuando las protestas contra el régimen ardían.

El compromiso de Mayol con el régimen fue más allá de su desempeño profesional como publicista. Mayol integró el Frente Juvenil que surgió como un movimiento de apoyo al régimen en la ceremonia de Chacarillas, en julio de 1977, y mantuvo estrechos vínculos con agentes de seguridad. De hecho, la propia defensa de Álvaro Corbalán Castilla, en el caso Operación Albania, aportó a tribunales la nómina de vistas registradas en su residencia la noche anterior a cometerse el crimen. Entre ellas estaba Manfredo Mayol.

Ricardo Claro

Se integró al gobierno como asesor del canciller, contraalmirante Ismael Huerta, el 12 de septiembre de 1973. Días después acompañó a Huerta a Washington en lo que sería la primera intervención del régimen ante la Asamblea de la ONU. Su función fue bien específica: conseguir recursos económicos para el régimen.

Para la realización de la sexta asamblea de OEA, en Santiago en 1976, Claro fue designado coordinador general del encuentro. Las violaciones de los derechos humanos fueron tema obligado y los esfuerzos de Pinochet y sus funcionarios dieron sus frutos: la resolución final hizo una tibia censura que El Mercurio transformó en apoyo total. El entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, y Andrés Zaldívar se las ingeniaron para hacer llegar a los delegados algunos documentos que denunciaban las muertes, desapariciones y torturas. Ricardo Claro los acusó de traidores y el régimen dispuso la expulsión de Castillo y la prohibición de ingreso de Zaldívar. Claro también estuvo presente en la reunión que Pinochet sostuvo con Henry Kissinger en aquella ocasión.

A Claro también se le ha vinculado en la detención y desaparición de un grupo de trabajadores de Elecmetal, empresa de su propiedad. Según ha relatado Mario Fernández, hermano de dos de las víctimas y extrabajador de esa compañía, él mismo presenció cómo ellos fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri, para ser entregados a carabineros.

Asimismo, hace muchos años Claro fue funado en las puertas de Megavisión. Los manifestantes aseguraron que Claro puso a disposición de las fuerzas de seguridad dos barcos de otra de sus empresas, la Compañía Sudamericana de Vapores, para ser usados como centros de detención y tortura. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus “pasajeros” perdieron la vida. El otro, el Lebu, cumplió el rol de cárcel flotante y más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.

Sergio Diez

Fue delegado ante la Tercera Comisión de la Asamblea General ONU en 1975. Allí le tocó dar explicaciones por más de un centenar de chilenos que figuraban como detenidos desaparecidos en listas elaboradas por organismos de derechos humanos.

En su impecable labor presentó documentos para desmentir las acusaciones. Entre ellos, falsos certificados de autopsia emitidos por el Instituto Médico Legal que indicaban la muerte en enfrentamiento de algunas de las víctimas. En otros casos mostró certificados del Registro Civil que afirmaban que algunos “no tenían existencia legal en Chile”.

Figuras varias de Renovación Nacional

Renovación Nacional tampoco está exenta de responsabilidad, pese a que a sus dirigentes les fascina sostener lo contrario, argumentando la “juventud” del partido. RN nació en plena dictadura. Su antecesor directo, el Movimiento de Unidad Nacional (MUN), encabezado por Andrés Allamand, fue digitado desde el gobierno en 1983 por el entonces Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. La fundación de RN, en 1987, reunió al MUN con la UDI y el Frente Nacional del Trabajo, fundado por Jarpa cuando abandonó el gobierno, en 1985. Esta unidad se quebraría recién en 1988, cuando el plebiscito estaba ad portas.

Muchas de sus principales figuras participaron fueron parte de la tiranía, a saber: Carlos Cantero fue alcalde designado; Mario Ríos Santander fue Subsecretario General de Gobierno, director del área de salud de la Corporación Nacional de Desarrollo Social, asesor de los ministros de Salud y Hacienda, presidente de Chile Films y alcalde designado; Antonio Horvath fue director de Vialidad en Aysén y luego seremi de Obras Públicas; Baldo Prokurica fue intendente subrogante y gobernador; José García Ruminot fue seremi de Gobierno, jefe del Departamento Social de la Intendencia y alcalde designado; y Sergio Romero fue subsecretario de Agricultura.

Hernán Büchi

Es el padre fundador de todas las privatizaciones del país, incluso de la de Salud cuando fue Subsecretario en 1979. Además, es ideólogo del Plan Laboral y de la Reforma previsional pinochetista y desde 1985 a 1989 vendió cuanta empresa nacional pudo: dirigió la privatización del sector eléctrico, de aceros, del azúcar, de los metales, etc. Luego pasó al mundo privado con los Luksic, aunque también formó parte de directorios de empresas en áreas que había privatizado: Soquimich y en algunas AFP, por ejemplo. Fundador de Libertad y Desarrollo, fue ministro de Hacienda de Pinochet, apareció en la Franja del Sí, y no contento con eso fue candidato a Presidente el año 1989 con el lema “Büchi es el hombre”. Ahora es el presidente del consejo directivo de la Universidad del Desarrollo y ama el lucro: “pretender el fin del lucro, es pelear contra un fantasma antiguo, previo a la revolución industrial, en la lógica de que lo que alguien gana lo pierde otro (…). Los mismos que abogan por eliminarlo, piden buenos sueldos para profesores, que se hagan inversiones y pagar bien a los proveedores, lo que indica que la educación no puede sino estar inmersa en la economía”.

José Piñera

Al hermano de Sebastián Piñera, le debemos dar las gracias por crear en noviembre de 1980 el sistema privado de Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP. Además, fue Ministro del Trabajo y Previsión Social y de Minería y uno de los más férreos partidarios de la Constitución de 1980.

Joaquín Lavín

Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y con solo 26 años, fue designado decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Lavín escribió el libro Una Revolución Silenciosa en apoyo al sistema económico implantado por los Chicago Boys.

En julio de 1977 participó en el simbólico encuentro organizado por el Frente Juvenil de Unidad Nacional en la cima del Cerro Chacarillas, en el cual Pinochet pronunciaría un discurso en el que delinearía la nueva institucionalidad que regiría el Estado en los siguientes años.

José Yuraszeck

Militante de la UDI, fue amigo de Ernesto Silva Bafalluy y discípulo de Miguel Kast (fue subdirector en Odeplan en 1982). Conocido por el Caso Chispas -cuando en 1997 se vendió Enersis a Endesa y un grupo de empresarios, a los que se sumó luego el entonces senador Sebastián Piñera, vendieron sus acciones a un precio desmedido en desmedro de los accionistas minoritarios-, Yuraszeck partió a honorarios en Odeplan con una asesoría sobre requerimientos energéticos en la undécima región. En 1983 asumió como gerente general de Chilmetro -empresa eléctrica estatal- y encabezó su proceso de privatización para luego quedarse con la empresa y transformarla en Enersis.

Julio Ponce Lerou

La gracia de este ingeniero forestal es que estuvo casado con Verónica Pinochet y como premio fue presidente de Celulosa Constitución, presidente de la Compañía de Teléfonos y de Iansa, presidente de Soquimich y vicepresidente de Endesa. Además, fue gerente de empresas de Corfo desde 1979 a 1983 cuando debió renunciar porque fue tan escandalosa la rapidez con que se hizo millonario que generó revuelo incluso en tiempos en que los Pinochet tenían todo permitido. Salió de la administración pública un rato, se le perdonaron todos sus malabarismos financieros y obtuvo créditos de Corfo. En 1987 participó de la privatización de Soquimich de la cual es hasta hoy controlador a través de una sociedad anónima.

Francisco Javier Cuadra

Se dice que Jaime Guzmán calificaba a Cuadra como una serpiente y al parecer tenía razón. Desde 1983 estuvo en el gobierno. Comenzó a trabajar en la Oficina de Asuntos Especiales, donde veía la relación con la Iglesia. En 1984 asumió como Secretario General de Gobierno donde estuvo hasta 1987. Distrajo al país con el vidente de Villa Alemana y el paso del cometa Halley.

Carlos Bombal

Tras el golpe de Estado ejerció como subsecretario nacional de la Juventud, entre 1976 y 1979.

