Autor: Jorge Molina Araneda
El Informe Rettig certificó en 307 los casos de menores de 20 años de edad que fueron ejecutados en dictadura. Las víctimas van desde niños de seis meses hasta la adolescencia, con 75 de ellos detenidos desaparecidos. Además, el Informe Valech sumó 102 casos en un anexo titulado Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión. A la vez, la Comisión Valech acreditó que 2.200 niños y niñas sufrieron prisión política o tortura durante la dictadura.
Durante la tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños jugaban en las cercanías de la instalación cercana a los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. Rodrigo Javier Palma Moraga (8), Jimmy Christie Bossy (9) y Nelson Patricio Díaz Gajardo jugaban hasta que el padre del último regresó del trabajo y se llevó al pequeño a su casa. Los otros dos niños se quedaron ahí y no regresaron nunca más a sus hogares.
Los vecinos se organizaron por parejas para buscarlos. Se vieron obligados a infringir el toque de queda que ese día por ser Navidad se alargó hasta las 21:00 horas.
Nelson Díaz, padre del niño Nelson Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados que disparaban sus metralletas habitualmente. A los pobladores les habían dicho que ahí “se podían producir atentados extremistas”. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 Arica de La Serena.
Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que revisaron el auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte, en “caso de moverse o alarma”. Permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango. Luego, un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a arresto domiciliario. Toda la población fue allanada por militares armados, quienes los interrogaron sobre “la desaparición de los menores” y “qué sabían de eso”. Los padres de los niños eran trasladados a menudo al regimiento para ser torturados.
En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con perros policiales.
“Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad”, señaló el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era “a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo”, y agregando que “esos proyectiles los usa solo el Ejército”. Sin embargo, el médico les señaló que “no podía certificar esa causa de muerte”. “Efectivamente el certificado señala ‘causa de muerte indeterminada’”, agregó Gutiérrez.
Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, por temor.
En 2010 se estableció un memorial para no olvidar el triste hecho ocurrido en plena noche buena.
En la querella interpuesta años más tarde se apuntó como inculpados a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento de Artillería Motorizado Nº 2 Arica de La Serena, y a su ayudante Juan Emilio Cheyre Espinoza y fue dirigida también en contra del dictador Augusto Pinochet. Asimismo, se acusa a Osvaldo Pincetti del secuestro de los padres de los niños y al oficial Carlos Verdugo Gómez, quien formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento Arica, por ser quienes habrían coordinado el traslado de los cuerpos a otros lugar.
En agosto de 1978, los cadáveres de ambos niños fueron entregados a sus familias en urnas selladas y con certificados de defunción que no especificaban sus causas de muerte. Una de las diligencias solicitadas por Gutiérrez fue la exhumación de los cuerpos, lo que fue ordenado por el juez Juan Guzmán. Sin embargo, la causa fue seguida por el ministro Jorge Zepeda, quien finalmente la sobreseyó argumentando que los niños habrían muerto al caer cerca de los estanques de bencina.
En su declaración al informe Valech en 2010, la madre de Jimmy Christie relató que el día 11 de enero “llegaron a mi casa los militares diciendo que el Comandante Ariosto Lapostol me necesitaba, al llegar allí al Regimiento me pidieron el carnet y me llevaron por un pasillo, me vendaron la vista, me colocaron en una camilla me amarraron y me empezaron a dar agua tibia azucarada con varias cápsulas y tabletas”. En total, fueron 12 pastillas que habrían sido suministradas por el doctor Díaz Pacci.
En este escenario, la mujer detalló cómo pretendieron llevarla a inculparse por la desaparición de los niños: “Tocaban una música muy suave, cada vez me preguntaban que dónde tenía los niños, fueron interminables las veces que me hicieron la misma pregunta, hacían girar la camilla, eso me produjo mareo, deseos de ir al baño, pero ellos seguían preguntando la misma pregunta, me dolía todo el cuerpo, lo único que deseaba es que esa interrogación terminará, pero nada pasó, a mi marido le decían que yo estaba con el Comandante Lapostol… cosa que no era así ya que estaba sometida diariamente a interrogaciones”.
