El vicealmirante en retiro de la Armada, Ramiro Navajas, quien afirmara en 2021 que los violadores de Derechos Humanos de la Marina recluidos en el penal de Punta Peuco «habían cumplido con su deber», reapareció en la escena pública, esta vez como asesor del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Recordemos que, en 2021, entre la masiva filtración de cerca de 400.000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) producto de un ciberataque realizado por el grupo Guacamaya, apareció uno de Navajas, donde llamaba a sumarse una colecta monetaria para ir en ayuda de un grupo de represores de la Marina encarcelados por diversos crímenes durante la Dictadura.
El mensaje, enviado el 27 de agosto de 2021, fue remitido a todo el Alto Mando de la Armada de Chile, incluyendo al almirante Juan De La Maza Larraín, quien había asumido el cargo de Comandante en Jefe de la institución el 18 de junio de ese año (y que mantiene hasta la actualidad).
«Estimados señores almirantes y comodoros del Alto Mando Naval, por intermedio de la presente, informo a ustedes que actualmente hay nueve personas en condición de retiro de la Armada privados de libertad condenados por haber participado en presuntos hechos que los relacionan a delitos que habrían afectado a los derechos humanos de civiles dentro del periodo del Gobierno Militar», se lee en el correo enviado por Navajas.
Seguidamente, el vicealmirante detalla las identidades de los destinatarios de la colecta -que se realizaría por un descuento en la planilla de sueldo-, y afirma que la iniciativa refuerza «con mayores bríos nuestro compromiso irrestricto con aquellos antiguos marinos que cumplieron cabalmente con su deber» (lee el mail completo aquí).
Por todo lo anterior, la reaparición del vicealmirante (r) Ramiro Navajas como asesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha causado molestia y desazón entre personas y organizaciones de Derechos Humanos de la Región de Valparaíso.
¿Quiénes fueron los que «cumplieron con su deber»?
Los destinatarios de la colecta organizada por Ramiro Navajas en la Armada están condenados por múltiples homicidios y secuestros calificados durante la Dictadura.
El detalle de los nombres y sus crímenes fue entregado por el diario electrónico El Mostrador.
La Justicia determinó, por ejemplo, que el capitán de Corbeta Víctor Donoso Barrera participó del delito de secuestro calificado de Rudy Cárcamo Ruiz, por el cual se encuentra condenado a 5 años y 1 día; el suboficial Bernardo Daza Navarro, en tanto, se encuentra sentenciado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz, y cumple una pena de 10 años y 1 día; en el caso del suboficial Juan Heraldo Maldonado Sanhueza, también fue condenado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz a 10 años y 1 día; y el suboficial José Manuel García Reyes, condenado por secuestro calificado a 5 años y 1 día.
Asimismo, figuran el contraalmirante Aníbal Osses Novoa, condenado a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Fernando de la Cruz Olivares Mori; el teniente primero Sergio Rivera Bozzo, condenado por el homicidio de José Matías Ñanco y por giro doloso de cheques, a más de 13 años; además de los capitanes de navío José Raúl Cáceres González y Hugo González D’Arcangeli, ambos condenados por el secuestro calificado en el caso Rudy Cárcamo, a 5 años y un día, respectivamente.
Por esos días, una vez conocido el correo de Navajas, el abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, dijo a El Mostrador que si bien existían antecedentes de que las Fuerzas Armadas hacían descuentos por planilla para «ayudar» a los reos de Punta Peuco, lo lamentable era que en el correo «se hable de militares que cumplieron con su deber, ya que estos son criminales que violaron los Derechos Humanos durante la Dictadura en Chile».
«Son criminales de lesa humanidad, condenados por tribunales chilenos . No se trata de que hayan cumplido con su deber», declaró Caucoto, agregando que a su juicio, la Armada «tendría que dar una explicación».
Ahora, dos años después, las explicaciones las tendría que dar la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por tener entre sus asesores a un apologista y reivindicador de crímenes de lesa humanidad, probadamente juzgados por la justicia chilena.
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