Recién titulado, en 1975, se incorporó a la estatal Odeplan. Allí conoció a quien tendría una significativa influencia en su formación profesional: Miguel Kast, entonces subdirector de esa entidad.Asimismo, en dicha repartición se reencontró con Lavín.

Inició una vida académica impartiendo clases en la Universidad de Concepción y posteriormente en la Universidad de Chile y Católica como profesor de tiempo parcial.

El 9 de julio de 1977 participó en el simbólico encuentro organizado por el Frente Juvenil de Unidad Nacional en la cima del Cerro Chacarillas.

En 1981, durante el gobierno de Pinochet fue designado alcalde de Santiago, cargo que desempeñó hasta 1987. En 1983 fue uno de los fundadores del partido Unión Demócrata Independiente.

Luego participó como asesor del ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Luis Danús, en diversas materias, hasta la grave crisis de 1982. Continuó trabajando en representación del ministerio desde 1982 a octubre de 1984, al ser designado como integrante del organismo gubernamental Comité Asesor de Créditos Externos.

En febrero de 1985 es designado jefe de gabinete del ministro Hernán Büchi cuando este último es nombrado titular en el ministerio de Hacienda.

En 1989 fue uno de los principales colaboradores de Büchi en su campaña presidencial. Tras ello, fundó el Instituto Libertad y Desarrollo, concentrando toda su fuerza y su tiempo en el trabajo investigativo. Del mismo modo, participó en la formación de la Universidad del Desarrollo, junto con Lavín, Ernesto Silva, Carlos Alberto Délano y Federico Valdés.

Andrés Chadwick

También fue uno de los 77 jóvenes de Chacarillas.

En el Centro de Documentación de la Vicaría -fundación dependiente del arzobispado de Santiago y cuyos documentos son públicos- podemos encontrar este testimonio, del 6 de septiembre de 1978, donde se acusa a Chadwick de golpear a estudiantes que se manifestaban en contra de la dictadura, cuando éste ejercía el cargo de Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). El documento señala:

“Los hechos ocurrieron cuando el presidente del Centro de Alumnos de Teología, Jorge Carrasco, junto a más de 300 alumnos se congregaron en el patio central del Campus. La manifestación, de carácter pacífico, fue interrumpida por otro grupo de estudiantes, encabezados por el presidente de la FEUC, Andrés Chadwick, quienes gritando consignas favorables al general Pinochet, procedieron a agredir físicamente a los alumnos que participaban en el acto y, en especial, a las mujeres que conforman la mayoría en dicho centro. La contramanifestación dejó como saldo un herido grave y varios con lesiones menores. El estudiante de Primer Año de Teología, Alejandro Álvarez, debió ser internado en la Posta Central luego de ser golpeado violentamente en los órganos genitales”.

Según señalan documentos de inteligencia de la dictadura, Pinochet trató de formar una juventud leal a su régimen, esfuerzo para el que contó con el apoyo de la policía secreta y civiles, entre ellos Andrés Chadwick y  Patricio Melero. En estos múltiples “encuentros escolares”, además del propio Pinochet, uno de los oradores era Jaime Guzmán. El documento señala textual:

“El esfuerzo por levantar un estudiantado leal, del cual existe registro hasta las postrimerías del régimen, fue apoyado además con el adoctrinamiento de los hijos de las autoridades y de los propios funcionarios, como consta en diversos oficios secretos. Los hijos de altos funcionarios de la dictadura, recibieron, de hecho, cursos periódicos sobre ‘Seguridad Nacional’ y ‘Doctrinas Totalitarias’, entre otros. Además cursaron materias como seguridad nacional, geopolítica, guerra nuclear, poder naval, teología de la liberación y estudio crítico del marxismo, como consta en los oficios secretos”.

Entre 1975 y 1990, por orden escrita de Pinochet, refrendada en sucesivos oficios, la policía secreta (CNI), quedó además a cargo de supervisar toda contratación en el Estado, incluida la de profesores. El control sobre el magisterio fue total y el propio ministerio del Interior pidió a veces el pronunciamiento de Educación sobre la expulsión de docentes opositores.

Juan Antonio Coloma

Durante su época universitaria, en 1975, fue vicepresidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica. En 1977, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC), designado por la dictadura militar y, paralelamente, asumió la representación de la entidad ante el Consejo Superior de Estudios.

Ese mismo año participó en el simbólico encuentro de Chacarillas. Integró, asimismo, el grupo fundacional del Movimiento Unión Demócrata Independiente (UDI), donde también participó en la Comisión Política.

Entre 1977 y 1989 se desempeñó como miembro del Consejo de Estado y participó en la gestación de la Constitución Política que fue plebiscitada nacionalmente en 1980.

Patricio Melero

En su calidad de dirigente estudiantil de la Universidad de Chile, en 1977 participó en el encuentro del Cerro Chacarillas. Al año siguiente (1978) asumió como vicepresidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECECh).

Empezó su vida política en 1981 militando en el Frente Juvenil de Unidad Nacional (FJUN), del cual fue vicepresidente. En 1985 fue nombrado secretario nacional de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ). En su cargo, Melero fue acusado de informar a las autoridades de alumnos y profesores opositores a la dictadura, con fin de que la Central Nacional de Informaciones (CNI) tomara las medidas que estimaran pertinentes. El 15 de septiembre de ese mismo año fue designado por el régimen de Pinochet como alcalde de Pudahuel, cargo que ejerció hasta el 17 de julio de 1989.

Pablo Longueira

En 1981 fue designado presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECECh). Colaboró como asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y desde 1983 empezó a organizar junto a Guzmán la fundación de la UDI. En 1986 encabezó un ataque en contra del senador norteamericano Ted Kennedy porque éste vino a Chile a apoyar a los defensores de los derechos humanos.

Claudio Sánchez

En 2008 el Colegio de Periodistas lo sancionó por avalar el montaje en Rinconada de Maipú, que fue un falso enfrentamiento entre la DINA y seis militantes del Partido Comunista y del MIR en 1975, que tuvo como propósito encubrir los asesinatos de tres integrantes de la familia Gallardo Moreno y de los militantes del MIR y del Partido Comunista Luis Andrés Ganga, Manuel Lautaro Reyes y Pedro Cortés.

Claudio Sánchez no fue a comparecer porque -dijo- en 32 años trabajando en Canal 13 que no podía acordarse de todo lo que había hecho. Pero el canal católico tenía mejor memoria que Sánchez y, al dar un programa sobre las omisiones que habían hecho sobre las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, aparecía una de él en el Estadio Nacional -del año 1973- hablando de las buenas condiciones en las que estaban las personas que, entre sus privilegios, tenían un “completísimo hospital de campaña”.

Jovino Novoa

Fue uno de los fundadores de la UDI. En 1982, durante su período como Subsecretario General de Gobierno de la tiranía militar, fue asesinado el líder sindical Tucapel Jiménez por elementos de la Central Nacional de Informaciones ligados al Departamento de Organizaciones Civiles que estaba bajo la dependencia de Novoa.

Fue acusado por el hijo de Tucapel Jiménez de tener una responsabilidad indirecta en la muerte de su papá.

Hermógenes Pérez de Arce

Ingresó al Partido Nacional en 1972, siendo electo diputado por Santiago (primer distrito) por la 7ª agrupación departamental en las elecciones parlamentarias de 1973. Fue uno de los firmantes del Acuerdo de la Cámara del 22 de agosto de 1973.

Luego del golpe de Estado el 11 de septiembre de ese año, al igual que el resto de los parlamentarios, fue exonerado de sus funciones, al ser disuelto el Congreso mediante el Decreto Ley N° 27 de la Junta Militar. Posteriormente prestaría cooperación con las comisiones legislativas de la Junta.

Se volvió conocido por las polémicas posiciones que expone en sus artículos, especialmente desde el diario El Mercurio, del cual fue columnista desde 1962 hasta el 31 de diciembre de 2008. Desde 1982 hasta su salida del periódico publicó una columna los días miércoles, dedicándose principalmente desde el regreso a la democracia a defender a Augusto Pinochet, especialmente durante su detención en Londres, constituyéndose en líder para los adherentes del militar.

