POR MARÍA PAZ CASTILLO
Durante la mañana del 28 de noviembre, y en el Salón Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile, se llevó a cabo el lanzamiento del 4to Monitoreo de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La presentación fue liderada por Michelle Bachelet Jeria, Lidia Casas Becerra, académica y directora del Centro de Derechos Humanos UDP y Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública.
En la cuarta entrega de este estudio, realizado por Aprofa, Fundación Derecho a Decidir y la Mesa Acción por el Aborto en Chile, se presentan los factores que han facilitado o dificultado la aplicación e implementación de la Ley 21.030 que permite la interrupción voluntaria del aborto en tres causales, más conocida como Ley IVE. Estas causas son la inviabilidad del feto, el riesgo de vida de la madre y cuando el embarazo es producto de una violación.
Según lo relatado por las presentadoras, ya se habían identificado en las entregas anteriores distintas barreras sobre la aplicación de la ley. Ahora la muestra consideró tres regiones del país, a través de encuestas en las regiones Metropolitana, Maule y Coquimbo. Cabe destacar que entre los años 2017 y 2022, 3.520 personas han accedido al sistema a realizar estos procedimientos, mientras se estima que en el país se producirían entre 60.000 y 300.000 al año.
En el evento se enfatizó en la preocupación transversal por el plebiscito de diciembre próximo, ya que, pondría en riesgo los derechos que han sido perseguidos tras décadas de luchas. Organizaciones de la sociedad civil, la academia, como de la voluntad política, han destacado las acciones tanto de Michelle Bachelet como de la actual senadora y ex ministra Claudia Pascual (DC).
El Estudio
El estudio, abrió diversos flancos y puso de manera principal, tres problemas por los que se dificulta el acceso a la ley IVE: La desinformación, la penalización social y la objeción de conciencia.
En su intervención, Bachelet afirmó que “no podemos volver atrás”, en relación al retroceso en los derechos de las mujeres y personas gestantes.
Sin embargo, reconocen que uno de los principales problemas para que esta sea llevada a cabo no es sólo la desinformación de las usuarias sino también la información de las prácticas por parte de los profesionales de la salud. De esta manera, una de las barreras más allá del tema legal es la falta de información adecuada y digerible -al igual que en el proceso constitucional-.
Además, hace un par de semanas, la exmandataria fue enfática en mostrar su apoyo por la opción “En Contra”.
NOTA DE EDITOR: Este artículo corresponde al examen de «Técnicas de Reporteo», de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.