Por unanimidad el pasado 28 de noviembre fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados la conformación de una Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes que expliquen el origen del brote de la bacteria Burkholderia cepacia en el país.
Junto con ello, se espera conocer las decisiones que las autoridades involucradas tomaron, tras haber sido detectada su presencia en los insumos médicos provenientes de los laboratorios Sanderson y Difem, que cubren el 70% de los productos inyectables que abastecen el sistema público de salud.
La diputada Ana María Gazmuri, impulsora de la iniciativa, explicó que “se busca conocer la revisión de los protocolos que tienen los distintos organismos públicos en relación al cumplimiento de las alertas sanitarias y la forma de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos sujetos a control sanitario”.
La parlamentaria, que preside la comisión de Salud en la Cámara, agregó que “esperamos conocer antecedentes que den cuenta de afectación de la población, en particular aquellos casos con resultado de muerte. Esta decisión fue tomada en base a los antecedentes públicamente conocidos, incluyendo las denuncias de funcionarios, y también para esclarecer las versiones contradictorias entre sí de los organismos involucrados.”
“Tenemos la responsabilidad de hacer efectiva una investigación que ayude a entender por qué se produjo un brote bacteriano en el país, el que tuvo consecuencias letales para decenas de personas. Esta es mi principal preocupación, la situación vivida por los pacientes y sus familias”, concluyó Gazmuri.
Cabe recordar que hasta el 20 de noviembre de 2023, según el Ministerio de Salud, durante la investigación del brote se han registrado 21 decesos en donde se ha establecido que la infección sí pudo influir o causar el fallecimiento. Por otra parte, funcionarios del Instituto de Salud Pública denuncian que existen al menos 45 decesos a nivel nacional, producto de la infección.