En su declaración, María Bossy asegura que “nunca ha existido la voluntad de llegar a la verdad en este caso y que se hayan creado historias inverosímiles para justificar lo injustificable, posteriormente a esta exhumación, y a la investigación que se realizaba, el máximo tribunal determinó que el caso que seguía el Juez Juan Guzmán lo siquiera el Juez Jorge Zepeda quien nunca dilucidó absolutamente nada, quedando nuevamente este caso en la más completa inmunidad”.
Las familias de los niños demandaron al Estado chileno ante la Corte Internacional de La Haya, pero a pesar del dictamen favorable el caso sigue sin responsables. Desde entonces, luchan porque el caso tenga justicia y ambas víctimas sean reconocidas como tales por el Estado de Chile.
En 2021, la madre de Rodrigo Palma Moraga, Ana Rosa Eugenia Moraga, concedió una entrevista al diario El Día donde dio cuenta de parte de lo que le ha tocado vivir en todos estos años, después que el cuerpo de su hijo fuera encontrado sin vida enterrado en las cercanías de su hogar, en Guayacán, Coquimbo, cuatro años después de haber desaparecido mientras jugaba.
A ella no le cabe ninguna duda de que los militares asesinaron a los dos niños: Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy y también da cuenta de un misterio que no han podido resolver, como es la desaparición de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, a quienes nunca más han podido ubicar y que tendrían antecedentes claves del caso. Ella cree que los hicieron desaparecer.
“Hice todo lo que puede hacer una madre en busca de un hijo. Nosotros a los cuatro días de desaparecidos sabíamos con mi esposo lo que había pasado. Hay dos personas de Investigaciones (PDI), que nunca, nunca más pudimos volver a encontrar en 40 años. Nos ayudaron incluso a buscarlos otros detectives, no pudimos. Ellos fueron Beltrán y Díaz (no recuerda sus nombres). Ellos nos dijeron, ‘señora Eugenia, don Raúl, no hemos visto matrimonio como ustedes, con esa unión y cómo el tremendo dolor no los ha hecho distanciarse, al contrario, se han unido más’. Ellos nos dijeron (los policías), ‘a los niños de abajo les dispararon, de los estanques. Vieron que arriba había movimiento y les dispararon, cuando vieron que eran niños quizás qué hicieron, no los van a ver más’. Y a esos detectives no los vi nunca más. Los hemos buscado, los han buscado, me ayudó la misma PDI a buscarlos”, relató.
Ella reabrió la causa con una nueva querella el año 2001. Narra que desde que desaparecieron los menores “luché y seguí adelante, seguí, seguí”.
Pero reconoce que cuando se extraviaron los dos niños esa fatídica Navidad de 1973 fue terrible, no solo por lo tremendo de no saber dónde estaban, sino que por la crueldad de los militares que la torturaron a ella y a su marido para poder obtener algún tipo de información.
En relación a su matrimonio con Raúl Palma, ya fallecido, indicó que “fuimos muy unidos, estuvimos casados 58 años. Ni hablábamos, nos mirábamos y ya sabíamos lo que queríamos. Mezclamos mucho, lo amargo con lo dulce, eso nos permitió sobrevivir mucho tiempo”.
Recordó que uno de los momentos duros fue cuando fueron torturados por lo militares, para lo cual los trasladaron al regimiento de La Serena.
“Me llevaron a la cámara de tortura, a mi esposo (ese día) lo dejé con mi hija de seis años y le dije usted no suelte a su papá, a su mamá no le va a pasar nada. ¡Ay, Señor!, no te imaginas. A él también lo torturaron, lo quemaron entero, lo drogaron, le dio un ataque al corazón. Todo para ver si sabíamos algo y no hallaron nada mejor que decirme después, ‘ve ahora usted está segura que tiene un marido limpio’. Después fueron a pedirme perdón a la casa porque se habían equivocado».
Huelgan los comentarios.
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