Además, cofundó la revista Qué Pasa en 1971, y fue director del diario La Segunda entre 1976 y 1981; también fue comentarista radial en la emisora Agricultura en 1971 y Minería en 1972, y guionista del documental Chile… y su verdad (documental chileno del año 1977 realizado por encargo de la dictadura cívico-militar para establecer un relato oficial de los acontecimientos ocurridos en Chile entre 1970 y 1973, durante el gobierno de la Unidad Popular).

Jorge Fontaine Aldunate

Tío de Arturo Fontaine -exdirector del CEP- y hermano de Arturo Fontaine padre -director de El Mercurio entre 1978 y 1982-. Fue parte de Independientes por el Sí el año 1988 y fue designado director ejecutivo de ProChile por Pinochet.

Familia Matte

Ver el artículo: https://www.elciudadano.com/columnas/a-50-anos-del-golpe-de-estado-los-matte-complices-y-beneficiarios-del-saqueo-y-terrorismo-de-estado-pinochetista/07/08/

Alberto Cardemil

Participó en la Corporación Privada de Desarrollo de Curicó, para luego incorporarse a diferentes cargos dentro de la dictadura cívico-militar, inicialmente como asesor del ministerio de Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

En mayo de 1984, Cardemil fue nombrado Subsecretario del Interior. En su rol de vocero de la dictadura estuvo encargado de organizar la visita a Chile del papa Juan Pablo II y entregar los cómputos del plebiscito de 1988. Pese a que las cifras iniciales relatadas por Cardemil, con la información de un número reducido de mesas, presagiaban una victoria de la continuidad de Augusto Pinochet, finalmente informó el triunfo de la opción ”No”, lo cual permitiría el fin del terrorismo de Estado militar.

Sergio de Castro

Considerado el máximo ideólogo del modelo neoliberal inspirado en la Escuela de Chicago, fue asesor de la dictadura desde el primer momento. En abril de 1975, Pinochet lo designó ministro de Economía (hasta diciembre de 1976 cuando ocupó la cartera de Hacienda hasta abril de 1982). Desde ambos cargos fue el motor y artífice de las privatizaciones, cuyos primeros estudios encomendó a Büchi y Juan Hurtado Vicuña. Al dejar el gobierno, de Castro incursionó en las actividades empresariales. Se hizo asesor de Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio, y fue gerente del Banco Edwards hasta 1985 cuando dicha entidad fue vendida a Jacobo Ergas. No obstante, por más de diez años se mantuvo como director del banco y a comienzos de 1996 pasó a ser el presidente de la entidad, hasta mediados de 1999 cuando gestó el traspaso de sus acciones y las de la familia Edwards al grupo Luksic. A fines de la década de 1980 estuvo en el directorio de Soquimich y fue presidente de la metalúrgica Cintac que controlaba junto con Juan Carlos Latorre Díaz. Participó en la propiedad del consorcio Copesa, hasta 1999 presidía el Banco Transandino en Argentina y participaba en negocios en otros países latinoamericanos.

Carlos Cáceres Contreras

Ingeniero comercial, ministro de Hacienda durante un año desde febrero de 1983. Ministro del Interior desde noviembre de 1988 a marzo del 1990 (fue el encargado por Pinochet de negociar con la Concertación los términos a los que debía ajustarse la transición). Presidió el Instituto Libertad y Desarrollo y participó en la Fundación Pinochet. Fue presidente de la Compañía Chilena de Tabacos (de capital inglés) y participó en los directorios de grandes empresas como Almacenes París, Carozzi y varias más. Según la revista Qué Pasa, Cáceres tenía en 1997 un ingreso mensual superior a los 26 millones de pesos. Desde 1993 era presidente de Chilectra Metropolitana y tras la crisis de Enersis-Endesa ocupó la presidencia de Enersis en reemplazo de José Yuraszeck.

Bruno Philippi Yrarrázaval

Ingeniero civil, asesor de Büchi en el ministerio de Hacienda. Se le considera uno de los cerebros de las privatizaciones y de las medidas que apuntaron a la jibarización de la Universidad de Chile. Pionero de la privatización de la electricidad a partir de la planta Pilmaiquén. Presidió la Compañía Chilena de Generación Eléctrica (Chilgener).

Juan Hurtado Vicuña

Ingeniero civil, vinculado desde su juventud con Hernán Büchi, fue el encargado de hacer el perfil financiero de las empresas estatales para su posterior privatización. Perteneció a los directorios de Soquimich, Endesa, Chilectra, Chilmetro, Chilquinta, etc. A fines de la dictadura Hurtado se benefició con otra privatización poco conocida: un yacimiento de cobre de Enami, Pucobre en la III Región. Asimismo, Hurtado incursionó en las privatizaciones de las sanitarias (Aguas Quinta y Aguas Décima), tuvo una participación en Copec e intereses inmobiliarios, por ejemplo en el loteo Las Brisas de Santo Domingo. En 200 millones de dólares adquirió el control de Cruz Blanca Previsión y Seguros, holding contralor se llamó P&S que presidió Hernán Büchi. Junto a Banvida del grupo Fernández León adquirió el Consorcio Nacional de Seguros y crearon el Consorcio Financiero, cuyo gerente general fue Marcos Büchi.

Álvaro Saieh

Ingeniero comercial, integró los directorios de varias empresas del Estado. Entre 1982 y 1984 estuvo en la Empresa Nacional de Explosivos (Enaex) y luego pasó a las eléctricas. Hacia 1986 se le señalaba como miembro de los grupos Los Tucanes que diseñó las privatizaciones. Luego pasó al Banco Osorno cuando el grupo Abumohor-Kassis tomó el control, más tarde socio de Sergio de Castro y Juan Carlos Latorre en ese banco, la AFP Provida y Copesa. En 1999 traspasó Provida al banco Bilbao-Vizcaya que luego se fusionó con el Argentaria.

Ernesto Silva Bafalluy

Fue rector de la Universidad del Desarrollo en la que fue socio de Joaquín Lavín. Fue subdirector de Odeplan y de la Comisión Chilena del Cobre, desde donde intentó llevar a cabo un plan para privatizar Codelco. Luego se dedicó a la Enap, donde instauró la política de filiales y de indemnizaciones millonarias. Por su amistad con Sebastián Piñera fue gerente de Ladeco. Vinculado a la privatización De las eléctricas, fue gerente de Pehuenche y subgerente de Endesa. Hasta 1998 presidía la Inmobiliaria Manso de Velasco y la sociedad Túnel El Melón. Permaneció en Endesa como director de Enersis en representación de la AFP Cuprum del grupo Penta. Además de socio y rector de la Universidad del Desarrollo, fue presidente de la Compañía de Seguros Generales ISE Las Américas, propiedad del grupo Penta. Silva Bafalluy fue militante de la UDI y padrino de la menor de las hijas de Lavín, su socio en la universidad.

Sergio Melnick

En 1981 fue nombrado Director del Departamento de Economía de la Facultad, posteriormente en 1984 fue Decano de la misma facultad, y logró el rango de profesor titular de esa universidad en 1986.

Fue consultor de la CEPAL, y PNUMA (programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), entre 1974 y 1976. Fue Jefe del Departamento de Inversiones de Odeplan a inicios de la década de 1980, y posteriormente Ministro de Planificación entre 1987 y 1989, Trabajó como vicepresidente ejecutivo del Canal 11 de la Universidad de Chile (1983-1985).

Melnick apoyó la candidatura de Augusto Pinochet para el Plebiscito nacional de 1988, indicando que su péndulo dictaminaba que ganaría. Fue acusado por Francisco Javier Cuadra como el ideólogo de la derrota, como de intentar planear un cambio en la Constitución para que Pinochet desconociese los resultados y los comicios, para así continuar en el poder.

Ninguno de ellos colocó un cátodo de electricidad o introdujo ratones en los cuerpos de algunos de los miles de prisioneros torturados. Ni siquiera los golpearon. Todos y cada uno de ellos participó en un entramado político, jurídico y comunicacional que dio sustento a la dictadura, tal como lo consigna el informe sobre Prisión Política y Tortura. Estos hombres no vistieron uniforme, pero sí se pusieron la camiseta para avalar los horrores. Algunos, cínicamente, dicen que no sabían, que fueron engañados y que incluso ayudaron para que estos hechos no siguieran ocurriendo.