El Comando Unificado de Patricia Bullrich
Imagen portada: represión en Argentina (Correpi)
El gobierno de Milei dio el vamos a la Resolución 947/2023, publicada en el Boletín Oficial el 21/12/2023, encabezado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien concretó un nuevo avance represivo contra las movilizaciones, que se suma y potencia aún más el Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en contexto de protesta o conflicto social (Res. 943/2023), según han denunciado organismos de derechos humanos y de trabajadores.
La nueva disposición establece la intervención conjunta de las fuerzas federales junto a las provinciales y de la Ciudad bajo el mando único de la Policía Federal y convoca a los gobiernos locales a integrar sus fuerzas al nuevo esquema de represión masiva, sin embargo, esta resolución no es nueva y tampoco es indiferente a Chile.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina (Correpi), ha señalado que El mecanismo de “comando unificado” o “comando conjunto” no es estrictamente una novedad, “pero esta vez se lo impone como instancia permanente a nivel nacional, con la pretensión de incorporar la totalidad del aparato represivo de todo el país bajo la conducción directa del gobierno nacional y el claro objetivo de frenar las protestas masivas frente al brutal ajuste en marcha”.
Agrega Correpi: “Para frenar las protestas contra las medidas antipopulares del presidente Milei que se reproducen a diario en todo el país, la ministra Bullrich creó, como organismo permanente, el Comando Unificado Urbano, dirigido al “despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano”. Está integrado por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del ministerio de seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía De Seguridad Aeroportuaria; por los representantes de los cuerpos policiales de CABA y de las provincias que adhieran a la iniciativa”.
En el marco de la represión que ha levantado el gobierno argentino, la Confederación Mapuche de Neuquén ha señalado: “El pueblo nación mapuche se asume bajo estado de amenaza ante una presidencia que promueve odio racial y que busca privarnos de derechos que han sido ganados a costa de vidas que han quedado en las rutas o en los territorios. Por lo tanto son derechos que nadie nos regaló y que no vamos a regalarle a ningún gobierno por más protocolos represivos que muestren como la representada por la criminal Bullrich. No hay ningún gobierno que haya logrado imponer una política a palos porque ningún pueblo deja hijos librados a la represión y a la muerte”.
El historial del Comando Unificado y las operaciones “anti mapuche” de Chile y Argentina
El gobierno de Mauricio Macri, el 2017, también con Bullrich como ministra de Seguidad, dio un paso hacia el establecimiento de un estado de excepción en la Argentina, con el lanzamiento de un “comando unificado” con provincias patagónicas para tratar la supuesta “lucha insurreccional” en el sur del país.
Para justificar la mega intervención represiva, presentó un informe sobre la Resistencia Ancestral Mapuche. “El extenso informe –pésimamente escrito— no ahorra en inexactitudes, datos incomprobables y prejuicios. Pero, sobre todo, insiste casi metódicamente en vincular premisas desconectadas y falaces para arribar a conclusiones frágiles desde la lógica formal, inconcebibles desde la ética y violentas desde el prejuicio”, cometaba en su momento, Francisco Godinez Galay del Centro de Producciones Radiofónicas, CEPPAS, quien además denunció el hostigamiento a medios alternativos en el citado escrito.
Sin embargo, las acciones represivas anti mapuche, estaban destinadas a dar paso a numerosos proyectos extractivistas en el territorio ancestral Mapuche, relacionados a empresas y transnacionales, con una serie de operaciones basadas en montajes y persecuciones contra numerosas personas que asumían las resistencias como también, la recuperación de derechos colectivos, incluyendo territoriales.
“Denunciamos que este encadenamiento neoliberal extractivista y transfronterizo, se vincula directamente a corredores bioceánicos como parte del eje “sur” donde los estados aumentan la función subsidiaria a favor de grupos económicos por medio de construcciones viales, infraestructura, telecomunicación, puertos, desde las arcas fiscales, para facilitar el saqueo de los territorios y la extracción y traslado de materias primas, cuyos propósitos van acompañados de políticas represivas bi estatales contra toda disidencia y oposición, tendiente a abrirle camino a los intereses de los sectores más violentos, depredadores y corruptos, cuyos planes toman distintas aristas y que en Argentina uno de ellos se llama “Comando Unificado” y en el caso de Chile uno de ellos se denomina “Unidad Anti Terrorista”. Frente a esta realidad, llamamos con más fuerza en todo el Wallmapu – Patagonia a la unidad de las organizaciones defensoras de los territorios para hacerle frente a esta inmoral embestida y que progresivamente irá cayendo”, denunciaban una serie de organizaciones y comunidades del Wallmapu y la Patagonia en 2017.
Durante el 2017, en Puelmapu, Argentina, se llevó cabo durante las operaciones del Comando Unificado, una veintena de represiones sobre las comunidades mapuches de Río Negro, Neuquén y Chubut. Los casos más graves fue la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel.
Sin embargo, los hechos no solamente se circunscribían a Argentina, también tenían su conexión con Chile. El 2017, luego que en Chile unidades de inteligencia de Carabineros, como la Dipolcar y la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE), levantaban el fallido plan montaje “Operación Huracán”, en Argentina, avanzaba el Comando Unificado”, ambos, bajo la “justificación” de un enemigo interno.
La “Operación Huracán” que además de las unidades de inteligencia, involucró a ciertos sectores políticos y ciertos operadores de justicia en el 2017, generó una amplia red de ilícitos, con cifras que van desde cientos a miles de teléfonos intervenidos, chat de watsap falsos, atentados montajes, aplicación de ley anti terrorista y seguidilla de criminalización a numerosas personas mapuche, todo, en el marco de reivindicaciones de comunidades, principalmente sobre tierras ancestrales que involucra intereses de las empresas forestales y ciertos latifundistas de origen colonial.
Sin embargo, la Operación Huracán no era aislada, era la antesala a la Operación Andes que intentaba llevarlo a un escenario internacional y transfronterizo (Chile – Argentina) el 2017.
Según investigación y publicación de Ciper Chile, las supuestas dos creaciones del “profesor” Álex Smith (Antorcha y Tubicación), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía preparaba el escenario para la “Operación Andes”, en la que aparecía un “tráfico de armas” desde Argentina hacia comunidades en Chile, pero todo se vino abajo con el desmoronamiento de la operación Huracán que daba cuenta que todo fue una invención.
Las operaciones se cayeron y hubo una serie de acusaciones cruzadas que incluyeron intentos de manipulación de evidencia y montajes entre agentes de inteligencia de Carabineros y fiscales, hechos que hoy se sigue ventilando en un juicio y que involucra la acusación contra numerosos ex agentes de carabineros.