Uno más a la lista: Exalcalde de Sagrada Familia (UDI) enfrentará juicio oral por fraude al Fisco

Durante la mañana de este viernes 1 de diciembre y en el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Curicó, el exalcalde de la comuna de Sagrada Familia -región del Maule-, Martín Arriagada (UDI), y la funcionaria Isabel Vásquez, enfrentarán el inicio del juicio oral en su contra por el delito de fraude al Fisco, y el que tiene al Consejo de Defensa del Estado como parte querellante.

Pero, ¿cómo inicia este caso?

Durante los años 2014 y 2015, y previamente concertados para su ejecución, Martín Arriagada, exalcalde de Sagrada Familia Roberto Oyarzún, director de Tránsito de la época; y los funcionarios municipales
encargados de la venta de permisos de circulación de la referida comuna, Felipe Paredes, Julio Hormazábal, Sonia Cuevas, Fabián Riquelme y Leticia Saavedra, vendieron 1.215 permisos de circulación de vehículos motorizados, durante dicho período, sin haber exigido previamente el pago de las numerosas multas de tránsito que cada uno de ellos presentaba, y que en su conjunto comprendían la suma de 16.820 multas pendientes de pago, por un monto de $786.361.011, provocando un fraude a la entidad comunal.

«Esta operación fraudulenta fue conocida y autorizada previamente por el alcalde Martín Arriagada, quien actuando en concierto, entre otros, con el querellado Raúl Betancour, permitió que este último proveyera de una gran cantidad de permisos de circulación para efectos de proceder a su renovación en la comuna de Sagrada Familia, permisos entre los cuales figuraban aquellos que presentaban multas de tránsito impagas, y que a pesar de ser sabedor de dicha circunstancia, el alcalde Arriagada igualmente autorizó que fueran renovados sin exigir previamente el pago de las referidas multas, bajo el pretexto de incrementar de esta manera la cantidad de permisos de circulación renovados en la comuna, y por ende, los ingresos de la misma», se lee en la querella criminal interpuesta contra el exedil.

En la acción judicial también se expone que Arriagada no solo autorizó la venta de permisos de circulación sin exigir el pago de las numerosas multas, sino que también para su provecho personal, ya que, el vehículo de su madre fue vendido a un tercero, con su permiso renovado a pesar de presentar ocho multas impagas por la suma de $366.144.

Debido a lo anterior, el Ministerio Público pedirá una condena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado máximo, las penas de «multa de la mitad al tanto del perjuicio causado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio».