La diputada Camila Rojas (Comunes) manifestó su preocupación por la realidad de precariedad que presenta una gran cantidad de personas mayores en la provincia de San Antonio. Por ello, anunció que buscará avanzar en la legislación para mejorar sus condiciones de vida.
“Desde hace una semana que asumí en la Comisión de Personas Mayores y estoy muy enfocada en lograr avances para la aprobación de la Ley Integral que está impulsando el Gobierno para este sector de la población, que apunta hacia el envejecimiento digno”, explicó la legisladora del Frente Amplio.
De acuerdo a la diputada, “en la Región de Valparaíso, la esperanza de vida en entre el 2000 y el 2005 era hasta los 77 años, ahora desde el 2020 hasta el 2025 será de 81 años. Es algo especialmente preocupante si consideramos que la provincia de San Antonio tiene el mayor porcentaje de personas mayores de la región con un 24%, y que las jubilaciones y pensiones de ellos son en promedio de 260 mil pesos”.
En ese sentido, la parlamentaria planteó que los estudios que maneja el Senama señalan que en la provincia de San Antonio, la población de personas mayores supera los 46 mil, y la mayor cantidad se concentra en El Tabo con un 30% de sus habitantes, en El Quisco con 29%, Algarrobo con un 28% y Cartagena con un 25%.
Otro factor relevante que menciona la diputada Rojas “es el alto nivel de empobrecimiento de las personas mayores de la provincia, que indica que un 57% del total de esta población se encuentran estratificados bajo el 40% de vulnerabilidad social, según el Registro Social de Hogares”.
Proyecto de ley
En este contexto, el proyecto de ley impulsado por el Gobierno, y que está promoviendo la diputada Camila Rojas, se denomina “Ley Integral de las Personas Mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable”.
“Este proyecto no solo mejora el bienestar individual de la población envejecida, sino que también contribuye al fortalecimiento de una sociedad inclusiva y respetuosa con la diversidad de edades, además de abordar esta temática de forma descentralizada a través de las direcciones regionales. Esto representa un avance importante en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas mayores”, puntualizó la legisladora.
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